El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, emitió una medida cautelar que suspende el artículo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que derogaba la norma que restringe la venta de campos a extranjeros.

La decisión se tomó tras la presentación realizada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), encabezado por Rodolfo Carrizo, presidente de la asociación. El CECIM reclamó dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la ley 26.737 del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.

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El juez consideró que la medida afecta a todos, inscribiéndola como amparo colectivo, por lo que, la defensa de la soberanía nacional, alegada por el CECIM, es un bien jurídico colectivo e indivisible que no puede ser tutelado de manera parcial.

El Gobierno, en su defensa, argumentó que las cuestiones del DNU son de índole política y están siendo discutidas en el Congreso.

Según el juez Kreplak, el Gobierno no fundamentó adecuadamente la derogación de la ley y cuestionó la falta de motivación del acto estatal discrecional. Señaló que el Ejecutivo no proporcionó razones suficientes para la derogación y criticó la emisión del DNU sin pasar previamente por el Congreso nacional.

Gobierno Nacional busca 'per saltum' ante revés judicial en el capítulo laboral del DNU 70/23

En otro frente, el Gobierno nacional presentó una solicitud de 'salto de instancia' o 'per saltum' a la Corte Suprema de Justicia, para que se ocupe exclusivamente de la medida cautelar que frenó la aplicación del capítulo laboral del DNU 70/2023.

La medida cautelar fue obtenida por la Federación Única de Viajantes de la Argentina y otros sindicatos.

Por su parte, la Secretaría de Trabajo, presentó el recurso, destacando que en las últimas elecciones se debatió el rol del Estado. “Considerando la cuestión federal y gravedad institucional invocada, corresponde que se conceda con efecto suspensivo. En consecuencia, solicitamos que, de manera simultánea a la admisión del remedio federal, declare los efectos suspensivos de la resolución recurrida”, especificó la apelación.

El Gobierno argumenta que la fuerza política que triunfó en las elecciones presentó un modelo de Estado y su rol regulatorio, y advierten sobre los riesgos de demoras en la definición sobre la validez del DNU y apuntan al Congreso, argumentando la imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes.

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