El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) aprobó la Acordada Nº 11/2026, una norma clave que introduce formularios y modelos obligatorios para la interposición del Recurso de Inconstitucionalidad y del Recurso de Queja por su denegación, previstos en la Ley Nº 402. La medida apunta a ordenar, acelerar y sistematizar la tramitación de causas ante el máximo tribunal porteño.

Contexto de la medida

Según explica el TSJ en los fundamentos de la norma, durante el año 2025 se registró un incremento exponencial de causas, influido tanto por la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en el precedente “Levinas” como por la reciente sanción de la Ley Nº 27.802 de Modernización Laboral.

Ante este escenario, el Tribunal apunta a mejorar la eficiencia administrativa y brindar mayor previsibilidad a litigantes y profesionales.

Formularios y modelos aprobados

La acordada admite dos formularios que contienen los datos más relevantes para la presentación de recursos ante el Tribunal Superior de Justicia, en forma clara y precisa. Una vez completados, deben ser adjuntados al escrito correspondiente.

Los mismos son los siguientes:

Modelo para la interposición del Recurso de Inconstitucionalidad
Modelo para la interposición del Recurso de Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad

La estandarización de presentaciones busca reducir errores formales, acelerar el control de admisibilidad y garantizar una mayor claridad argumental en los planteos constitucionales.

Implementación gradual

El TSJ establece un plazo de adaptación de 6 meses desde su entrada en vigor. Durante ese período, los formularios tendrán carácter orientativo.

Finalizado dicho plazo, su utilización será obligatoria para la admisibilidad de los recursos.

Delegación de funciones y modernización

Otro aspecto relevante de la norma, en lo que respecta al trámite interno de los expedientes, es la delegación del trámite ordinario de los expedientes en las Secretarías Judiciales, hasta el llamado de autos al acuerdo, que queda reservado al juez de trámite.

Esta decisión se enmarca en un proceso más amplio de modernización judicial, que prevé incluso la aplicación progresiva de inteligencia artificial en etapas iniciales del proceso.

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