La Cámara del Trabajo de Viedma hizo lugar al reclamo indemnizatorio de una mujer que había sido despedida por su empleadora en tanto el video que se incorporó como prueba había sido recibido por la demandada a través de WhatsApp y, en esos casos, no puede determinarse el geoposicionamiento, fecha de captura y resolución original del hecho cuestionado.

En el caso “N. Y. J. B. c/ Arias Hermanos S.A. s/ Ordinario”, la actora explicó que se desempeñaba para la demandada en la categoría experta en servicios del CCT 776/19 y que sus tareas consistían en la reparación, servicio e inspección de vehículos, con una jornada de trabajo que se extendía de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 14 a 18 hs.

Indicó que el 14 de diciembre de 2021 debió ausentarse de su lugar de trabajo por padecer de un estado gripal, que concurrió a la guardia del Sanatorio Austral donde se le diagnosticó un cuadro de anginas y le prescribieron reposo laboral.

Expresó que luego de presentar el certificado médico, desde la empresa le informaron que sería despedida y que recibió una carta documento mediante la cual se interrumpió la relación laboral por pérdida de confianza.

La conducta cuestionada que originó el despido

La carta documento de despido señalaba: “Considerando que Ud. se ausentó de su puesto de trabajo desde el día 14/012/2021...; y siendo que el día miércoles 15/12/2021 Ud. fue vista (y grabada) por un compañero de trabajo en el evento “Gran Show de Pole Dance” llevado a cabo en el Centro Cultural de Viedma, disciplina que ud. practica y de la cual es instructora, lugar del cual salió vestida y maquillada como participante del Show, retirándose en su propio vehículo;...”

La actora desconoció los hechos que se le imputaron y los rechazó oportunamente mediante comunicación epistolar. Sostuvo que era inexistente la causal invocada y consideró que la sanción expulsiva era desproporcionada, ya que no se le permitió ejercer su derecho de defensa y que la actuación de la empleadora se encontraba reñida con el principio de continuidad del vínculo.

Además de la indemnización por despido incausado, reclamó el pago de diferencias salariales por la falta de pago del Adicional por Región Patagónica establecido por el artículo 59 del CCT 776/19.

La demandada negó de modo genérico y detallado los hechos, reconoció la carta documento de despido y los recibos de haberes presentados en el expediente.

Explicó que la dependiente no se presentó a trabajar e informó a su superior que tenía un terrible dolor de garganta, que luego de consultarle como se sentía, ella les respondió que seguía mal y que la situación que se prolongó el resto del día y al día siguiente.

Al otro día, aproximadamente a las 20.30, uno de los jefes de la actora advirtió que el vehículo de aquella se encontraba estacionado en las cercanías del Centro Cultural de Viedma y que por esa razón le consultó si necesitaba algo, recibiendo como respuesta que estaba mejor y que solo tenía una contractura.

Afirmó que fue captada en video saliendo del Centro Cultural con ropa brillante y subiendo a su vehículo. Agrega que era de público conocimiento que ese día se realizaría el “Gran Show de Pole Dance” y que, como la actora practicaba esa disciplina, poco quedaba por analizar.

De esta manera, desde su punto de vista, se acreditó que la actora abusó de los institutos que protegen la salud y el salario de los trabajadores y que “mintió descaradamente a su superior”, injuria que no consentía la prosecución del vínculo por lo que fue despedida.

Los problemas de los videos recibidos por Whatsapp

Los camaristas Carlos Valverde, Gustavo Guerra Labayén y Rolando Gaitán explicaron que la primera cuestión a resolver resultaba ser la cuestión referida al despido directo mediante el cual la demandada puso fin a la relación laboral.

“En conformidad con lo dispuesto por los artículos 242 y 243 de la L.C.T., corresponde valorar prudencialmente si la causal esgrimida, tal como fue notificada, se considera acreditada y, en tal caso, resolver si se entiende que el hecho reviste una gravedad tal que justifica el despido directo, en el modo en que fue dispuesto y notificado”, añadieron.

Para los camaristas, el hecho que debía acreditarse es que el día 15 de diciembre de 2021 la actora Nuñez fue vista y grabada por un compañero de trabajo en el evento que se cita y en el lugar que se indica, de donde salió vestida y maquillada como participante del Show.

Así, no estaba en discusión que la actora había faltado ese día y el anterior invocando razones de salud. El episodio imputado fue negado por la actora, así como su participación en el show, explicaron los jueces y enfatizaron que eso era lo que debía acreditar la demandada.

Como elemento de prueba, existía un video en el cual se ve a la actora, o a alguien muy parecido, subirse a un Peugeot de color azul cuya titularidad corresponde a ella.

“Este elemento de prueba, en conformidad con la explicación brindada por el perito informático, no resulta útil para acreditar que día ni a qué hora ocurrió el hecho, dado que “el envío de un archivo de video a través de la aplicación Whatsapp genera una compresión del video y elimina los metadatos relacionados al dispositivo de captura. Cuando un archivo no posee metadatos, no es posible determinar el dispositivo de captura (marca, modelo), resolución original, geoposicionamiento, fecha de captura y resolución original”, explicaron.

Tampoco se presentó a declarar como testigo la persona que, supuestamente, habría obtenido la filmación, agregaron.

De esta manera, consideraron que no se ha acreditado la base fáctica que dio motivo al despido con causa y, consecuentemente, considerar al mismo incausado en los términos de la LCT, por lo que hicieron lugar a la demanda en cuanto pretendía la condena al pago de las indemnizaciones derivadas del despido reclamadas.

Con respecto a las diferencias salariales derivadas del incorrecto pago de haberes, explicaron que no se ha cumplido con la obligación de pago establecida por el artículo 59 del CCT que regía la relación, por lo que debían abonarse.

De igual manera, concluyeron que procedía la condena a la entrega de los certificados previstos en el artículo 80 de la LCT.

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