Por: Esteban Chiodo

Abogado. Magister en Derecho de Empresas. Especializado en Derecho Laboral y en asesoramiento en E business & Digital Companies

Introducción

El presente artículo busca analizar si con la entrada en vigencia de la Ley 27.742, la derogación de las multas laborales se aplican o no a las relaciones laborales
iniciadas con anterioridad a la sanción de dicha norma y que se prolongan luego de la derogación o, si por el contrario, solo se aplican a relaciones laborales iniciadas desde la vigencia de la ley. Para ello va a ser necesario dilucidar si las normas derogadas garantizaban o no derechos a los trabajadores.

Temporalidad de las Normas

Históricamente la temporalidad de las normas ha suscitado amplios debates en materia laboral, especialmente en relación con las conductas denominadas “in fieri”, que pueden ser las que comenzaron antes de la sanción de las normas y que se prolongan luego de la derogación de las mismas.

Como se sabe, en el derecho común, impera el principio de irretroactividad de las leyes, establecido en el Artículo 7 del CCCN. Este principio, aunque no tiene rango constitucional, es fundamental, ya que garantiza la seguridad jurídica, impidiendo que el
legislador pretenda influir en el pasado e implementar cambios en lo ya ocurrido.

Donde no resulta tan claro es en el derecho laboral, en el cual rige el Principio Protectorio, que se manifiesta a través de tres reglas, entre ellas, la que nos compete, de la aplicación de la norma más favorable para el trabajador, consagrada en el Art. 9 de la ley 20744, modificado por el Art. 66 del DNU 70/23 de vigencia al momento de redactar estas líneas.

Sostiene el Dr. Ricardo Cornaglia que “la aplicación inmediata de la ley laboral más favorable o benigna para el trabajador, es una regla instrumental del derecho social, sobre la cual la jurisprudencia del país y la mayor parte de la doctrina, vienen
manteniendo criterio ambiguo y predominantemente reaccionario. Esa actitud reaccionaria en cuanto a la aceptación de una regla general de derecho, deriva en idas y venidas de la jurisprudencia, empantanada en el lodazal de la incertidumbre. …De reconocerse que esta regla general del derecho social está vigente, se produce con ella una necesaria desactivación de la regla de la irretroactividad de la ley, en la versión más aceptada que la impone en el derecho común. Toda la batería de fallos que se fundan en interpretar y aplicar el art. 3 del Código de Velez Sarsfield, que se ve continuado en el art. 7 del nuevo Código Civil y Comercial, implica dar un rol de preeminencia al derecho común sobre el especial. Es decir, al art. 7 del C.C. y C., sobre el art. 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, que reconoce al derecho codificado civil y comercialmente, en cuanto no contradiga a los principios generales del derecho del trabajo”.

Basándome en lo dicho anteriormente, puedo concluir que cuando se sancionan leyes que deroguen normas previas, lo primordial es evaluar si dichas derogaciones afectan derechos. Solo entonces, especialmente en el contexto de los derechos laborales, se iniciará un debate sobre la temporalidad de la norma.

Impacto de la Ley 27.742

Respecto al tema que nos vincula, la recientemente sancionada Ley 27.742, denominada “Ley Bases”, establece, en su Título V, llamado “Modernización
Laboral”, una serie de reformas en materia laboral. Específicamente en el capítulo VI, de dicho título, la presente norma deroga en dos escuetos artículos (Art. 99 y 100)
los artículos 8 a 17 y 120, inciso a), de la ley 24.013; el artículo 9° de la ley 25.013; los artículos 43 a 48 de la ley 25.345; el artículo 15 de la ley 26.727, el artículo 50 de la ley 26.844. y la ley 25.323.

En resumen, los artículos 99 y 100 de la ley 27.742, derogan todas las multas vinculadas a la falta o deficiente registración laboral, como así también las
multas por la no entrega y/o entrega tardía de los certificados de trabajo correspondientes.

Como he mencionado, los dos artículos que derogan todas las multas que existían en el ordenamiento jurídico argentino por falta o deficiente registración laboral, son extremadamente escuetos y nada dicen respecto a su aplicación a las relaciones laborales existentes antes de la sanción de esta ley.

Ello me lleva a preguntarme ¿Si un vínculo laboral, no registrado o registrado deficientemente, nació antes de la sanción de la ley 27.742 pero al extinguirse ya se encuentra vigente la misma, se le deben aplicar las multas derogadas?

Para responder este interrogante, va a ser importante diferenciar lo que es una multa de lo que una indemnización.

Diferencia entre Multas e Indemnizaciones

Las derogadas multas, constituyen un grupo de normas que, a diferencia de las acciones resarcitorias que importan un derecho para el trabajador, atacaban directamente el patrimonio del deudor teniendo como precedente un hecho ilícito legalmente tipificado.

Las indemnizaciones (aun las tarifadas) son reparaciones de daños y constituyen un derecho para los trabajadores, ello es así por cuanto la reparación del daño
tiene siempre raigambre constitucional, ya que la reparación del daño constituye la puesta en marcha de una garantía de un derecho constitucional, “en el caso particular de la indemnización por despido, si el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece la protección contra el despido arbitrario no puede interpretarse que el legislador puede desproteger contra el acto específicamente considerado
disvalioso por el constituyente”.

Completa y totalmente diferente es la situación de las multas, las cuales no representan un derecho para los trabajadores. Veamos por ejemplo, si la multa por falta de entrega de certificados de trabajo fuese un derecho indemnizable, la indemnización por falta de entrega de Certificado de Trabajo en los términos del artículo 80 LCT sustituiría la entrega de la documentación y no es así.

Las multas laborales no constituyen un derecho para el trabajador, ya que las mismas no tienen en cuenta el daño sufrido por el trabajador, sino la conducta del empleador.

La función de las multas laborales, hasta su derogación, era la de castigar las conductas que el legislador consideraba reprochables de los empleadores.

En definitiva, nunca se podría expresar que dichas multas constituyen un derecho de los trabajadores, ya que las mismas no son indemnizaciones porque no tuvieron en cuenta el daño sufrido por el trabajador ni intentan reparar ese daño, sino que lo que tienen en cuenta es la culpabilidad del agente incriminado de la conducta reputada ilícita.

La norma que deroga de las multas por falta o deficiente registración no ha vulnerado derecho alguno al trabajador, ya que estas se centraban en la conducta del agente infractor, el empleador y no en el deber de reparar daño alguno.

Es importante no confundir el destino que tenían esas multas con los derechos de los trabajadores. Que las multas laborales hayan tenido como destinatario a los trabajadores no quiere decir que estos tengan un derecho sobre estas multas, solo eran los destinatarios. En Santa Fe, la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece multas cuyo destinatario es la biblioteca del Poder Judicial, sin que ello le represente un derecho para la Biblioteca, solo es la destinataria de dichas multas.

Lo cierto es que, para el legislador actualmente, la falta de entrega de los certificados de trabajo, como la falta o deficiente registración de una relación laboral o el no pago de las indemnizaciones previstas en los Arts 232, 233 y 245 LCT, pese haber sido intimado, NO constituyen una actitud reprochable e ilícita susceptible de aplicarse multa alguna.

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Conclusión

En resumen, puedo afirmar que la ley 27.742 es aplicable a todas las relaciones laborales iniciadas con anterioridad a la sanción de dicha norma y que se prolongan luego de la derogación, ya que no vulneran derecho alguno de los trabajadores.

Respecto a las relaciones laborales que se extinguieron antes de la sanción de la norma, no resulta aplicable la ley 27.742, ya que al momento de la extinción del vínculo, la falta o la deficiente registración laboral por parte del empleador era considerada una conducta ilícita y reprochable por el legislador.

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