La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, mediante disposición 70/2023, publicada en el boletín oficial en el día de la fecha, establece un criterio interpretativo respecto de la competencia de las autoridades de aplicación de la legislación de defensa del consumidor para las actuaciones, originadas en hechos en cualquier punto del país, que tramiten ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo y donde se encuentre involucrado el Banco de la Nación Argentina.

¿Qué se determina en la opinión consultiva?

La misma establece que “cuando exista una relación de consumo entre personas consumidoras o usuarias y el Banco de La Nación Argentina, las autoridades de aplicación de la legislación de defensa del consumidor en el orden nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentran legalmente facultadas para ejercer las funciones de control, vigilancia y juzgamiento de infracciones reconocidas por el artículo 41 de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, de conformidad con lo establecido en las normas de actuación y de procedimiento que rijan en sus respectivos ámbitos de actuación. Idéntico criterio corresponde adoptar cuando se trate de relaciones de consumo en las que intervengan como proveedores el propio estado nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o cualquiera de sus empresas, entes, u organismos desconcentrados o descentralizados.”

Fundamentos

Desde el punto de vista de la “justicia material” del caso, se manifiesta que “eximir al Banco de la Nación Argentina del sometimiento al control de las autoridades locales - provinciales o municipales - de protección de consumidores y usuarios, implicaría colocar a esa entidad en una posición de privilegio respecto del resto de los proveedores de servicios bancarios y financieros que sí se encuentran sujetos a las potestades de verificación y control de aquellos organismos en todo el territorio nacional. Tal escenario atentaría contra la garantía constitucional de igualdad ante la ley (art. 16 de la Const. Nac.) y violaría elementales reglas de competencia, colocando al Banco de la Nación Argentina en un sitial de privilegio en relación al resto de los proveedores del sector que no posee recepción normativa”.

También te puede interesar:

- Aplicación del principio in dubio pro consumidor

El Banco de la Nación ¿se encuentra sujeto a la verificación y control de la ley consumeril?