La sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó una sentencia y condenó a la empresa Remax Argentina SRL a indemnizar a una empleada que se consideró despedida ante la falta de registración laboral.

Los jueces entendieron que existió una relación de dependencia y no una relación contractual colaborativa -como fuera aludida por la empresa-, ya que la actora prestó tareas dentro de la estructura organizativa de la firma, de cuyos riesgos y beneficios resultó esencialmente ajena; no lo hizo en forma autónoma e independiente sino que se encontró sujeta a las facultades de dirección y organización de la demandada.

En el caso “S., M. E. c/ Remax Argentina SRL y otros s/ Despido”, la sentencia de grado rechazó la demanda por despido de la actora. Esta, luego, cuestionó la decisión por considerarla infundada.

Luego sostuvo que mantuvieron una, ya que desempeñaba tareas de promoción y venta de propiedades para la demandada, por lo que rige la presunción prevista por la norma del art. 23 LCT.

Remax Argentina dijo la actora no era empleada de su parte, sino que era dependiente de las distintas franquiciadas.

Las declaraciones de los testigos y la primacía de la realidad

Los camaristas Beatriz Ferdman y Gabriel de Vedia señalaron que debía analizarse 'la existencia de prueba idónea que permita acreditar la relación de dependencia con la demandada o si la relación contractual colaborativa se enmarcó bajo la órbita de otras figuras como la franquicia y si ello es suficiente para desvirtuar la presunción legal prevista en el art. 23 LCT”.

Los magistrados, tras analizar las declaraciones de los testigos, explicaron que la trabajadora desempeñaba tareas como agente inmobiliario dentro de las oficinas de Remax y que utilizaba los servicios informáticos (redes y página web habilitada por la codemandada) para publicitar las propiedades otorgadas para las operaciones inmobiliarias requeridas por los propietarios.

Si bien los testigos propuestos por la demandada enfatizaron que los ‘clientes’ eran de cada uno de los agentes y que cada uno de ellos llegaba a las oficinas y realizaba sus actividades de promoción de las propiedades o búsquedas sin ocupar parte de la organización de la empresa, los jueces entendieron que era inusual que “cualquier agente inmobiliario ‘pase por las oficinas de Remax’ entre y utilice los sistemas de la red de publicaciones de dicha empresa, use las instalaciones –aunque tan sólo sea para tener un escritorio asignado y una silla- complete las operaciones de venta o alquiler y sin más se retire del establecimiento sin responder a ningún jefe u orden determinada”.

De esta manera, llegaron a la conclusión de que la actora prestó tareas como agente inmobiliario como parte de la estructura organizativa de la firma, de cuyos riesgos y beneficios resultó esencialmente ajena.

“No lo hizo en forma autónoma e independiente sino que se encontró sujeta a las facultades de dirección y organización de la demandada, pues más allá de su habilidad para conseguir potenciales clientes, la estructura empresaria le permitió no sólo atraer esos clientes sino concertar operaciones comerciales que determinaron ganancias para la empresa, sobre todo si se tiene en cuenta que los mismos clientes manifestaron haber recibido un comprobante factura de la operación concertada -alquiler- en la cual suponía estaban los datos de Remax y los datos de la agente operante, pues para él fue determinante que la firma avalara la operación inmobiliaria a quien le había confiado la promoción de su propiedad”, explicaron.

La empleada, ajena a la estructura empresaria

Los elementos probatorios reunidos en la causa - prescindiendo de quien los ha aportado- no permiten desactivar la presunción dispuesta en el art. 23, ya que, contrariamente a los sostenido por el apelante el principio de primacía de la realidad impide considerar que los servicios prestados por la actora en el marco de una organización empresaria ajena y bajo sus directivas estuvieran motivados por otras circunstancias, relaciones o causas ajenas a un contrato laboral o que la actora revistiera la calidad de “empresaria”.

“En definitiva, quedó demostrado que la actora brindó una prestación de servicios a cambio de una remuneración -dependencia económica- y que dicha prestación era realizada inmersa en una organización empresaria ajena -dependencia jurídica-, en forma regular y que debía someterse para la ejecución de su tarea al poder de dirección y organización –que no afectaba su tarea específica sino la posibilidad de contactarse con potenciales clientes y utilizar el nombre de la reconocida marca para promocionar en un espacio habilitado en función de dicha marca registrada-, sin que surja de ninguna de las pruebas colectadas en la causa que la accionante tuviera alguna injerencia en la organización de las promociones o visitas a las propiedades, máxime cuando el propietario era quien autorizaba por noventas días exclusivos se ofertara su propiedad por intermedio de la empresa Remax y no por intermedio de la actora”, concluyeron los jueces.

“La trabajadora no tuvo autonomía en su prestación de servicios o en la formas y lugar de trabajo, pues más allá de aclarar que dichos supuestos no han sido acreditados por otro medio probatorio que permita entender tan amplia modalidad en cuanto a la autonomía, lo cierto es que estuvo sujeta a la organización empresaria, ya que para poder publicar un inmueble en la red del sitio web de la empresa requería las autorizaciones de exclusividad conferidas por los propietarios de esos inmuebles. Lo mismo respecto a mostrar una propiedad para otro cliente que quisiera comprar o alquilar”, enfatizaron.

En definitiva, revocaron la sentencia de grado, consideraron ajustado a derecho la situación de despido en que se colocó la actora y ordenaron indemnizarla, no sólo con los montos correspondientes a la ruptura del vínculo incausado, sino también con las multas contempladas en el art. 2 de la ley 25.323, en tanto fue obligada a litigar, y en los artículos 8 y 15 de la LNE, en ya que el contrato de trabajo se encontraba sin registrar en su totalidad y la accionante cumplió con los recaudos formales.

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