La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó el fallo que declaró injustificado el despido de un trabajador del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., desvinculado en enero de 2017 bajo el argumento de una supuesta “pérdida de confianza” vinculada a movimientos inusuales en sus cuentas bancarias personales.

El empleado, que se desempeñaba como analista junior y contaba con casi 23 años de antigüedad sin antecedentes disciplinarios, había sido destituido luego de una investigación interna iniciada por alertas del sistema de Prevención de Lavado de Activos.

Según la entidad bancaria, se detectaron operaciones por montos elevados que no se correspondían con su perfil de ingresos. Sin embargo, el trabajador sostuvo que los fondos provenían de ahorros, inversiones familiares y bienes heredados, y que esa operatoria pertenecía a su esfera privada como cliente del banco.

En primera instancia, la Justicia consideró que la entidad no logró acreditar que esas operaciones personales hayan generado un perjuicio al banco ni que guardaran relación con el desempeño laboral del actor. Además, destacó la falta de precisión y consistencia de la auditoría interna utilizada como sustento del despido, así como la desproporcionalidad de aplicar la sanción más grave sin haber agotado instancias disciplinarias previas.

Al resolver la apelación, la Sala I de la Cámara del Trabajo ratificó que no existió injuria laboral en los términos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. También cuestionó que la entidad utilizara información protegida por el secreto bancario para fundar una sanción laboral y remarcó que, pese a la supuesta gravedad de los hechos, no se acreditó la realización de un Reporte de Operación Sospechosa ante la UIF. De este modo, el tribunal confirmó la condena indemnizatoria, con ajustes parciales, y reafirmó el límite del poder disciplinario del empleador frente a la vida privada del trabajador.

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