El dictamen del proyecto de ley de 'Inocencia Fiscal II', que ingresó a la Cámara de Diputados, reconfiguró los tiempos de la agenda tributaria. Con el debate en el recinto programado para la última semana de agosto, los profesionales del sector darían por descontada una reprogramación en el cronograma formal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2025.

Al haber vencido el pago del saldo en julio, trasladar el plazo de la presentación informativa de finales de agosto hacia el cierre de septiembre resulta indispensable para que los contribuyentes sepan con certeza bajo qué reglas liquida el Régimen Simplificado antes de formalizar sus DDJJ.

Las implicancias de este escenario parlamentario y la letra chica del proyecto fueron analizadas en la charla 'Proyecto de reforma a la Ley de Inocencia Fiscal', emitido el pasado viernes 14 de agosto por Errepar Play con un mano a mano técnico entre la Directora Técnica de Erreprar Claudia Cerchiara y César Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin & Asociados).

Inversión de la carga de la prueba y límites al poder del fisco

Durante el análisis, los especialistas destacaron que la norma no busca ser un mero parche recaudatorio, sino una redefinición de las reglas de juego entre la administración tributaria y los contribuyentes.

'En las décadas que llevo de ejercicio profesional, cada vez que teníamos que leer una reforma tributaria, o esa reforma estaba orientada a generar más presión fiscal o se le estaba dando más poder al fisco. Eso repercutía en que se iban pulverizando ciertos derechos de los contribuyentes', advirtió Litvin durante la charla. Y remarcó el giro conceptual del proyecto: 'Esta ley vuelve a colocar a la relación jurídica tributaria en una relación de derecho y no de poder.'

Uno de los aspectos más celebrados durante el diálogo con Cerchiara fue la limitación al uso discrecional de denuncias penales por disputas de interpretación técnica:

'El funcionario público, para no tener responsabilidad, hacía la denuncia penal siempre que superaba los montos. Ahora, en los aspectos técnicos, la ley le ordena al fisco que no debe hacer denuncia penal. Además, la mochila de la carga probatoria de una discrepancia significativa la pasa a tener el fisco: el contribuyente vuelve a tener el derecho de declararse inocente hasta que se pruebe lo contrario'.

Régimen Simplificado, tapón fiscal y fondos no declarados

Al abordar la operatividad del Régimen Simplificado y los temores habituales frente a posibles cambios de ciclo político o revisiones del organismo recaudador, el especialista fue enfático respecto al alcance de las garantías legales y la eliminación de trabas en la versión 'Inocencia Fiscal II':

'Con la declaración jurada simplificada ya no se comparten movimientos patrimoniales ni consumos; se le quita mucha información al organismo fiscal. Presentando bien el pago y la declaración jurada de 2025 en adelante, se genera un efecto liberatorio y el bloqueo fiscal hacia los años anteriores no prescriptos.'

Frente a las consultas planteadas por Cerchiara sobre el impacto del régimen en la exteriorización de fondos, el tributarista precisó las mejoras introducidas en el nuevo texto legislativo:

'Inocencia II eliminó los topes de ingresos para que todos puedan ingresar al régimen, elevó los montos para considerar una discrepancia significativa y garantizó que, si se determina una diferencia de oficio, el contribuyente pueda pagar sin perder los beneficios. Tampoco habrá contingencias en Bienes Personales hacia atrás para quienes usen los dólares del colchón, cuyo plazo de exteriorización se fijó hasta el 31 de diciembre de 2027.'

El respaldo clave de la Dirección Nacional de Impuestos al esquema en dos etapas

En sintonía con la necesidad de certidumbre resaltada por Litvin y Cerchiara, un reciente dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos (DNI) despejó una de las principales dudas de los liquidadores. El organismo ratificó oficialmente que el esquema de cancelación en dos etapas —un pago inicial del tributo y la posterior liquidación de eventuales saldos o diferencias al formalizar la declaración jurada— mantiene plenamente el efecto liberatorio y la protección del 'tapón fiscal'. Esta doctrina administrativa resguarda al contribuyente adherido al Régimen Simplificado frente al descalce de fechas provocado por las prórrogas.

Certeza operativa para el mercado

El aplazamiento de las presentaciones para finales de septiembre —y del primer anticipo de Ganancias 2026 para mediados de octubre— buscaría dar el margen necesario para que la ley sea sancionada en el Congreso. De este modo, respaldados también por la postura oficial de la DNI, los liquidadores contarían con el texto definitivo aprobado para aplicar las presunciones de exactitud y los beneficios del bloqueo sin riesgos de inconsistencias normativas.

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