La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó el rechazo de una demanda por compensación económica promovida por una mujer contra su exesposo, al considerar que no logró acreditar un “desequilibrio patrimonial calificado” derivado de la ruptura matrimonial.

En el caso “D. M., F. V. c/ P. M., S. s/ fijación de compensación económica - arts. 441 y 442 CCCN”, la demanda fue presentada por la mujer luego del divorcio de la pareja, que se había casado en 1999 y tuvo dos hijas, tras separarse en septiembre de 2016.

En este expediente se analizó el alcance de la compensación económica prevista en los artículos 441 y 442 del Código Civil y Comercial, que tiene como finalidad “compensar el desequilibrio económico manifiesto que produjo el divorcio entre los esposos”.

La exesposa sostuvo que durante la convivencia relegó su desarrollo profesional para dedicarse al cuidado del hogar y de las hijas, situación que - afirmó - generó un desequilibrio económico tras la ruptura, por lo que reclamó una compensación.

Según expuso, el exesposo se ocupaba de los gastos familiares mientras ella le brindaba “un apoyo incondicional” dedicándose al cuidado de los hijos y a las tareas del hogar, lo que permitió el crecimiento profesional y patrimonial de aquél.

La decisión de primera instancia

La jueza de primera instancia rechazó la demanda al considerar que existía una “orfandad probatoria” respecto del perjuicio económico alegado por la demandante.

Para ello, tuvo en cuenta que el exmarido había afrontado gastos vinculados a la educación de las hijas antes y después de la separación y que la mujer continuó viviendo en el departamento familiar ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, sin que el hombre reclamara canon locativo.

Además, la magistrada destacó que la propia actora había reconocido que la decisión de dejar de trabajar había sido consensuada dentro del matrimonio. En ese sentido, el fallo señaló: “la decisión de dejar de trabajar -por lo menos, por un tiempo- fue conjunta y consensuada”.

La sentencia también tomó en cuenta informes migratorios que registraban viajes de la exesposa a Uruguay, Estados Unidos y Brasil entre 2017 y 2023. Según la jueza, esos movimientos “permiten presumir que contaba con recursos suficientes para disfrutar momentos de ocio en el extranjero”.

Con esos elementos, concluyó que no existían pruebas suficientes para demostrar “el abrupto desequilibrio patrimonial” invocado.

La apelación

La mujer recurrió a este recurso legal en la resolución y cuestionó la valoración de la prueba realizada por la magistrada de grado.

Sostuvo que los viajes al exterior habían sido financiados por su exesposo, salvo unas vacaciones realizadas en Brasil en 2023, cuando ya se encontraba trabajando nuevamente. También afirmó que, tras la separación, subsistió con ayuda económica de familiares.

Asimismo, cuestionó que se hubieran ponderado únicamente testimonios ofrecidos por la contraparte y reiteró que durante el matrimonio se dedicó principalmente al cuidado del hogar y de las hijas.

El análisis de la Cámara

Los jueces Sebastián Picasso y Carlos Alberto Calvo Costa repasaron los criterios legales aplicables a la compensación económica y destacó que el instituto requiere acreditar un “desequilibrio económico manifiesto” causado por el divorcio.

Señalaron que “no es suficiente cualquier desequilibrio” sino que debe tratarse de “un desfasaje económico ‘calificado”.

En ese contexto, evaluaron distintas pruebas incorporadas al expediente y concluyó que la actora no había demostrado haber abandonado completamente el mercado laboral.

Uno de los elementos centrales fue una pericia informática sobre correos electrónicos de las partes. Allí surgió que la mujer había enviado en 2017 un currículum vitae en el que consignó que, desde 2008, era socia y administradora de un estudio de pilates y que, desde 2012, también realizaba tareas administrativas freelance para una empresa.

Asimismo, detallaron que la actora mencionó tareas vinculadas al “análisis de presupuestos y el control de cash flow”, además de “gestión de facturación, pagos y cobranzas”.

Para los camaristas, ese elemento permitía concluir que “no abandonó durante trece años el mercado laboral para dedicarse exclusivamente al cuidado del hogar y de sus hijas”.

Los magistrados también señalaron que el estudio de pilates continuó funcionando hasta la pandemia de COVID-19 y que el cierre del emprendimiento respondió a “causas externas” y no a la ruptura matrimonial.

Además, remarcaron que la demandante consiguió un nuevo empleo en diciembre de 2020, por lo que estuvo desempleada durante un período de nueve meses.

En ese contexto, señalaron que la compensación económica “no halla su razón de ser en la necesidad de quien la peticiona”, sino en “el desequilibrio patrimonial que provoca la ruptura del vínculo matrimonial”.

Los testimonios y los viajes al exterior

Los jueces analizaron además declaraciones testimoniales aportadas por la exesposa, en las que amigas y conocidas afirmaron que ella se desempeñaba como ama de casa y que el estudio de pilates generaba ingresos insuficientes. Sin embargo, consideraron que presentaban contradicciones con otros elementos objetivos del expediente.

En particular, se mencionó que algunos testigos afirmaron que la mujer no había viajado al exterior luego de la separación, pese a que los registros migratorios acreditaban viajes a Uruguay, Estados Unidos y Brasil.

El patrimonio de la comunidad ganancial

Otro aspecto evaluado por los camaristas fue la composición del patrimonio ganancial del matrimonio.

Mencionaron que en el expediente de divorcio la mujer había denunciado bienes y activos que integrarían la comunidad, entre ellos el departamento donde reside, una participación en un fideicomiso inmobiliario y distintas inversiones financieras y bancarias.

En ese punto, sostuvieron que, de comprobarse la existencia de esos bienes, podrían permitirle “mantener el estilo de vida del que gozó durante el matrimonio”.

Así, entendieron que la demandante no logró acreditar “un desequilibrio patrimonial calificado” ni que ese eventual desajuste económico tuviera como causa directa la ruptura del vínculo matrimonial. Por ese motivo, confirmaron íntegramente la sentencia de primera instancia.

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