La sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el rechazo de un pedido de nulidad planteado por dos imputados, quienes habían cuestionado la validez del acto mediante el cual aportaron las contraseñas de sus teléfonos celulares durante un allanamiento.

El tribunal entendió que la divulgación de las claves se realizó en forma voluntaria y que no se vulneró la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación forzada.

Los detalles del caso

La causa “Carrizo, A. S. y otro s/nulidad” se originó tras un allanamiento simultáneo realizado en mayo de 2025 en domicilios vinculados a los imputados, quienes eran investigados por presunto tráfico ilegal de armas y municiones.

Según la acusación fiscal, existían indicios de que ellos mantenían contactos a través de redes sociales y plataformas digitales para comercializar armamento en forma clandestina.

Durante los procedimientos, se secuestraron teléfonos celulares, armas y otros elementos de interés para la causa. Fue en ese marco que los imputados proporcionaron las contraseñas de sus equipos móviles.

La defensa sostuvo que los acusados no prestaron un consentimiento válido ni libre al momento de entregar las contraseñas, ya que los allanamientos se realizaron de madrugada y en contextos que, a su criterio, afectaron la capacidad de decisión.

También alegó que los imputados no fueron advertidos de que podían negarse a brindar esa información, lo que -según su planteo- configuraba una violación al derecho de defensa y a la no autoincriminación.

El Ministerio Público Fiscal respondió que los acusados fueron informados de sus derechos, incluyendo la posibilidad de designar defensa técnica, y que las claves fueron entregadas sin objeciones ni constancia de presión alguna.

Además, señaló que la policía cuenta con herramientas tecnológicas que hubieran permitido acceder al contenido de los dispositivos sin necesidad de recurrir a los acusados, lo que configuraba una vía investigativa independiente.

Por ejemplo, destacó que el patrón de desbloqueo de uno de los celulares coincidía con la fecha de nacimiento de uno de los imputados, lo que habría permitido acceder a la información aun sin colaboración directa.

El juez de grado rechazó el planteo de nulidad al sostener que el aporte de las contraseñas se produjo en un marco de legalidad procesal ya que la orden de allanamiento contemplaba expresamente la notificación a los imputados sobre sus derechos y la posibilidad de designar asistencia técnica, circunstancia que aseguraba el pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio.

De esta manera, entendió que no existía vicio alguno que afectara el acto, ya que las actas asentaban que la entrega de las claves fue voluntaria y sin objeciones, por lo que descartó que pudiera configurarse la prohibición de la autoincriminación forzada.

La defensa apeló.

El eje de la discusión giró en torno a si el suministro de las contraseñas constituía un acto voluntario o si había sido obtenido bajo coacción, lo que lo tornaría inválido.

Al resolver, la sala V tuvo votos divididos.

La postura mayoritaria de la Cámara

Los camaristas Rodolfo Pociello Argerich y Hernán Martín López consideraron que la entrega de las contraseñas no constituyó un acto de coacción ni un modo de obligar a los imputados a declarar contra sí mismos, ya que las actas del procedimiento dejaron asentado que dicha información fue entregada espontáneamente. A ello se sumó la valoración de los testigos de actuación, quienes no observaron presiones ni manifestaciones de disconformidad en el momento del registro.

En esa línea, destacaron que la prohibición de autoincriminación (artículo 18 de la Constitución Nacional y tratados internacionales) se aplica frente a declaraciones forzadas, pero no alcanza a evidencias materiales entregadas por voluntad del imputado.

Recordaron, además, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que no es necesario informar expresamente al imputado que puede negarse a colaborar, siempre que se garantice la posibilidad de hacerlo.

Añadieron que, según la doctrina del máximo tribunal del país, el derecho a no declarar contra sí mismo impide el uso de cualquier forma de coacción para obtener manifestaciones, pero no alcanza a la evidencia de índole material proporcionada por la libre voluntad del imputado.

Por último, destacaron que la División de Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad dio cuenta de la disponibilidad de sistemas forenses avanzados capaces de extraer información aun de teléfonos bloqueados o cifrados. Este aspecto reforzaba la validez del procedimiento y debilitaba el argumento defensivo de que la investigación se sustentaba exclusivamente en el aporte de las contraseñas.

De esta manera, la Cámara confirmó el auto impugnado y rechazó la nulidad solicitada por la defensa, manteniendo la validez del aporte de las claves de acceso de los celulares y de la prueba obtenida a partir de ellas.

La postura minoritaria

En disidencia, el juez Ricardo Matías Pinto sostuvo que la orden judicial excedió lo permitido por el Código Procesal Penal al autorizar a la policía a requerir a los imputados las claves de desbloqueo.

Desde su punto de vista, se configuraba una intromisión en la esfera de privacidad y una vulneración de la prohibición de autoincriminación forzada. Señaló, además, que el contexto de los allanamientos generó una situación de presión implícita que impedía considerar la entrega de las contraseñas como un acto verdaderamente libre.

Además, enfatizó que corresponde al Estado asumir la carga de la prueba, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles sin exigir colaboración directa de los imputados, por lo que el aporte de las claves debió ser declarado nulo, junto con el acceso y el registro del contenido de los teléfonos celulares.

Por otro lado, advirtió que la magnitud de la información almacenada en los celulares exige un nivel de protección reforzado, ya que su contenido puede ser incluso más sensible que el de un allanamiento domiciliario. Desde esta perspectiva, el simple hecho de “invitar” a los imputados a entregar sus claves constituía un acto coactivo incompatible con las garantías procesales.

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