La comisión de Presupuesto del Senado emitió dictamen favorable al proyecto sobre “Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios” que modificó algunos puntos del texto avalado en Diputados hace poco más de dos meses.

En caso de aprobarse el dictamen de mayoría de la cámara baja en el plenario que se llevaría a cabo antes de las elecciones del 22 de octubre, el texto deberá volver a Diputados para que lo apruebe o ratifique el sancionado en primera instancia.

El dictamen del Senado plantea la renovación del contrato crediticio con fecha del 1 de septiembre de 2023 y el capital deberá retrotraerse al 31 de agosto de 2019. Al capital adeudado hay que restarle las cuotas que se hayan abonado desde esa fecha hasta el nuevo contrato.

A partir de su entrada en vigencia, se dejaría sin efecto la cláusula de ajuste UVA y se adoptaría el RIPTE, el índice que mide la variación salarial con un interés del 3,5 % nominal anual.

Se mantiene que la cuota no podrá absorber más del 30 % del ingreso del tomador del crédito, tal como se aprobó en la Cámara baja. “En los casos en que, por las particularidades del deudor crediticio, no se encuadre en lo señalado previamente, las entidades financieras deberán habilitar las instancias que resulten menester para considerar la situación, atendiendo al principio protectorio del consumidor consagrado en la legislación en vigor”, indica el dictamen del Senado.

Se reemplaza la UVA por el índice salarial

El proyecto de Senadores elimina la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) y la Unidades de Vivienda (UVI) y las reemplaza por el Índice de Salarios (IS) que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En caso de aprobarse, se dejaría sin efecto el criterio anterior y tomaría como vigente el nuevo índice.

En tanto, el proyecto de Diputados señala que la diferencia entre la cuota pagada por el deudor y la que debiera percibir la entidad financiera según las condiciones originales del crédito, se compensaría monetariamente por un nuevo fondo, el Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH).

Novación de contratos y tasa de interés

El dictamen de mayoría del Senado ordena la realización de nuevos mutuos, proponiendo una novación (la transformación de una obligación en otra) en la que el capital debe retrotraerse al 31 de agosto de 2019, sobre el cual hay que restarle las porciones de capital que están contenidas en las cuotas que se hayan abonado entre esa fecha y la fecha del mutuo nuevo y modifica la tasa de interés de todos los créditos y las fija en 3,5% anual, por debajo del promedio.

En este punto, señala que las relaciones crediticias vigentes “serán objeto de una novación a partir del 1º de septiembre de 2023 considerando el capital resultante luego de aplicarse lo establecido en el artículo segundo y una vez deducidas las amortizaciones de capital de las cuotas pagadas entre el 1º de septiembre de 2019 y la fecha de la novación, con una tasa de interés del 3,5 % nominal anual para la determinación de la cuota”, establece el proyecto.

Techo a la relación cuota-ingreso

Al igual que el proyecto que viene de Diputados, los senadores proponen que la cuota que paguen los deudores no pueda superar el 30% de sus ingresos actuales. La diferencia con la norma que rige actualmente es que le baja un 5% al 35% que se dispuso desde hace poco más de dos años.

“En los casos en que, por las particularidades del deudor crediticio, no se encuadre en lo señalado previamente, las entidades financieras deberán habilitar las instancias que resulten menester para considerar la situación, atendiendo al principio protectorio del consumidor consagrado en la legislación en vigor”, agrega el dictamen del Senado.

Suspensión de desalojos por un año

El dictamen impulsado por la mayoría oficialista propone que se suspendan los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite relacionadas a este crédito por un año. Asimismo, estipula que queden suspendidos los términos procesales en curso, la prescripción y la caducidad de instancia.

Por su parte, Diputados también proponía un beneficio impositivo: quienes hayan tomado un crédito y estén alcanzados por el Impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. Además, también el mencionado Fondo (FFCPH) podrá abonar hasta tres cuotas mensuales en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral.

Otros puntos del proyecto del Senado

El dictamen del oficialismo señala que “la autoridad de aplicación de la presente será el Banco Central de la República Argentina”, el que “deberá promover, a través de las entidades financieras regidas por la Ley 21.526, un programa de difusión destinado a clientes actuales o potenciales del sistema crediticio que coadyuve a una comprensión adecuada de los productos que ofrecen, con indicación precisa de su contenido y de sus eventuales riesgos, a fin de evitar situaciones de información asimétrica y publicidad engañosa que pueda resultar perjudicial a los intereses del consumidor”.

Crédito UVA: el texto que aprobó Diputados

El proyecto había sido aprobado el 6 de julio en Diputados con 134 votos.

En concreto, establece que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores y crea en paralelo el Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH) que, con el aporte de diferentes impuestos, completará 'la diferencia entre la cuota pagada por el deudor y la que debiera percibir la entidad financiera según las condiciones originales del contrato”.

Además, suspende por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito.

La iniciativa con media sanción contempla que, al momento de ejercer la opción, la cuota a abonar por los tomadores de ese tipo de crédito no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores.

Asimismo, quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente.

Por último, el proyecto prevé en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el mencionado Fondo se hará cargo de hasta tres cuotas.

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