El derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik, en Villa Gesell, donde por lo menos murió un hombre, generó conmoción en el país. En un principio, se investiga como un estrago culposo y ya tiene a tres personas demoradas por decisión de la fiscal Verónica Zamboni.

De acuerdo a lo informado por la Municipalidad, el hotel tenía autorización para hacer un ascensor en la parte de adelante del edificio, pero no sobre la estructura que finalmente se derrumbó, y no tenía comunicación con la torre, y que tenía una obra de aprobación de 1996.

Y agregó que se habrían realizado obras clandestinas, lo que originó el derrumbe del edificio. El capataz de estas obras y dos obreros que participaban en ellas están demorados, mientras se investiga también la responsabilidad de dos arquitectos.

La Dirección de Obras de la Municipalidad precisó, citada por el medio local El Fundador: “El pasado 20 de agosto de 2024 la Municipalidad a través de la Dirección de Edificios Privados y Espacios Públicos detecta y paraliza trabajos que se estaban realizando en el interior de la propiedad, sin contar con la debida autorización municipal”.
Y continúa: “Posteriormente a la intimación, los propietarios solicitan mediante un aviso de obra la autorización únicamente de las siguientes tareas: cambio de carpinterías, cambios de revestimientos de pisos, pintura interior, cambio de revestimiento de baños y retiro de mesadas. Estos trabajos son autorizados por la Dirección de Obras con la salvedad de que el cambio de carpinterías solo se autorizaba en planta baja, NO en altura”.

Luego, los dueños del Dubrovnik agregaron “un informe técnico sobre unas tareas preparatorias de un ascensor que pretendían instalar en el sector de recepción (próximo a la vía pública, que no es parte de la actual estructura colapsada), como así también la solicitud de autorización para la construcción de un tabique de pasadizo de este ascensor pretendido”.

Construcción de obras: los reglamentos y responsabilidades

En el aspecto penal, la causa, que se tramita como estrago culposo, está a cargo de la fiscal Verónica Zamboni, funcionaria que tuvo a su cargo el expediente por el homicidio de Fernando Báez Sosa.

El artículo 189 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de un mes a un año, e inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de la condena, el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos. Si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona, o causaré la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cinco años, con más, en su caso, inhabilitación especial de cinco a diez años”.

En el aspecto administrativo y civil, en Argentina existen dos reglamentos que deben respetarse: uno es el urbanístico, que pertenece a los municipios, los cuales deciden si se puede hacer o no la construcción, como así también qué tipo de obra y la zona donde se realizaría, y el técnico, que abarca a todo el país y que se evalúan “las zonas bioclimáticas y las acciones a aplicar”, todo eso dependiendo de la ubicación de la construcción.

En este marco, se divide en zonas según si tienen sismos, vientos, nieve y sales, entre otros factores. Por ejemplo, para autorizar las obras, se tienen en cuenta esos fenómenos y su agresividad. En los partidos de la costa atlántica argentina, es necesario utilizar un recubrimiento de pasta de cemento en los hierros de la construcción para evitar el desgaste.

Luego, los organismos de control piden documentación, planos y cálculos y ante lo presentado se autoriza o no la obra.

Sobre las responsabilidades, habrá que analizar si “actuó un profesional” y si este tuvo en cuenta la parte estructural y los requerimientos específicos de la zona. Además, también pueden llegar a ser responsabilizados tanto los propietarios como la municipalidad.

En el caso de los dueños del establecimiento hay que analizar si realizaban los mantenimientos y la refacción correspondiente y si emplearon a un profesional calificado para esa tarea para determinar eventuales responsabilidades penales y/o civiles.

En cuanto a la municipalidad, para tener por configurada la obligación estatal de resarcir debe acreditarse: a) la presencia de un daño cierto; b) que el Estado haya incurrido en una falta de servicio; y c) la existencia de una relación de causalidad directa entre la conducta estatal impugnada y el daño cuya reparación se persigue.

En síntesis, se resalta la responsabilidad del Estado en materia extracontractual y el deber de seguridad y prevención.

En estos casos, la conexión causal entre la omisión y el daño ocasionado debe surgir con claridad, siendo una conclusión lógica y razonable pensar que la diligente y adecuada realización de las inspecciones municipales habría evitado la habilitación de una vivienda ruinosa e inhábil para su destino.

Pero hay que remarcar que un sector de la doctrina considera que no se puede extender irrazonablemente la responsabilidad del Estado por la presunta omisión en el deber de policía de la construcción. Puede pasar que haya realizado los controles de rigor y que el inconveniente haya surgido después. Tratándose de una cuestión técnica, el dictamen pericial resulta el medio probatorio idóneo.

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