La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista ordenó el cese de la obligación alimentaria de un hombre a favor de su excónyuge estipulado en un convenio regulador firmado bajo la vigencia del anterior Código Civil. Pero, para que la mujer se adapte a la nueva realidad, establecieron un plazo de 24 meses, al que consideraron justo por el tiempo en que la pareja estuvo casada.

En el caso “S. G. G. c/C. E. A. y otros s/incidente cese cuota alimentaria”, el hombre cuestionó la falta de fecha límite de un acuerdo homologado en el marco de un divorcio vincular llevado a cabo en 2006, en el cual se pactó una cuota alimentaria del 40% de su salario (20% a favor de su exesposa y 20% a favor de los 4 hijos).

En julio de 2014 presentó una demanda de cese de cuota respecto de su exmujer y de los hijos que adquirieron la mayoría de edad hasta ese momento. El juez de primera instancia estableció una disminución al 22,50%, solamente a favor de la exesposa y de sus hijas que aún continuaban siendo menores de edad.

Pero el incidentista apeló porque -desde su punto de vista- debía aplicarse inmediatamente el nuevo Código Civil y Comercial (entrado en vigencia al momento de la apelación), en virtud de que su artículo 7 que dispone que “a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”.

En caso contrario, entendía que el acuerdo implicaba que debía asumir una obligación alimentaria de por vida a favor de su exesposa.

En ese sentido, señaló que siempre cumplió el acuerdo y que la alimentada comenzó a trabajar después de la firma del mismo, y que ella es una persona joven en buen estado de salud, perfectamente capaz con plenas condiciones físicas y mentales para realizar una actividad laboral remunerada.

Los jueces indicaron que el incidentista demandó el cese de la cuota alimentaria de su exesposa en el año 2014, es decir, antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, cuya aplicación inmediata, sin embargo, luego peticiona a los fines de fundar su pretensión.

De esta manera, para los magistrados, primero había que responder si era posible modificar un convenio por alimentos adjuntado a una demanda de divorcio vincular por presentación conjunta.

Allí, explicaron que una postura doctrinaria sostiene que la génesis de los citados convenios es netamente contractual (por ende inmodificable por pedido unilateral), mientras que otra los ubica con una naturaleza fuertemente legal.

En este punto, recordaron que la facultad de establecer acuerdos de alimentos entre los cónyuges para regir con posterioridad al divorcio derivaba del art. 236 del derogado Código Civil, que los mismos requerían homologación judicial -que no sería necesaria de ser un mero contrato- y que se facultaba al juez a objetar sus estipulaciones cuando se afectaren intereses de una de las partes, no se puede sino coincidir con los doctrinarios que sostienen su naturaleza legal.

Por lo que para su modificación -aumento, disminución y hasta cese-, no es menester un nuevo convenio (o una cláusula contractual al efecto), sino que como toda obligación alimentaria es “eminentemente circunstancial y variable”.

“Ningún convenio o sentencia tiene en esta materia carácter definitivo, dependiendo todo de las circunstancias y si estas varían, también debe modificarse la obligación, ya sea aumentando, disminuyendo o cesando la pensión, que se mantiene inalterable solo en caso de que también se mantengan los presupuestos de hecho sobre cuya base se fijó”, remarcaron.

Al analizar el impacto del nuevo Código Civil y Comercial al caso, puntualizaron que “el cambio de legislación en modo alguno es dable ser equiparado a un cambio de las circunstancias fácticas aludidas anteriormente, puesto que las mismas refieren a hechos nuevos y no al derecho nuevo, el cual por su parte tiene su propio régimen de derecho transitorio establecido de manera general”.

Y en la materia en análisis -convenios reguladores de alimentos en el marco del divorcio vincular- la nueva normativa unificada los acoge en los arts. 432 y 434, aunque establece un tope temporal para los alimentos de “toda necesidad”, es decir aquellos cuyo acreedor reúne alguna de las características de “vulnerabilidad” descriptas en la norma.

“Se advierte que el convenio arribado en el marco del divorcio vincular de los cónyuges comprende los alimentos de toda necesidad, destinados a brindar asistencia material a la exesposa, según un modelo de familia en la cual el marido ha sido el proveedor económico y la esposa cuidadora de los cuatro hijos”, explicaron.

En consecuencia, entendieron que debía aplicarse el tope temporal en función de la duración del matrimonio impuesto para estos alimentos en la nueva normativa. En el caso es de 9 años y el hombre pagó la cuota alimentaria desde hace 13 años.

Sin embargo, destacaron que la limitación solo se puede aplicar para el futuro, por lo cual su cómputo debía comenzar a correr a partir del 01 de agosto de 2105 (fecha de entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial).

“Esto es así en virtud de que la nueva ley se aplica a las consecuencias -cuotas alimentarias futuras- de las relaciones jurídicas existentes”, destacaron.

“Cualquier cambio de legislación solo puede impactar en las consecuencias de tal relación jurídica crediticia, es decir en sus cuotas futuras y no devengadas, por ejemplo estableciendo modos, plazos, moneda de pago, etc., más en modo alguno puede impactar retroactivamente vulnerando derechos protegidos con garantías constitucionales derivados de una relación jurídica consolidada (o consumada) al abrigo de los presupuestos fácticos y jurídicos exigidos al momento de su constitución”, se lee en la sentencia.

“Tal plazo de caducidad para este tipo de alimentos funciona como plazo máximo, por lo cual, su extensión temporal, en caso de controversia, puede -y debe- ser prudencialmente establecida en mérito a las circunstancias probadas de la causa”, explicaron.

En el caso “nos confronta a un modelo familiar reiterado en la sociedad argentina de “padre proveedor-madre cuidadora”, el cual -pese a los encomiables esfuerzos de una nueva normativa que regula para la “igualdad” y “autosuficiencia” de los cónyuges- existe y nos interpela a decidir sin soslayar la realidad”.

Para los magistrados María Eugenia Chapero, Aldo Casella y Santiago Dalla Fontana, desde tal marco interpretativo, parecía “razonable que la mujer, quien está próxima a cumplir 50 años, y no acreditó ningún padecimiento físico que la inhiba de desarrollar sus plenas capacidades, goce de un tiempo más -se propone 24 meses- de los alimentos de toda necesidad provistos por su exesposo, de manera de permitirle paulatinamente atravesar el camino de la dependencia a la libertad de la autosuficiencia, que enaltece a todo ser humano”.

En este punto, también tuvieron en cuenta la situación económica del alimentante, quien con un magro sueldo tiene que hacer frente a los gastos propios y de su nueva familia, como tampoco la circunstancia de que la exesposa ha comenzado a trabajar.

El especialista Augusto César Belluscio, en el artículo “Alimentos entre cónyuges con posterioridad al divorcio” publicado en Erreius online, explica que “a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se comenzó a debatir si los alimentos fijados durante el régimen legal anterior se mantenían”.

“Contempla de forma excepcional los alimentos para los cónyuges con posterioridad al divorcio, y solo los admite en los supuestos taxativos que contempla el art. 434 de ese cuerpo legal”, explica.

Y remarca que se observa que la opinión -casi unánime- de la jurisprudencia es que la obligación alimentaria fijada bajo el régimen anterior cesó de pleno derecho al haber entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

Accedé al texto completo del fallo:

Limitan vigencia del convenio de alimentos firmado bajo el anterior Código