El Gobierno nacional derogó tres resoluciones que obligaban a distintos sectores a cumplir con el Estado un determinado régimen de información.

A través de la Resolución 226/2024, la cartera encabezada por Pablo Lavigne y que depende del Ministerio de Economía, adujo que la información que se solicitaba “no se utilizaba para ningún fin razonable, no tenían utilidad para el desarrollo de políticas públicas”.

Y remarcó que “las derogaciones se llevaron a cabo con motivo de alinear las políticas de regulación del mercado interno a una Administración Pública de procesos tendientes a su desburocratización y simplificación”.

“La eliminación de estas resoluciones reduce la burocracia estatal y simplifica los vínculos entre las empresas y la administración pública”, añadió la Secretaría de Comercio.

Qué normas se derogaron

La Resolución 226/2024 derogó:

• La resolución 65/1990 de la ex Subsecretaría de Industria y Comercio, que obligaba a las empresas a presentar ante la ex Dirección Nacional de Análisis de Precios y Abastecimiento detalles de la producción de venta y existencias para el mercado interno y ventas al mercado de exportación. También exigía presentar datos de los cinco clientes principales.

• La resolución 62/2013 de la ex Secretaría de Comercio Interior que indicaba que los proveedores de materiales para la construcción que pretendían canjear los Certificados de Depósito para Inversión (CEDIN) originados debían inscribirse en un Registro de Proveedores de Materiales para la Construcción. Esto regía tanto para personas físicas como jurídicas.

• La resolución 176/2014 que obligaba a las prestadoras de servicio de comunicaciones móviles a informar mensualmente la totalidad de los planes ofrecidos en todas las modalidades posibles de prestación del servicio. Además, debían informar los precios de todos los servicios incluidos.

Otras normas derogadas en 2024

La Secretaría de Comercio explicó que “las tres resoluciones derogadas se suman a las 69 normas eliminadas por el Gobierno que obstaculizaban las relaciones entre las empresas y el Estado, aumentando su rol intervencionista”.

A fines de enero de este año, mediante la Resolución 51/2024, la actual administración ya había eliminado otros regímenes de información.

En aquella oportunidad, fundamentó la necesidad de derogar distintas resoluciones y disposiciones vinculadas con regímenes de control de precios, abastecimiento y/o de requerimientos de información o de cumplimento de distintas obligaciones que apartaron a la Secretaría de Comercio de las misiones y funciones 'genuinas' que le han sido asignadas que es velar por la transparencia y la libre competencia, la prevención y/o represión de conductas ilícitas, entre otras.

'Resulta indispensable alinear las políticas de regulación del mercado interno en el sentido antes expuesto, procediendo a una verdadera desburocratización y simplificación de los procesos productivos en relación con el consumidor, así como a la eliminación de todas las trabas y obstáculos al comercio que solo han generado incrementos en los costos de transacción para los proveedores y el consecuente encarecimiento de los precios de los bienes y servicios para los consumidores', explicó.

Entre estas normas derogadas se encontraban el sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos (SiFIRE), y el régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante la gestión de Alberto Fernández (conocido como SIPRE).

También derogó normativas complementarias a Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas a través del DNU 70/20023 del presidente Javier Milei, que establecían su supervisión y cumplimiento.

Entre otras normas eliminadas se encontraba la resolución 386/2015 que creaba el programa “acceso de productos regionales argentinos en las grandes superficies de venta”, cuyo objetivo era promover la comercialización de productos regionales argentinos de consumo masivo, elaborados por las pequeñas y medianas empresas, en grandes superficies de venta de productos de consumo masivo.

Y se eliminaron normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada, la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidad vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores.

“El sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria”, explicó la Secretaría de Comercio.

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