La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 47/3, declaró el 3 de diciembre como fecha en conmemoración para velar por los derechos de todas las personas con discapacidad, buscando concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida social, económica y cultural y generar un ambiente más inclusivo.

Argentina, a través de la Ley 25.346, declaró al 3 de diciembre como el “Día Nacional de las Personas con Discapacidad”, a fin de divulgar las normas que amparan a las personas con discapacidad, cuáles son sus derechos y la importancia de exigir su cumplimiento en toda la sociedad.

Este año, desde el 2 de diciembre hasta el 6 de diciembre inclusive se lleva a cabo la semana de la inclusión, con actividades, capacitaciones, conversatorios y muestras artísticas y deportivas de toda índole.

Se busca eliminar las barreras actitudinales y del entorno hacia las personas con discapacidad; concientizar sobre el rol que debe adoptar la sociedad para lograr la plena inclusión de este colectivo y promover sus derechos.

En cuanto a los reconocimientos de distintos derechos, detallamos algunos de los precedentes más importantes y actuales de la Corte Suprema en materia de discapacidad e inclusión.

Pensiones

“B., R. A. c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados s/amparo Ley 16.986”

Es improcedente el rechazo in limine de la acción de amparo interpuesta por una asociación civil contra el INSSJP con el objeto de que se reconozca el derecho a la cobertura integral de prestaciones en favor de las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas de acuerdo a lo establecido en las leyes 22.431 y 24.091, pues aun cuando pudiera sostenerse que, en el caso, el interés individual considerado aisladamente, justifica la promoción de demandas individuales, no es posible soslayar el incuestionable contenido social del derecho involucrado que atañe a grupos que por mandato constitucional deben ser objeto de preferente tutela por su condición de vulnerabilidad: los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (art. 75, inc. 23 de la Constitución Nacional).

La restricción consagrada por el artículo 10 de la resolución 1100/2006 del INSSJP que impide a una persona con discapacidad acceder a la cobertura de salud que acuerda la ley 19.032 -en el caso, como integrante del grupo familiar del afiliado titular-, si no renuncia a la pensión social que le corresponde en derecho, resulta irrazonable y desproporcionada, y por ende inconstitucional, pues el propósito de alcanzar sistemas sociales sustentables y coherentes no puede justificar reglas de incompatibilidad entre prestaciones que tienden a cubrir riesgos sociales diferentes y complementarios, que, además, responden al cumplimiento de obligaciones constitucionales distintas en resguardo de los derechos de las personas con discapacidad.

La pensión no contributiva por invalidez es una prestación dineraria conferida ante la situación de precariedad económica y la dificultad para generar ingresos laborales, y resguarda el derecho a la seguridad social, que cubre los riesgos de subsistencia (art. 14 bis, Constitución Nacional y art. 9, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales); y el acceso a un nivel de vida adecuado, que comprende alimentación, vestido y vivienda, como así también una mejora continua de las condiciones de existencia (art. 11, inc. 1, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), mientras que la cobertura de salud, por el contrario, se relaciona con el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (75, inc. 22, Constitución Nacional, art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por ley 23.313, y arts. 25 y 26 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por ley 26.378).

Tutela judicial

“G., R. E. c/ Comisión Médica Central y/o ANSES s/recurso directo ley 24.241 s/recurso directo ley 24.241”

Según la Corte, “es irrazonable que personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y formulan pretensiones de carácter alimentario, que se relacionan con su subsistencia y mejor calidad de vida, se vean compelidas a acudir a tribunales que distan centenares o miles de kilómetros del lugar donde residen, debiendo afrontar los costos que se derivan de tal circunstancia”.

“La Cámara Federal de la Seguridad Social tiene su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y concentra la totalidad de las apelaciones ordinarias deducidas en las causas previsionales que se inician en todo el país, por lo que cualquier adulto mayor o persona incapacitada de trabajar que decida impugnar judicialmente actos de la Administración Nacional de la Seguridad Social debe litigar allí; lo que conduce a que personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y formulan pretensiones de carácter alimentario, que se relacionan con su subsistencia y su mejor calidad de vida, se ven compelidas a acudir a tribunales que distan centenares o miles de kilómetros del lugar donde residen, debiendo afrontar los costos que el cambio de sede implica”, agregaron.

Exigencia de residencia continua a los extranjeros para acceder a una pensión por invalidez

“Recurso de hecho deducido por el Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Social en la causa Miranda Castillo, Gloria Trinidad c/ Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Social de la Nación s/ amparo ley 16.986”

La actora promovió acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional a fin de que se lo condene a tomar las medidas pertinentes para otorgar la pensión por invalidez regulada por la ley 13.478 y solicitó la declaración de inconstitucionalidad del decreto reglamentario, en cuanto exige a los extranjeros acreditar una residencia mínima continua en el país de veinte años.

La Corte, por mayoría, recordó que sus sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de ser dictadas y señaló que la actora había obtenido la ciudadanía argentina por naturalización durante el transcurso del proceso, por lo que a la luz de su nueva condición de argentina naturalizada, el agravio había perdido virtualidad. Por ello, declaró inoficioso emitir pronunciamiento en las actuaciones.

El juez Horacio Rosatti, en disidencia, consideró que no obstaba a la intervención del Tribunal el hecho de que la actora haya obtenido la ciudadanía argentina por naturalización ya que subsistía el interés en relación al período anterior a la adquisición de la nacionalidad durante el cual la actora mantenía la condición de extranjera y consideró que el plazo de 20 años exigido a los extranjeros para poder gozar de los beneficios de la pensión luce manifiestamente irrazonable en los términos del art. 28 de la Constitución Nacional.

Derecho a vivienda digna, menores y discapacidad

'Q. C. S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ amparo'

El máximo tribunal revocó la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en consecuencia, ordenó al gobierno local que garantice a una madre y su hijo discapacitado, que se encontraban en “situación de calle”, un alojamiento con condiciones edilicias adecuadas, sin perjuicio de contemplar su inclusión en algún programa de vivienda en curso o futuro para la solución permanente de la situación de excepcional necesidad planteada.

Obra social y acompañamiento terapéutico

“V., V. c/Mutual Federada 25 de Junio - Federada Salud s/prestaciones médicas”

Según la Corte Suprema, “el rechazo de la acción de amparo iniciada por la madre de un niño con discapacidad contra una obra social a fin de que ésta brinde la cobertura de escuela especial y del acompañamiento terapéutico extraescolar domiciliario es arbitrario, pues la cámara sustentó su decisión en lo dispuesto en un tramo de la resolución 1293/2020 de la Superintendencia de Servicios de Salud en lugar de efectuar un examen integral del dispositivo normativo, máxime cuando el art. 5 de la citada norma destaca que la evaluación de la persona con discapacidad tenía por finalidad asegurarle servicios accesibles, suficientes y oportunos; a la par que con la acción se procuraba la tutela de los derechos a la salud y a la educación de un niño con discapacidad en una situación de particular vulnerabilidad, dado el contexto sanitario adverso generado por la pandemia”.

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