La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) declaró la inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la ley 23.928, que prohíbe la indexación de créditos para las obligaciones dinerarias, para disponer una equitativa actualización del crédito adeudado.

En la causa 'Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios', el máximo tribunal bonaerense entendió que la norma mencionada desconoce el principio de razonabilidad, el derecho de propiedad del reclamante y no permite proveer una tutela judicial eficaz porque, en un contexto de inestabilidad económica, genera una perturbación severa para la justa composición de los conflictos.

Asimismo, sentó los criterios para la determinación de las deudas de valor, como así también dispuso una serie de directrices para delimitar el alcance de la indexación.

Efecto desproporcionado de la depreciación monetaria en las deudas

Los jueces Sergio Torres, Daniel Soria, Hilde Kogan y Luis Genoud, al analizar el caso, tuvieron en cuenta que “los efectos de la depreciación de la moneda nacional, respecto de una indemnización establecida en pesos en marzo del año 2019, producía en la actualidad un menoscabo del crédito de tal magnitud que conducía a resultados desproporcionados, lesivos del derecho de propiedad y de garantía de efectividad de la defensa en juicio, reconocidos en los arts. 1º, 17, 18, 33 y concordantes de la Constitución Nacional; y 1, y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires”.

“La inflación que aqueja a la economía del país ha sido -y es- un factor tan corrosivo para el equilibrio negocial y, en términos más amplios, para la realización eficaz de los derechos, que la evidencia de sus efectos lesivos debe ser plenamente afrontada”, explicaron.

Y destacaron que “en las últimas décadas se aprobaron e implementaron diversas normas legales y reglamentarias, así como variados programas, que contenían medidas de todo calibre, destinados a resolver esta problemática. Una de las más trascendentes fue la ley 23.928, de convertibilidad, reformada por la ley 25.561, denominada de emergencia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria”.

Por ello, consideraron que el enfoque interpretativo del caso debía partir del reconocimiento de esta compleja problemática porque, de lo contrario, se negaría la realidad.

Así, señalaron que “la brecha entre un sistema de mantenimiento del capital adecuado por medio de su actualización más una tasa de interés puro y el sistema hasta ahora aplicado de capital nominal más intereses a la tasa pasiva BIP (de la anterior doctrina legal), arrojaba de manera elocuente una pérdida más que considerable en perjuicio del reclamante”.

En tales condiciones, el esquema de la ley 23.928, en más de un supuesto facilita la licuación del capital adeudado y provee soluciones alejadas de las magnitudes económicas en presencia.

Inconstitucionalidad sobreviniente de la prohibición de indexar

Para los miembros de la corte bonaerense se generó un supuesto de inconstitucionalidad sobreviniente, “pues la variación de las circunstancias relevantes tenidas en cuenta y valoradas por el legislador al momento de su sanción, convertían a un instrumento, originariamente válido, en fuente directa de afectación de los derechos tutelados por el ordenamiento”.

Esto obligaba a realizar un análisis que evalúe el cambio en la configuración del supuesto de hecho esencial que llevó a la sanción de la prohibición de indexar, que examine “la mutación de las características estructurales que definieron el cuadro de situación previsto por la ley”.

En este punto, la declaración de inconstitucionalidad no se trataría de un cambio en la doctrina del tribunal sino que es una evaluación de la aplicación de la norma en un contexto diferente, considerando que 'una ley o un reglamento que en su origen no transgredieron la Constitución, presentan luego una contradicción insalvable con las reglas o principios de ese ordenamiento superior, de tal relevancia que no admiten lecturas flexibles, armonizadoras o evolutivas, susceptibles de dar sostén a una interpretación que rescate cierta compatibilidad entre los productos normativos. Ante estas -nuevas- circunstancias el reproche constitucional será una lógica derivación'.

Pautas de actualización de las deudas

Los magistrados sostuvieron que “…el art. 7 de la ley 23.928, texto según ley 25.561, en su aplicación al caso, debe ser descalificado porque desconoce el principio de razonabilidad, el derecho de propiedad del reclamante y no permite proveer una tutela judicial eficaz”.

Luego establecieron pautas para ser aplicadas en la resolución de las controversias similares. Entre ellas:

Si se tratare de un daño a las cosas deberá fijarse teniendo en cuenta el valor actual de tales bienes.
En los daños causados a las personas humanas, cuando fuere menester reparar la incapacidad sobreviniente, y se computare el impacto en la persona dañada, igual parámetro de referencia deberá ser ponderado para la fijación del valor actual por el órgano de la instancia judicial correspondiente.
Si estuviere en cuestión la privación de un salario determinado (o en su defecto, si se aplicare un parámetro remanente, por ejemplo el salario mínimo vital y móvil o el RIPTE), se hará idéntica operación con el monto del parámetro utilizado, calculándolo a la fecha de la sentencia. Y así habrá de procederse con los demás supuestos que representen una deuda de valor.

Posteriormente, precisaron que el juez o tribunal interviniente será quien establezca el mecanismo específico de preservación del crédito que, conforme a su estimación fundada, fuere el más idóneo para emplearse en el caso, debiéndose respetar de manera prevalente los siguientes principios y condicionamientos: i] la interdicción del enriquecimiento sin causa; ii] la interdicción de conductas que importen un abuso del derecho; iii] la buena fe; iv] la equidad; v] la equivalencia de las prestaciones; vi] la morigeración de los resultados excesivos que arrojare el uso de mecanismos de actualización, variaciones de precios o costos, indexación o repotenciación, cuando sobrepasen el valor actual del daño o de la prestación debida y, si correspondiere, vii] en su caso, el esfuerzo compartido.

En el plano adjetivo, la decisión relativa al ajuste del crédito ha de observar el principio de congruencia. Será preciso, según los jueces, que el órgano de la instancia pertinente (incluyendo los de segunda instancia) exprese la cuantía de la condena al valor actual a la fecha de su pronunciamiento.

Una vez cuantificado el capital de condena, de acuerdo a las pautas precedentes, la obligación de valor pasará a convertirse en obligación de dar dinero y, a partir de allí, los jueces deberán actualizarlo.

Por ello, remitieron el expediente a la Cámara de Apelación para que calcule el valor de la indemnización a la fecha del pronunciamiento, conforme a los criterios o parámetros de valorización mencionados y luego aplique la tasa de los intereses puros.

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