La reciente sanción y publicación de la Ley (CABA) 6845 marca un endurecimiento en las políticas de cobro de deudas alimentarias en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al modificar la Ley 269 - Registro de Deudores Alimentarios Morosos-, la nueva norma no solo automatiza la vinculación registral del deudor, sino que introduce una figura de 'retención judicial previa' que impacta directamente en las transacciones sobre bienes inmuebles y muebles registrables.

Vinculación automática con el Registro de Anotaciones Personales

El primer cambio fundamental se da en el artículo 14 de la Ley 269. A partir de ahora, la sola anotación en el Registro Público de Deudores Alimentantes Morosos conlleva, de forma automática, la anotación en el Registro de Anotaciones Personales dependiente del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI).

Esta medida asegura que cualquier consulta de inhibiciones o anotaciones personales arroje inmediatamente la situación de morosidad alimentaria, sin necesidad de trámites judiciales adicionales para su reflejo en el RPI. Del mismo modo, la baja en el registro de deudores implicará la baja automática en el de anotaciones personales.

El nuevo Artículo 14 bis: Retenciones en el acto de disposición

La modificación más relevante para la práctica profesional es la incorporación del artículo 14 bis. Esta disposición establece un protocolo obligatorio para actos de disposición, transmisión, cesión o modificación de derechos reales sobre bienes con asiento en CABA:

• Notificación previa: Si al solicitar los certificados o informes surge una anotación relacionada con deudores alimentarios, se debe notificar al Juzgado interviniente antes de otorgar el acto.

• Determinación de sumas: El Juez será quien determine las sumas a retener, en caso de corresponder, para cubrir la deuda alimentaria pendiente.

• Alcance extendido: Esta obligación no se limita solo a inmuebles, sino a cualquier acto de disposición donde se requieran certificados al Registro de Anotaciones Personales.

Impacto en la labor de escribanos y abogados

Para los profesionales que intervienen en estas operaciones, la Ley 6845 supone un nuevo control de cumplimiento:

1. Imposibilidad de ignorar la deuda: Ya no basta con la mención de la deuda en el informe; ahora existe un deber de comunicación judicial previa al perfeccionamiento del acto.

2. Seguridad para el alimentado: La norma busca que el patrimonio del deudor (por ejemplo, el producido de una venta inmobiliaria) responda prioritariamente por sus obligaciones alimentarias antes de que los fondos salgan de su esfera patrimonial.

La Ley 6845 profundiza la operatividad del Registro de Deudores, transformándolo de una base de datos informativa en un obstáculo concreto y económico para quienes pretenden disponer de sus bienes manteniendo deudas de carácter alimentario.

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