La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó el rechazo de las acciones colectivas promovidas por la 'Asociación Civil Inquilinos Agrupados' y 'Asociación Civil por un Hogar en Argentina' contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el que, entre otras cuestiones, desreguló el mercado de alquileres.

En el caso “Asociación Civil Inquilinos Agrupados c/ EN-DNU 70/23 s/ medidas precautorias”, la actora pretendió una acción declarativa de nulidad del DNU citado por entender que habría sido dictado sin un procedimiento ni expediente previo, sin dictámenes jurídicos ni informes u opiniones técnicas previos de ningún tipo y que, estos “graves incumplimientos del marco normativo vigente”, configurarían una violación manifiesta del principio de legalidad que gobierna toda actuación administrativa en un Estado de Derecho.

Rechazo “in limine” en primera instancia

El juez de primera instancia sorteado dispuso la acumulación del caso a los autos 'Asociación Civil por un Hogar en la Argentina c/ EN-DNU 70/23 s/amparo ley 19.986'; en los cuales la pretensión de la acción fue la tacha de inconstitucional del DNU 70/23, en el entendimiento que importaría una violación a los artículos 29, 33, 36, 76, 75 inc. 18 y 19, y 99 inc. 3 de la Constitución Nacional Argentina y constituiría una extralimitación en las funciones del Poder Ejecutivo.

El nuevo sentenciante rechazó “in limine” las demandas por entender que resultaban objetivamente improponibles por ausencia de jurisdicción, decisión que alcanzó a las medidas cautelares peticionadas en ambos procesos y la intervención de terceros.

La recurrente impugnó la decisión. Sostuvo que procuraba defender derechos concretos y reconocidos por las leyes y la Constitución Nacional y que no representaban a un “universo indeterminado de sujetos”, sino a una clase específica y determinada y que no había afecciones “hipotéticas”, sino datos concretos de fácil constatación, al comparar el régimen derogado con el DNU en tela de juicio.

El fallo de la Cámara: necesidad de un caso concreto

Para los camaristas Gabriel Rolleri y Maximiliano Caia no correspondía al Poder Judicial “hacer declaraciones abstractas, sino que es de su esencia resolver colisiones efectivas de derechos y que este último extremo no se infiere de los términos de la pretensión incoada”.

En ese punto, explicaron que “habrá caso judicial cuando exista una controversia, planteada por parte legitimada sobre una materia susceptible de ser apreciada por un tribunal” y añadieron que “la presencia de un caso o controversia es un presupuesto procesal indispensable para facultar el ejercicio de la jurisdicción”.

“Si el derecho cuya protección procura el actor, es de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos, para lo cual, la misma Corte señaló la necesidad de verificar la concurrencia de tres elementos, para la procedencia de dicha acción colectiva, vinculados a la existencia de un hecho único o complejo que lesione a una pluralidad relevante de derechos individuales; a la necesidad de que la pretensión se concentre en los efectos comunes y no en los que cada individuo pudiera peticionar, dado que la causa o controversia no se relaciona en estos supuestos, “…con el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho…”; y, que exista una justificación a que se pretenda un proceso colectivo por sobre el individual”, señalaron los camaristas.

“Sobre el particular, se ha dicho en relación a la verificación de una causa fáctica, que refiere a la existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. Por su parte, y en lo que hace al segundo elemento mencionado, consiste en que la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar, la existencia de causa o controversia se relaciona con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho. Finalmente, y en relación al tercer elemento (constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado) refiere a que es exigible que el interés individual considerado aisladamente no justifique la promoción de una demanda, con lo cual podría verse afectado el acceso a la justicia”, enfatizaron.

Derechos individuales divisibles, no colectivos

En este caso, para los magistrados, se trataba de derechos individuales enteramente divisibles con personas que contrataron, o renovaron su contrato antes de la entrada en vigencia del DNU en cuestión, o aquellos con una locación vigente, o aquellos que se hallan en condición de celebrar un nuevo contrato o en la búsqueda de una nueva vivienda, pero que no existe un mismo nexo causal que alcance a todo el grupo que se pretende representar.

Es decir, no se podía presumir claramente la existencia de un agravio, tal como acontece en otras acciones colectivas de consumo, en el que un grupo homogéneo de consumidores resulta dañado por determinado acto. Tampoco estaba debidamente acreditado, para los jueces, que “el decreto produzca un perjuicio por igual a todos los sujetos que la actora pretende representar, lo cual descarta la configuración de los recaudos necesarios para la procedencia formal de la acción colectiva intentada”.

En lo sustancial, no era posible determinar con precisión el alcance del colectivo que se pretendía representar ni la identificación de la clase involucrada en el caso, en función de los intereses que se mencionaron afectados.

Además, tampoco se indicaba si se trataba de intereses individuales homogéneos o bienes colectivos, señalando que el cumplimiento de esas condiciones se encontraba a cargo de la demandante y que tampoco resultaba claro que el decreto cuya impugnación se perseguía produjera un perjuicio idéntico a cada uno de los individuos involucrados, de igual naturaleza o magnitud, concluyendo que, también existía la posibilidad de que algunos de los integrantes del grupo representado no se encontrara alcanzado por el citado decreto.

De esta manera, concluyeron que “había sido correctamente declarada inadmisible la acción colectiva intentada, por resultar improponible por ausencia de jurisdicción del Poder Judicial para entender en un asunto en el cual se peticiona que se declare la nulidad de una norma, sin la presencia de un conflicto susceptible de ser solucionado”.

Así, desestimaron los agravios y confirmaron el decisorio apelado.

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