La Cámara de Diputados podría volver a votar proyectos de ley en el recinto el miércoles que viene. Hay tratativas entre los principales bloques para consensuar un temario y tratar una serie de iniciativas que tienen dictamen de comisiones.

En el menú figuran como posibilidades el proyecto para aliviar la situación de los deudores hipotecarios de créditos UVA, así como la ley contra la violencia digital de género, el régimen de producción orgánica, la ley de seguridad del paciente, el régimen especial previsional para brigadistas de incendios, la regulación del ejercicio profesional de los acompañantes terapéuticos, el proyecto de Trazabilidad de la Pesca y el Plan de refinanciación de deudas de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos respecto a Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

Refinanciación de créditos UVA

El proyecto estipula que los deudores con hipotecas otorgadas con cláusula de ajuste por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) y Unidades de Vivienda (UVI), destinadas a vivienda única familiar y de ocupación permanente cuyo crédito otorgado fuera menor o igual a 120.000 UVAS o su equivalente en UVIS y el valor de la vivienda adquirida o construida inferior a las 140.000 UVAS o su equivalente en UVIS al momento del desembolso, podrán optar por adherirse a los servicios del Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH) en vistas de transformar el flujo de pagos de los mencionados créditos al equivalente por una actualización según el “IAR”.

Principales aspectos del proyecto

Entre otros puntos, la iniciativa establece que los deudores podrán ejercer dicha opción dentro de los ciento ochenta días corridos de publicada la presente ley en el Boletín Oficial de la República Argentina, sin que el ejercicio de la opción genere costo alguno para el deudor.

La cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (salario formal de la economía). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

Si de los saldos adeudados vigentes al momento de ejercer la opción, implica que el importe de la cuota a abonar supera el 30 % de los ingresos actuales –considerando el/los deudor/es/ y computados en igual forma a lo previsto al momento del otorgamiento de la financiación– se debe extender la duración del plazo en no más de veinticinco por ciento (25%) de aquel originariamente pactado. Para las situaciones que queden comprendidas por fuera de estos parámetros, las entidades financieras deben habilitar una instancia para considerar la situación de los clientes comprendidos.

Para los créditos ya otorgados, el cómputo del cálculo será retroactivo al 1 de enero de 2023. El acogimiento al nuevo régimen importará el allanamiento o desistimiento total de acciones, declaraciones, reclamos y/o recursos en trámite, procediendo en cualquier etapa o instancia administrativa, o judicial, según corresponda, asumiendo el responsable el pago de las costas y gastos causídicos.

Los contratos son susceptibles de incorporarse al eventual régimen, aun cuando hubieren sido refinanciados por acuerdo entre las partes o según otra norma, existiere mora de la persona deudora, convenio judicial, renuncia anticipada a cualquier beneficio en general, o iniciado las acciones judiciales para su cobro, siempre que a la fecha de entrada en vigencia de la ley no se haya cancelado la totalidad del saldo deudor u obligaciones pactadas.

Por otro lado, se establece la suspensión de desalojos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y/o cautelares en trámite por el término de un año y se encomienda al Banco Central a promover líneas de crédito similares, entre otros puntos.

Además, la iniciativa crea el denominado “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)” tendrá como objetivo cubrir descalces entre salario y UVA/UVI.

En caso que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo que se crea se hará cargo de hasta tres cuotas, mientras que las posteriores serán refinanciadas por acuerdo de partes.

El beneficio podrá ser ejercido en dos oportunidades durante el transcurso del crédito.

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Violencia digital

La propuesta con dictamen busca modificar la ley de Protección Integral contra la Violencia de Género 26.485 para tipificar como delito la figura de la violencia digital a través de la extorsión y difusión no consentido de material sexual.

A su vez, la normativa habilita a los jueces a la remoción del contenido íntimo del entorno digital, y busca evitar interpretaciones de la ley que no favorezcan a las víctimas.

Régimen de promoción de productos orgánicos

La iniciativa, que obtuvo dictamen las comisiones de Economías y Desarrollo Regional, y Presupuesto y Hacienda, crea un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de 10 años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal.

El bono de crédito fiscal es equivalente al 70% de la totalidad de las contribuciones patronales, y se puede utilizar para la cancelación de tributos nacionales, y sus anticipos, como así también los tributos aduaneros, excluido el impuesto a las ganancias.

La producción orgánica está relacionada a un modelo de soberanía alimentaria, a partir de un modo de producción más artesanal, sin agroquímicos, con mano de obra intensiva.

Seguridad del Paciente

Otro de los proyectos que se trataría en la próxima sesión sería el de Seguridad del Paciente, conocido como ley 'Nicolás', que tiene como finalidad mejorar la atención de los pacientes, las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud y reducir los eventos médicos inesperados durante la atención.

Prevé la creación de la historia clínica digital encriptada e interoperable; certificaciones obligatorias y periódicas para los profesionales de la salud y las instituciones médicas; desarrollo de protocolos de actuación y sistemas de auditoría y vigilancia.

También define criterios y conceptos de seguridad, incidente, evento adverso evitable, evento adverso no evitable, acto temerario y evento centinela, que es un hecho potencialmente peligroso, no anticipado ni deseado, que ocurre en las instituciones de salud.

Refinanciación de deudas por obras de saneamiento

También se debatiría el proyecto que contempla un plan de refinanciación de deudas de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos respecto a Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

Según la iniciativa, alcanzará exclusivamente a créditos otorgados en el marco de programas de financiamiento por organismos multilaterales de créditos BID que no hayan sido cancelados al momento de la publicación de la ley en el Boletín Oficial.

Régimen previsional diferenciado para brigadistas de incendios

También llegaría al recinto el régimen previsional diferencial para brigadistas de incendios forestales o rurales cuyas cajas estén adheridas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

De aprobarse, beneficiaría a casi 900 personas entre personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y de Parques Nacionales, y brigadistas provinciales, que pasarán a gozar del 82% móvil de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese laboral.

Recibió media sanción del Senado en agosto del año pasado y tuvo despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados el 29 de noviembre del año pasado.

Trazabilidad de la pesca

También podría debatirse el proyecto que crea un proyecto de trazabilidad de la pesca.

En concreto, establece 'un Sistema Único Argentino de Trazabilidad de la Pesca (SUTRAP) y la acuicultura con destino al consumo interno o la exportación, con el fin de garantizar la legalidad de las capturas y producciones, el cumplimiento de las normas de inocuidad, calidad y sostenibilidad de estos productos a lo largo de todo su ciclo de vida y de asegurar el acceso a la información trazada'.

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