En los autos “Pereira, Gabriela Virginia c/Fida, Fabián s/diligencia preliminar”, la Sala A de la Cámara Comercial consideró que no resultaba procedente el dictado de una medida cautelar de intervención de la sociedad en grado de administración toda vez que debía ser solicitada mediante una acción autónoma cautelar, sujeta a la posterior promoción de la acción de fondo o ser peticionada en el marco de ésta.

Para así decidir, el Tribunal destacó que los fundamentos por los que se solicitó esta acción legal resultan manifestaciones genéricas sin que se hubiera indicado en forma concreta y detallada cuales serían aquellas constancias que demostrarían el accionar irregular del administrador en el seno de la sociedad o el perjuicio que estaría ocasionando a dicho ente, adjuntando las piezas que demostrarían tales alegaciones.

Hechos

La actora, tras invocar su calidad de socia de una SRL, inició una acción solicitando, en los términos de los artículos 323, incisos 5 y 10 del CPCC, que se requiriera la presentación de los documentos de la sociedad y se lo citara para que reconociera su obligación de rendir cuentas. Fundamentó su petición en la necesidad de promover una demanda por rendición de cuentas, cobro de pesos y daños y perjuicios, y en la obtención de información para precisar las utilidades obtenidas por la sociedad.

En primera instancia se ordenó intimar al demandado, en su calidad de socio gerente de la SRL, a exhibir los libros sociales, contables y documentación financiera y patrimonial a la actora. Sin embargo, la exhibición fue parcial, lo que motivó a la actora a solicitar la intervención de la sociedad, alegando dudas sobre la situación contable y jurídica de la empresa, reticencia del demandado y un presunto deterioro patrimonial.

El juez de primera instancia desestimó la pretensión de ordenar la intervención de la sociedad, considerando que la medida era inoportuna dado que la accionante ya había tenido acceso parcial a los libros de la sociedad y había solicitado la citación del socio gerente para que rindiera cuentas.

Sentencia de la Cámara Comercial

La Cámara confirmó la decisión de primera instancia, señalando que el objeto del proceso era una diligencia preliminar destinada a obtener documentación para una futura acción de rendición de cuentas y cobro de daños y perjuicios.

El tribunal sostuvo que la intervención judicial, al ser una medida cautelar, debía ser solicitada mediante una acción autónoma cautelar o en el marco de la acción de fondo, cumpliendo con los presupuestos del art. 198 del CPCC y el artículo 114 de la LGS, los cuales no se consideraron configurados en el caso.

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