Por: Sergio M. Hauque y Santiago M. Hauque

I - Introducción

Con muy buen criterio, la RG 5536 (BO: 30/7/2024) modificó totalmente el sistema original de la RG 5528 (BO: 17/7/2024) para definir el contenido concreto del deber formal de aportar al Fisco “las constancias fehacientes y toda otra documentación necesaria para acreditar la titularidad y/o el valor de los bienes regularizados” [art. 25, L. 27743 (BO: 8/7/2024)], aplicable al Régimen de Regularización de Activos, comúnmente llamado “blanqueo”.

En un trabajo anterior (Hauque; Hauque, 2024), los autores criticamos la remisión que, hasta el 30 de julio de 2024, hacía la reglamentación a un micrositio web de la AFIP para intentar, sin lograrlo, definir el contenido de la documentación respaldatoria a presentar. A través de esta nueva resolución, el enfoque modificó completamente el sistema de enunciación de estos requisitos formales ya que, en lugar de remitir a un micrositio web con contenidos difusos y sin rango de fechas definidas para los cambios que se pudieran producir, se volvió al tradicional método de agregar un Anexo publicado en el Boletín Oficial. Este Anexo se presentó dividido en dos apartados para activos del país y del exterior, con requisitos para cada clase de activos, tal como surge de la actual redacción del artículo 10 de la RG 5528 modificada por la RG 5536.

Corresponde entonces, dado que se encuentran más precisados los requisitos formales documentales para el blanqueo, intentar analizar el contenido concreto para cada caso de posibles activos.

II - El anexo incluido por la RG 5536

Decíamos en el trabajo anterior mencionado más arriba que los requisitos formales de los blanqueos, a pesar de ser muchas veces tenidos en menor consideración, resultan para la normativa tan importantes como la obligación material del pago del impuesto de regularización, ya que su cumplimiento también es considerado indispensable para que proceda la novación buscada. El último párrafo del artículo 6 del decreto 608/2024, en concordancia con el artículo 10 de la RG (AFIP) 5528, fulmina cualquier defecto en la ejecución de estos deberes formales con la misma consecuencia que resulta de la falta de pago total del impuesto de regularización: la exclusión de pleno derecho de los beneficios del régimen (art. 29, último párr., L. 27743).

Resulta claro sin embargo que, como ya señalaron la doctrina y la jurisprudencia, una consecuencia de tanta significación no debería surgir de una norma infralegal, por lo que un intento del Fisco de avanzar en ese sentido podría ser cuestionado exitosamente ante los órganos judiciales competentes: la reglamentación se ha extralimitado, pues propina dicha grave consecuencia a otros supuestos, como pagos parciales u otras inconsistencias (respecto de la titularidad, valuación), que a criterio de la AFIP el contribuyente no logre subsanar a partir de la intimación [conf. art. 6, D. 608/2024(8)].

Al respecto, interpretamos que, en caso de existir diferencias entre la postura del adherente y del Fisco, se debería intimar al contribuyente, pero para considerar caído el régimen debe suceder una falta total de pago del impuesto especial y, si existiere otra disputa, debería ser resuelta en última instancia en la justicia y con efecto suspensivo. A nuestro criterio, la “caída” del régimen tiene carácter sancionatorio y deben primar un mínimo de garantías referidas a la tutela judicial efectiva.

Esta línea interpretativa es conteste con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “López, Eduardo c/Dirección General Impositiva”, de fecha 10/5/1972 (Fallos: 282:380), en la que se expresó: “5) Que no cabe, pues, deducir del incumplimiento a las disposiciones de ese decreto-ley consecuencias más gravosas para el contribuyente y que no se encuentran incluidas en la norma, so pretexto del carácter restrictivo del beneficio por el instituido cuando, como en el caso, la presentación fue hecha en término, a pesar de que pudiera haber resultado errónea o adolecer de las insuficiencias de que hizo mérito el Fisco en su momento” (Ludueña et al., 2024).

Ahora bien, se entiende que no resulta deseable una eventual controversia con el Fisco en virtud de un posible incumplimiento formal, que podría evitarse con cierta previsión para obtener y presentar la documentación requerida. Máxime porque, ahora sí con una más razonable técnica normativa, la RG 5536 incluyó en la RG 5528 este Anexo con la enumeración de las constancias documentales exigidas para cada uno de los activos en cuestión, según su ubicación en el país o en el exterior, conforme la descripción realizada en cada inciso del artículo 24.1 [ap. a), Anexo] y 24.2 [ap. b) de la ley].

En los próximos dos capítulos analizamos el contenido de dichos apartados.

Además:

III - Los bienes situados en Argentina
IV - Los bienes situados en el exterior
V - A manera de conclusión

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