El Gobierno Nacional promulgó la ley 27.793 que declara la emergencia nacional en discapacidad en todo el territorio argentino hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de una prórroga por un año más.

A pesar de que el Poder Ejecutivo había vetado la ley sancionada en el mes de agosto, el Senado de la Nación, tras la confirmación previa de la Cámara de Diputados, ratificó la sanción con dos tercios de los votos.

Esta acción, en conformidad con el Artículo 83 de la Constitución Nacional, convirtió el proyecto en ley, requiriendo su envío al Poder Ejecutivo para su promulgación.

En consecuencia, el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 681/2025 promulga la ley y suspende su ejecución hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuente de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé.

Principales características de la ley de emergencia en discapacidad

Se dispone el financiamiento para las Pensiones no Contributivas por Discapacidad, y para los prestadores de la Ley 24901.

También se busca un régimen de emergencia para la regularización de deudas tributarias y condonación de intereses, multas y sanciones para los prestadores.

La ley también establece la actualización de aranceles para los servicios de discapacidad.

Asimismo, se definen los requisitos para ser beneficiario de la Pensión no Contributiva por Discapacidad, incluyendo la acreditación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la condición de no superar los dos salarios mínimos vitales y móviles en ingresos netos individuales.

Además, se permite la compatibilidad entre el cobro de la pensión y la tenencia de un empleo formal, siempre y cuando los ingresos no superen el límite establecido.

En materia de auditoría, se establece que la Agencia Nacional de Discapacidad, en conjunto con el Consejo Federal de Discapacidad, implementará auditorías periódicas a las pensiones no contributivas.

Estas auditorías deben ser transparentes, accesibles y garantizar el debido proceso.

Adicionalmente, el Poder Ejecutivo deberá presentar un informe anual al Congreso sobre la ejecución presupuestaria y la aplicación de las políticas públicas derivadas de la ley.

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