La sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal condenó a la distribuidora de electricidad Edesur y le ordenó resarcir a una empresa que tuvo que desechar su mercadería como consecuencia de un corte de luz que sumó 36 horas en pocos días.

En el caso “Frigorífico Jerona SRL y otro c/ Edesur SA s/ daños y perjuicios”, la actora reclamó un resarcimiento por el valor de la mercadería que debió ser desechar; por las ventas que no pudo realizar por la pérdida de productos y un monto adicional por la erogación de salarios improductivos (que debió pagar a sus empleados a pesar de que no podía desarrollar su actividad por estar sin servicio eléctrico).

La jueza de primera instancia hizo lugar parcialmente al reclamo y condenó a la demandada al pago de $330.000, con más sus intereses, en virtud de los daños y perjuicios sufridos por la interrupción del servicio de energía eléctrica que tuvo lugar entre los días 6 y 9 de febrero de 2019, por un lapso por que sumó 36 horas y 33 minutos.

Además, reconoció la suma de $ 250.000 como indemnización por lucro cesante y daño emergente, y de $ 80.000 por la disminución en el movimiento de la producción. Por otro lado, rechazó la indemnización por salarios improductivos.

Ambas partes apelaron. La actora cuestionó la valuación del daño patrimonial, el rechazo del daño moral y el daño punitivo, entre otras cuestiones. En tanto, la demandada se quejó por la cuantificación del daño patrimonial y la procedencia del lucro cesante.

Los argumentos de la Cámara

Los camaristas Florencia Nallar, Juan Perozziello Vizier y Fernando A. Uriarte, sobre la pérdida de mercadería, remarcaron que la actora se dedica a la comercialización de productos alimenticios que son de mayor riesgo porque se descomponen rápidamente si no conservan la cadena de frío.

Y remarcaron que el corte de luz tuvo una duración de entidad suficiente como para que se produzca la pérdida de la mercadería refrigerada. Pero agregaron que no se probó la magnitud de la pérdida ya que el peritaje contable sólo informó el listado de precios de la materia prima perdida al momento del corte de luz, destinada al desarrollo de la actividad comercial, y que no se demostró qué parte de ella no fue vendida desde su compra hasta la interrupción del servicio de luz.

Es decir, no se informaron cuántos productos pudieron ser comercializados y cuántos descartados.

Sobre el reclamo por pago de salarios improductivos, la actora remarcó que “sin luz el personal no tiene trabajo a realizar, debiendo afrontar salarios sin ganancia alguna por culpa de la demandada”.

Para los camaristas, tal afirmación carecía de aptitud para configurar una crítica concreta y razonada de los argumentos que tuvo en cuenta la magistrada de grado para rechazar el rubro bajo análisis.

Y agregaron que “sabido es que el pago de salarios es una consecuencia no de la interrupción del servicio de energía eléctrica, sino –antes bien- de una obligación legal preexistente a aquélla. En tales condiciones, no se trata de una derivación reparable en los términos del art. 1726 del Código Civil y Comercial, en tanto no guarda un nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. En este orden de ideas, la actora no demostró haber efectuado erogaciones extraordinarias que hubiesen respondido pura y exclusivamente al corte de luz, tales como podrían haber sido –por ejemplo- la contratación de más personal o el pago de horas extra a sus empleados”.

Y añadieron que “no puede válidamente pretenderse que se indemnice el lucro cesante y los “salarios improductivos” al mismo tiempo”.

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Daño moral y punitivo: por qué no proceden

Sobre el daño moral, los camaristas sostuvieron que es improcedente porque aquel rubro sólo se concibe en personas físicas y no comprende a las jurídicas.

Con relación al daño punitivo, enfatizaron que la tesis objetiva es consumidor o usuario la persona jurídica “cuando pese a que los bienes o servicios son adquiridos dentro del ámbito de la actividad de la empresa, ellos no se relacionan ni directa ni indirectamente con el objeto propio de aquella.” Y si un proveedor adquiere un bien que no se relaciona con su objeto comercial, será destinatario final aun cuando dicho bien sea necesario para poder cumplir con su actividad.

Por lo que, en el caso, el suministro de energía eléctrica no se relaciona con el objeto comercial de la empresa actora, que es comercializar productos alimenticios. De tal forma, que debe ser considerada destinatario final en los términos del art. 1º de la ley de defensa del consumidor. Que, el artículo 52 bis de la ley de defensa del consumidor, prevé expresamente la multa civil en ese estricto ámbito, para el caso de que el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor.

También destacaron que no cualquier conducta se hace merecedora de la indemnización por daños punitivos ya que estos son excepcionales, “toda vez que proceden únicamente frente a un grave reproche en la conducta del responsable de la causación del daño; el obrar de éste debe haber sido particularmente grave.”

En ese contexto, consideraron que la duración de la interrupción del servicio no demostraba una conducta descalificable por parte de la empresa demandada, que se haga merecedora de este tipo de sanción excepcional.

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