La sala segunda de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió en los recursos de apelación interpuestos contra la resolución del Juzgado Penal Colegiado N°1 de la Primera Circunscripción Judicial en los autos “Apelación control administrativo COVID 19 (2086) p/ conflicto de competencia (2086)'

La resolución apelada dispuso la finalización de la autorización para la utilización de telefonía móvil de las personas privadas de libertad en las cárceles mendocinas. Los apelantes sostuvieron que la decisión implicó una modificación significativa en el modo o condiciones en que se ejecuta y cumple la medida privativa de libertad. Sostuvieron que el decisorio afectó derechos fundamentales relativos a la comunicación, a la reinserción social, el acceso a la justicia, a la educación, a la salud y a la defensa, entre otros.

Antecedentes relevantes

En marzo de 2020 se hizo lugar a una acción de habeas corpus en favor de las personas privadas de la libertad alojadas en el Servicio Penitenciario Provincial con origen en la crítica situación generada por el COVID-19.

En dicha oportunidad se dispuso la autorización transitoria del sistema de telefonía celular mientras durara el estado de emergencia sanitaria y se mantuviera la suspensión de las visitas familiares.

Lo anteriormente resuelto significó una excepción al art. 174 del Código de Ejecución de la Pena mendocino. La norma establece expresamente que “quedan prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles” en línea con lo establecido por el art. 160 de su norma equivalente a nivel nacional.

El día 10 de enero del corriente año se rechazó la solicitud de extensión de la excepción. De este modo se dispuso el fin de la autorización para la presencia de teléfonos celulares en cárceles, pero se mantuvo la excepción para establecimientos que alojen mujeres. Además de eso el juez dispuso una serie de requisitos para la suspensión. Esta es la decisión atacada que abocó a la corte provincial a su tratamiento.

¿Qué resolvió el máximo tribunal?

La magistrada Teresa Day en su voto de mayoría entiende que las autorizaciones emitidas con anterioridad tienen fundamento en las sucesivas disposiciones y ampliaciones de emergencia sanitaria. Sin embargo, la última ampliación de emergencia del decreto 70/2023 contiene argumentos distintos y estos son de índole estrictamente económicos o mercantiles.

En los fundamentos se destacó lo dispuesto por dos instrumentos de soft law relativos al contacto de los reclusos con el exterior. Fueron tenidos en cuenta los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela).

Además la jueza resaltó lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y argumentó que “lo que corresponde al Estado es garantizar el derecho a la comunicación con el mundo exterior” pero que no es la telefonía móvil el modo inherente a ese derecho, sino sólo un modo de ejercicio. Por lo expuesto, consideró que la decisión del Juez de grado inferior no es arbitraria.

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