Por: Richard Amaro Gómez

Recordemos que en la era moderna casi el 90% de la documentación comercial esta digitalizada, dando lugar a los denominados documentos digitales, los cuales los podemos definir de la siguiente manera:

“ARTICULO 6º — Documento digital. Se entiende por documento digital a la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura”.

Fuente: Ley N° 25.506/2001.

Esto dio lugar a que dichos documentos puedan contener dos tipos de firmas:

Firma electrónica y digital

- Firma electrónica: “se entiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. En caso de ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez”. Art. 5 - Ley N° 25.506/2001.

- Firma digital: “se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma”. Art. 2 - Ley N° 25.506/2001.

Por lo tanto, la firma digital goza de la presunción de autoría (por cuanto se le atribuye a un sujeto) y de integridad (dado que presupone que el documento no fue alterado desde la firma).

Ahora bien, para la procedencia del impuesto de sellos es necesario la existencia de un instrumento, entendiendo por tal toda escritura, papel o documento del que surja la realización de los actos, contratos y operaciones onerosos, de manera que constituya un título jurídico por el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente realicen los firmantes.

En este marco, el Código Civil y Comercial de la Nación indica en el artículo 288 que la firma, la cual refleja la voluntad de un sujeto, puede consistir en el nombre del firmante o en un signo, así como también puede ser ológrafa (de puño u letra) o digital.

Por lo tanto, los documentos digitales firmados con firma electrónica, que no garantizan autoría e integridad del documento, no constituyen un instrumento para la legislación de fondo. Y por ende, no pueden ser gravados con el impuesto de sellos de ninguna jurisdicción.

Recordemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación esbozó en la causa “Filcrosa SA s/quiebra. Incidente de verificación de Municipalidad de Avellaneda” de fecha 30 de septiembre de 2003, básicamente que las legislaciones locales que reglamentaban la prescripción en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil resultaban inválidas, dado que las jurisdicciones locales carecen de facultades para establecer normas que importen apartarse de la aludida legislación de fondo, incluso en el caso de tratarse de materias de derecho público local.

Por lo tanto, las legislaciones locales no pueden apartarse de la legislación de fondo por ser materia que las mismas han delegado por medio de la Constitución Nacional.

Por: Richard Amaro Gómez

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