La sala cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta confirmó -en lo principal- una sentencia que ordenó llevar adelante la ejecución de una deuda en moneda extranjera originada en un convenio de liquidación conyugal.

Los jueces tuvieron en cuenta que -al tiempo de la entrada en vigencia del DNU 70/2023- el demandado no había materializado el ejercicio de la facultad conferida por el artículo 765 del Código Civil y Comercial para liberarse de la deuda contraída en moneda extranjera dando el equivalente en pesos, por lo cual tal posibilidad había quedado vedada ante su derogación.

Incumplimiento de acuerdo y pedido de ejecución

En el caso “D., D c/ C. N., R. A. s/piezas pertenecientes”, las partes suscribieron un acuerdo de mediación a efectos de liquidar la sociedad conyugal. Convinieron atribuirle al demandado un inmueble por el cual debía abonar el 50% de su valor a su ex esposa, el cual fue fijado en la suma de u$s230.000, a pagar en cuatro cuotas. El problema surgió antes del pago de una de las cuotas ya que comenzaron a regir las restricciones cambiarias del año 2019.

La jueza de primera instancia rechazó la excepción de inhabilidad de título (falsedad de ejecutoria) incoada por el demandado y mandó llevar adelante la ejecución por la suma de u$s180.000 con más intereses y costas.

Para así decidir, destacó que no se habían cuestionado las formas extrínsecas de la sentencia ejecutada ni se adujo su adulteración o falsificación o la ausencia de alguno de los requisitos que objetiva o subjetivamente condicionen su fuerza ejecutoria.

También resaltó que el propio deudor reconoció la obligación de pago al solicitar liberarse de la obligación haciendo entrega del equivalente en moneda nacional. En consecuencia, mandó llevar adelante la ejecución por el capital reclamado con más los intereses.

La apelación del demandado y la respuesta de la actora

El demandado se agravió por el monto por el cual se decidió llevar adelante la ejecución ya que la jueza desconoció los pagos efectuados, la suma ejecutada y las propias providencias del tribunal en las que se ordenó trabar embargo y citarlo de venta por u$s130.000.

Solicitó se revoque el decisorio apelado, dejando aclarado que puede abonar el saldo de la deuda en pesos al tipo de cambio oficial vigente al momento de efectuar el pago, en los términos del art. 765 del Código Civil y Comercial (CCyCN).

Por otra parte, señaló que, suponiendo que la obligación deba cumplirse en moneda extranjera, debería aplicarse la teoría de la imprevisión contemplada por el art. 1091 del CCyC ya que existen múltiples tipos de cambios de dólares, distintas cotizaciones y restricciones impuestas por el BCRA para la adquisición de la divisa extranjera.

Así, solicitó la conversión al equivalente en pesos de los dólares que deben abonarse y lo sea al valor de cotización oficial informada por el Banco de la Nación Argentina sin adición del “impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria” (País) creado por la ley 27.541, de conformidad al artículo 765 CCCN o, en su defecto, a la modalidad que se determine como una justa composición de intereses mediante la aplicación de la teoría del esfuerzo compartido.

La actora advirtió que no hubo tendencia al pago sino a evadirlo con presentaciones del tipo cambiario que debió efectuar en la etapa procesal oportuna, es decir, al correrse traslado de la planilla de modo que se adelanta temporal e infundadamente a ello con maniobras dilatorias.

El fallo de la Cámara

Las camaristas Guadalupe Valdés Ortiz y María Isabel Romero Lorenzo recordaron que el artículo 765 del CCyCN establecía que “…Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal.”

Sin embargo, remarcaron que dicha norma fue modificada por el artículo 250 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 -vigente desde fecha 29/12/23- el cual establece: 'Concepto. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación, sea o no de curso legal en el país. El deudor solo se libera si entrega las cantidades comprometidas en la moneda pactada. Los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes'.

Luego entendieron que “ese permiso o facultad de liberarse pagando con moneda nacional ya no existe como consecuencia la modificación en la naturaleza de la obligación”.

Así, el efecto inmediato es el efecto propio y normal de toda ley: ella se aplica inmediatamente después de haber sido sancionada. Es decir, la ley toma a la relación ya constituida (por ejemplo, una obligación) o a la situación (por ejemplo, el matrimonio) en el estado en que se encontraba al tiempo en el que la ley nueva es sancionada, pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos. Los cumplidos, en cambio, están regidos por la ley vigente al tiempo en que se desarrollaron.

Sobre este punto, concluyeron que la facultad contenida en el artículo 765 del CCyC, norma supletoria vigente al momento de la celebración del acuerdo se encuentra precluida al no haber sido ejercida en forma previa a la entrada en vigencia del DNU 70/2023 por constituir una relación existente que no está agotada o una consecuencia que no ha operado todavía.

En todos estos años, el demandado nunca había propuesto la conversión y, según las camaristas, esperó la pretensión de la actora -consistente en la ejecución del acuerdo homologado- y recién, ante ello, opuso como defensa que se admita la facultad de liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal pero nunca dijo ni acreditó haber consolidado la misma a través de una pretensión de pago efectiva.

Consecuentemente, al tiempo de la entrada en vigencia del DNU 70/2023, el apelante no había materializado el ejercicio de la facultad conferida por el artículo 765 del CCyC, por lo cual tal posibilidad ha quedado vedada ante su derogación.

Teoría de la imprevisión

En cuanto a la aplicación de la teoría de la imprevisión, las juezas indicaron que “cuando un cambio de circunstancias, sobreviniente a la celebración del contrato, y ajeno a la actuación de las partes, afecta la relación de valor de las prestaciones pactadas, puede tener lugar la solución prevista en el art. 1091 del CCyC”.

En el caso concreto, indicaron que no podía tomarse en cuenta porque “el mercado financiero proporciona otras vías legales a través de las cuales puede adquirirse la moneda estadounidense, alcanzando el mismo resultado, esto es, obtener la cantidad de dólares necesarios para cancelar su obligación”.

Por último, hicieron lugar al agravio que sobre el valor total de la deuda y la fijaron en u$s130.000, ya que, en primera instancia, no se habían descontado adecuadamente las sumas que se habían pagado.

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