Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados busca reformar el Código Civil y Comercial de la Nación para establecer un procedimiento de desalojo 'ágil, transparente y justo', inspirado en el modelo de 'desahucio exprés' de España.

La iniciativa, impulsada por la diputada Marcela Marina Pagano, propone cambios significativos que, según sus fundamentos, buscan dinamizar el mercado de alquileres y brindar seguridad jurídica a los propietarios, aunque ya genera interrogantes sobre su impacto en sectores más vulnerables de la población.

Actualmente, el proceso de desalojo en Argentina es 'extremadamente lento y falto de efectividad', con demoras que pueden extenderse por meses o incluso años para que los propietarios recuperen sus inmuebles. Esta situación, según la presentación del proyecto, 'desalienta la inversión en el mercado de alquileres, promueve la informalidad contractual y crea un clima de inseguridad jurídica'.

Puntos clave del proyecto de ley

-Vía sumarísima y exclusión de mediación

La propuesta establece que los desalojos de inmuebles con contrato escrito y registrado ante la AFIP quedan 'excluidos de la instancia de mediación previa y obligatoria' y tramitarán por la vía del 'juicio sumarísimo'.

-Plazos reducidos

En casos de falta de pago u ocupación ilegítima, el juez podría disponer el 'lanzamiento dentro de un plazo máximo de treinta (30) días corridos desde la notificación de la demanda', salvo prueba justificada por parte del demandado. Una vez admitida la demanda, se intima al demandado a desalojar en diez días o a comparecer con pruebas.

-Lanzamiento inmediato

Si el demandado no comparece o no justifica su ocupación, el juez dictará sentencia de desalojo 'sin más trámite y ordenará el lanzamiento inmediato'.

-Lanzamiento provisional

El juez podrá ordenar un lanzamiento provisional del inmueble incluso antes de la sentencia definitiva si se acredita la existencia de un contrato registrado, la falta de pago por más de treinta días, y la falta de consentimiento del locador a la ocupación actual. Este lanzamiento deberá ejecutarse en un plazo de quince días corridos.

-Situaciones especiales post-desalojo

Un aspecto controvertido del proyecto es que la revisión y evaluación de situaciones civiles especiales, como la presencia de personas enfermas, menores de edad o adultos mayores, se tramitará 'en forma separada mediante un juicio ordinario posterior al desalojo'.

Esto implica que la autoridad judicial ordenará el 'desalojo efectivo del inmueble' en primera instancia , y solo después se analizarán estas situaciones en un juicio ordinario posterior.

Argumentos a favor

Los fundamentos del proyecto resaltan que la iniciativa busca 'restaurar el equilibrio entre partes, devolver previsibilidad al sistema, fomentar el cumplimiento de la ley y fortalecer el derecho de propiedad'.

Se argumenta que la eliminación de la mediación obligatoria en casos de incumplimiento manifiesto contribuye a la 'eficiencia del proceso judicial'.

Además, se espera que la agilidad del proceso fomente la inversión en el mercado de alquileres.

Preocupaciones y debates pendientes

Esta medida, si bien busca garantizar la protección de derechos, podría dejar a personas en situación de vulnerabilidad sin un lugar donde residir mientras se sustancia el juicio posterior, a pesar de que el proyecto menciona que el desalojo se realizará 'con estricto respeto a la dignidad y derechos humanos de los ocupantes, garantizando medios adecuados para su traslado y protección'.

La implementación de este 'desalojo exprés' plantea la necesidad de un análisis profundo sobre cómo se equilibrará la celeridad judicial con la protección de los derechos fundamentales de todos los involucrados.

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