El Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones n. 3 de Cipolletti (provincia de Río Negro) condenó a una empresa y al arquitecto que estaba al frente del proyecto de construcción de un edificio de ocho pisos y ordenó cuantificar el costo de las reparaciones y demás rubros indemnizatorios que deberá percibir el actor (quien sufrió daños en su vivienda, lindera a la obra).

En el caso “Sanz, Claudio Marcelo c/ Fideicomiso Urbano Alto Alem y otros s/ interdicto de obra nueva (sumarísimo)”, el actor solicitó la demolición y/o desarme – y vuelta a su estado originario- de las obras que se encuentran en plena ejecución.

Relató que, junto a su esposa, sintieron importantes temblores y al ser una casa muy antigua posee placas antihumedad, las que se habían empezado a despegar y otros daños en la pared medianera. Intentaron comunicarse con el arquitecto, y ante la imposibilidad, concurrieron al municipio.

El inspector constató la existencia de dos profundos pozos en la obra. A los pocos días, el reclamante recibió el llamado del arquitecto. Este sostuvo que, de acuerdo a los planos municipales, el actor estaría invadiendo la propiedad. El reclamante señaló que la casa llevaba construida más de 70 años, por lo que era un problema antiguo y preexistente.

El actor explicó que él y su esposa se sintieron desamparados y sintieron miedo de que ocurriera una desgracia en su hogar, por lo que tuvieron que buscar otro lugar para vivir porque, a pesar de los distintos reclamos y advertencias, la construcción nunca se detuvo.

Sostuvo que los demandados actuaron con absoluta unilateralidad y negligencia, “desconociendo toda la normativa vigente en materia de medianería y aplicando una suerte de justicia por mano propia, avanzando con absoluto atropello” sobre el terreno que supuestamente él invade. La desarrolladora demolió la medianera en los centímetros que según sus reiterados dichos estaría invadiendo el actor.

Qué dijeron los demandados

Los demandados argumentaron que la interrupción del avance de obra ocasionará un perjuicio de magnitud considerable y de imposible reparación para el accionante cuando su acción sea rechazada y solicitaron por ello se imponga una caución real de u$s100.000.

Y negaron haber realizado actos materiales o jurídicos que afecten la propiedad lindante a la construcción que se está llevando a cabo, y sostiene que no existe presupuesto de hecho para acoger la medida cautelar.

El interdicto de obra nueva

La jueza Soledad Peruzzi recordó que el Interdicto de Obra Nueva busca impedir la construcción de una obra comenzada en un inmueble ajeno, o en el mismo del afectado, que perturbe la posesión o tenencia del accionante.

Su función es obtener una sentencia que, en caso de ser favorable, admita la demanda disponiendo la suspensión definitiva de la obra, o, en su caso, su destrucción y la restitución de las cosas al estado anterior, a costa del vencido.

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Además, la norma exige, como requisito para su admisión, la situación de haberse comenzado una obra que afecte un inmueble y presupone la turbación o despojo, y que esa obra se traduzca en un menoscabo para el derecho del perjudicado.

Para la magistrada, “quedó suficientemente demostrado que la casa está dañada, y el edificio construido casi en su totalidad. Sin ánimo de cuestionar la estrategia técnica abordada por el accionante en procura de resguardar sus derechos, pues de las pretensiones que integraron su demanda quedan algunas fuera de este acotado proceso (daños, propiedad del muro lindero, etc); en cuanto a lo esencial no cabe otra conclusión más que afirmar que ha quedado suficientemente acreditado, que efectivamente el actor fue afectado en su derecho de poseer”, sostuvo el fallo.

También destacó que “las reglas de la prevención del daño se describen como una fuente de deber de los sujetos que conviven en una sociedad, en las limitaciones de cuanto ella dependa, de evitar un daño no justificado, o bien adoptar todas aquellas medidas, y conforme a las circunstancias, que sean razonables para evitar que se produzca el daño o evitar la magnitud del ya producido”.

La resolución

Desde ese punto de vista, la jueza entendió que resultaba formalmente admisible la acción de interdicto por obra nueva, puesto que se encontraban dados los presupuestos exigidos para su admisibilidad.

Y dispuso que, al haberse tornado de cumplimiento imposible una sentencia que suspenda la obra, y totalmente antieconómica y exacerbada una condena que ordene su demolición; al haberse constatado los daños causados por esa obra hizo lugar a la acción, aunque decretó que dado la situación actual, no será posible en términos actuales condenar a la solución que brinda la ley; sin perjuicio del reconocimiento de un derecho a indemnización de daños y perjuicios, que ordene a los demandados responsables a compensar al actor lo padecido luego del trámite del respectivo proceso, en el que debate mediante se determinen y cuantifiquen los daños y su reparación.

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