En la Cámara baja hay varios pedidos de sesiones a partir del miércoles 14. En la Cámara alta, la convocatoria será para el jueves 15.

En Diputados, el oficialismo y sus aliados del Pro pidieron una sesión especial para el miércoles 14, con el mismo temario de la convocatoria a sesión del 7 de agosto que fracasó, más el proyecto que declara a la educación servicio esencial.

Además, podría tratarse la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos y la declaración de la educación como “servicio esencial” para garantizar que las escuelas estén abiertas los días de paro docente.

La iniciativa es impulsada por, entre otros, el exministro de Educación Alejandro Finocchiaro.

El PRO, además, quiere avanzar con dos aspectos de la reforma electoral: la “ficha limpia” para prohibir candidaturas de condenados por corrupción, y el voto de argentinos residentes en el exterior.

Diputados: los temas que impulsan el radicalismo y el resto de la oposición

Por su parte, el radicalismo, convocó a una sesión para este mismo miércoles, a las 14, para tratar el tema del presupuesto universitario.

El pedido es para las 14 horas del miércoles 14, “o al término de la sesión especial solicitada por el diputado Alejandro Finocchiaro y otros diputados, en caso de que esta última se extendiera más allá de las 14.00 hs.”.

El radicalismo había solicitado una sesión en julio para tratar el tema, pero luego la pasó para agosto. Y ahora volvió a pedirla, aunque solo por el tema universidades y no FONID.

El Gobierno acordó en mayo pasado un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento para las universidades. Pero actualmente las universidades se encuentran con paros y ante la posibilidad de no volver a clases en el segundo semestre, producto del atraso salarial del personal docente y no docente.

En tanto, parte de la oposición pidió una sesión especial para el jueves 15 para tratar el DNU 656/24 que dispuso el otorgamiento de 100 mil millones de pesos en concepto de gastos reservados para la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado.

Esta fecha coincide con el día posterior al vencimiento del plazo de 10 días que tiene la Comisión Bicameral para emitir dictamen del DNU. En caso de que no lo haya, las cámaras pueden autoconvocarse.

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Qué temas tratará el Senado

En el Senado, en tanto, la titular de la cámara convocaría para el próximo jueves 15 de agosto a una sesión especial, en la que el kirchnerismo y parte del radicalismo quieren sancionar la nueva ley de movilidad jubilatoria.

El proyecto, que ya fue aprobado en Diputados y recibió dictamen de mayoría en la cámara alta, pretende actualizar las jubilaciones por inflación y otorgar una compensación extra del 8,1%.

Ese proyecto también busca, entre otras cosas, cancelar las deudas con las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales y con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme.

Además, se avanzará con una declaración sobre la situación en Venezuela, de acuerdo al dictamen alcanzado en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara.

Allí el cuerpo expresa “su firme y enérgico repudio al fraude perpetrado en las elecciones del 28 de julio pasado en la República Bolivariana de Venezuela en el que se inhabilitaron y se persiguieron a candidatos opositores e imposibilitaron a ciudadanos de otros países a ingresar en dicho país para acompañar el proceso electoral, deportándolos”.

Otro tema que podría ser incorporado al temario es el proyecto que aumenta las penas de tráfico de menores. Ese tema en general, por unanimidad (63 votos), hace un mes, pero volvió a comisión por la redacción del artículo 139 bis que establece dejar exento de pena a los progenitores.

La redacción acordada entre el oficialismo y los dialoguistas proponía “penas de 4 a 10 años de prisión a quienes entreguen un menor mediando o no precio”, y la misma sanción a quienes actúen como “facilitadores e intermediarios”. Asimismo, establecía “5 a 15 años” en casos de que el delito sea cometido por funcionarios públicos y/o profesionales.

Sin embargo, la senadora riojana Florencia López (UP) cuestionó que en la previa a la reunión de la comisión que preside el riojano Juan Carlos Pagotto (LLA), “habíamos debatido que el 139 bis impondrá penas de 5 a 15 años a quien reciba y entregue a menores de edad”.

Tras varios debates, el texto que pasó a la firma establece que “las penas serán de 5 a 15 para quienes entreguen a menores de edad”, y también así “a los denominados intermediarios, y para profesionales y funcionarios públicos”.

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