I - INTRODUCCIÓN

Si bien una ejecución de sentencia es una etapa eventual en todo proceso judicial, en materia de reajuste de haberes se ha vuelto totalmente necesaria por cuanto distintos operadores difieren inconstitucionalidades para este momento y, muchas veces, no necesariamente se tiene que postergar su resolución.

Máxime que los actores pertenecen a un grupo vulnerable con mayor protección constitucional y convencionalmente, y el deudor es el Estado garante.

Por otro lado esta publicación está fundada sobre dos pilares 1. como un aporte para aclarar las cuestiones que necesariamente se tienen que volcar en la ejecución; y 2. otro sobre cuestiones contingentes aportando elementos para que la ejecución sea lo más autosuficiente posible y facilitar el trabajo de los jueces.

Por último es de resaltar que no se da la misma situación en las distintas jurisdicciones federales con asiento en las provincias y en el fuero específico de seguridad social. A su vez, estos aportes obviamente no son taxativos.

II - CUESTIONES A CONSIDERAR PREVIAS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN

a) El plazo para iniciar

Lo primero a evaluar es el plazo dentro del cual se debe iniciar la ejecución de sentencia. El plazo se inicia a los 120 días hábiles de firme, de conformidad al artículo 22 de ley 24463, que dice: “Las sentencias condenatorias contra la Administración Nacional de la Seguridad Social serán cumplidas dentro del plazo de ciento veinte (120) días hábiles, contado a partir de la recepción efectiva del expediente administrativo correspondiente”.

La ley no aclara si los días son hábiles administrativos o judiciales. En mi interpretación deben ser administrativos por cuanto: a) la destinataria de la obligación es la Administración -de lo contrario esta se beneficiaría sin sentido, por ej., del lapso de feria judicial cuando ella sigue en funciones-; b) la interpretación (frente a esta omisión) debe ser proadministrado, máxime que los beneficiarios pertenecen a un grupo hipervulnerable.

A su vez, en la actualidad, con las actuaciones administrativas digitalizadas, no es necesario esperar a que la ANSeS “recepcione” el expediente. Sin embargo, en algunos juzgados consideran que el plazo debe iniciarse con el proveído que “declara firme” la sentencia. Pero creo que es un error, por cuanto la “firmeza de la sentencia” se verifica per se por el transcurso del tiempo sin haberse recurrido.(3)

Por el otro lado, respecto al “hasta” cuándo es el plazo, se aplica el principio general de la prescripción, es decir, 5 años a contar desde el día 121 (conf. arts. 2554 y 2560, CCyCo.).

Pero en este sentido es útil resaltar que se puede dar la interrupción de la prescripción (art. 2545, CCyCo.) que se materializa con el “…reconocimiento que el deudor… efectúa del derecho”(4). En este caso el plazo se vuelve a reiniciar. De más está decir que cualquier acto impulsorio tendiente al cobro de la deuda también es interruptivo.

También se debe considerar la “novación” (art. 933 y concs. CCyCo.) como ocurrió en nuestra materia en virtud de la consolidación de deudas para abonarse con bonos previsionales.(5)

No obstante lo expuesto respecto a la defensa por prescripción en sentencias previsionales y su uso por parte del Estado, es cuanto menos inmoral -aunque estoy convencido de ser inconstitucional e inconvencional- en razón de que es el mismo Estado el que asumió el rol de garante del debido cumplimiento de los derechos emergentes de la seguridad social, por lo que mal podría ampararse en este instituto para incumplir su obligación legal y reconocida judicialmente.

b) Lectura minuciosa de la sentencia

Otra cuestión central es la de realizar un lectura minuciosa, detenida y consciente de la sentencia o del plexo de sentencias. Esto en virtud de que en la actualidad estas resoluciones se han vuelto complejas de interpretación, por lo que es fundamental analizar qué temas quedaron firmes y unívocos, cuáles fueron diferidos para la ejecución y así evitar reeditar cuestiones que ya estén definidas.

Ejemplos que suelen darse son los referidos al índice para actualizar la Prestación Básica Universal (PBU), forma de determinar su confiscatoriedad en la falta de actualización o las relativas a los distintos topes.

Esto permitirá: 1. realizar una liquidación ajustada a sentencia e introducir y/o verificar las inconstitucionalidades diferidas, y 2. expresar en la ejecución una breve síntesis de lo que se ejecuta -fundamentalmente respecto a los temas diferidos- en coherencia con el cálculo que se hizo.

Este artículo forma parte de la publicación 'Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social', exclusivo para suscriptores de Erreius.

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Ejecución de la sentencia de reajuste de haberes