La sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó una sentencia y condenó a la empleadora a indemnizar a un trabajador despedido por un posteo injurioso, ya que no probó que él lo haya realizado.

En el caso “N., D. S. c/ S. C. S.A. s/ Despido”, el actor, que se desempeñó durante más de 11 años como empleado de seguridad, mediante misiva, impugnó la causal rescisoria endilgada, negó la existencia y el contenido de supuestas publicaciones injuriosas contra la firma, que fuera el titular del sitio donde se habrían realizado dichas publicaciones y que haya sido él quien las efectuó.

De esta manera, cuestionó el despido con causa y reclamó la indemnización correspondiente a la ruptura del vínculo incausado.

En tanto, la compañía explicó que, mediante pruebas testimoniales y un acta notarial que incluía la constatación de diferentes publicaciones agraviantes en la red social Facebook, se comprobó que el ex dependiente habría realizado comentarios que contribuyeron a su desprestigio, por lo cual se justificaba el despido. Citó diversas normas que fueron transgredidas por el actor, como los artículos 63, 68, 83,84, 85 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

La sentencia de primera instancia

La sentencia de primera instancia hizo lugar en lo principal a la demanda. Indicó que, en casos como estos, debe tenerse en cuenta que quien alega un hecho en apoyo del derecho invocado, no sólo debe precisarlo sino –además- probarlo, para otorgar al sentenciante los elementos necesarios que le permitan efectuar una adecuada valoración del mismo, no pudiendo eximirse de tal obligación, por el hecho de que la contraparte no haya acreditado la razón por ella invocada.

Y remarcó que, aún en aquellos supuestos en que se considera acreditado el hecho, también han de ponderarse otras circunstancias a fin de determinar la entidad de la injuria, tal como los casi 12 años de antigüedad del trabajador en la empresa; y en esta situación, esta última debía acreditar - por la ausencia de antecedentes disciplinarios del dependiente- que el hecho constituía una falta de entidad tal que justificaba la máxima de las sanciones posibles, cual es el despido

Así, estimó que el empleador, siguiendo las reglas del art. 63 de la LCT debió ajustar su conducta a lo que es propio de un buen empleador, principio de buena fe, y también a lo dispuesto en el art. 10 con relación a la conservación del contrato, lo que excluye toda forma de comportamiento precipitado a la extinción del contrato de trabajo.

Con esos fundamentos, el juez consideró que la falta invocada por la accionada, aun en el supuesto de haberse probado, si bien sancionable, no hubiera revestido entidad suficiente para disponer de modo directo el despido.

Luego, la demandada interpuso un recurso de apelación, en el que sostuvo que el despido dispuesto fue ajustado a derecho.

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La decisión de la Cámara

Para los camaristas María Dora González y Víctor Pesino, si bien la firma acompañó un acta notarial que daba cuenta de una página en la red social Facebook donde se realizaron publicaciones agraviantes contra ella, ese hecho no era suficiente para acreditar que la página fuera del actor y que haya sido él quien realizó las publicaciones.

Sostuvo que, conforme a “la negativa del actor de los hechos que se le endilgan y conforme a las reglas que rigen en el campo de la prueba, era carga de la apelante acreditar dichos extremos (cfr. art. 377 del CPCCN)”.

“Si bien el acta notarial acompañada en la contestación de demanda da cuenta que en una página de internet llamada “Tati Núñez” de la red Facebook se realizaron diversas publicaciones agraviantes contra la empresa demandada, no se acreditó que dicha página pertenezca al actor y que, en su caso, aquél haya realizado las publicaciones”, agregaron.

Respecto a la impugnación que hizo la empresa apelante sobre las declaraciones testimoniales producidas en la causa, explicaron que sólo se limitó a cuestionar el valor probatorio otorgado en primera instancia a los testimonios traídos por su parte, pero no analizó el contenido de los mismos porque no mencionó el nombre de los deponentes ni las circunstancias relatadas.

De esta manera, para los magistrados, no era posible elucidar cuáles fueron los supuestos errores o desaciertos incurridos por la “a quo” en la valoración de dicha prueba.

Y agregaron que “el demandado no aportó pruebas idóneas y objetivas al respecto, como podía ser una pericia informática, un oficio a la red social u otras para acreditar la titularidad de la cuenta o que fue el actor quien publicó ese contenido y se pueda en consecuencia justificar el despido, siendo insuficientes también las declaraciones testimoniales en tal sentido, cuando por otro lado por la antigüedad del empleado el caso ameritaba un examen exhaustivo de la cuestión (arts. 242 y concordantes de la LCT)”.

De esta manera, confirmaron el fallo de primera instancia.

La sentencia de primera instancia

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La decisión de la Cámara

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