La Cámara Civil y Comercial Federal declaró que el contrato de transporte aéreo entre una aerolínea y un pasajero es de consumo, y por ello, declaró aplicable a una demanda contra United Airlines el trámite sumarísimo contenido en el artículo 53 de la Ley 24.240.

Para los magistrados de la Sala II, “los pasajeros que contratan los servicios de una aerolínea no son otra cosa que consumidores en los términos de la Ley 24.240, es decir, son parte en una relación de consumo al adquirir los servicios de una empresa -en el caso, dedicada al transporte aéreo internacional-“.

El juicio llegó a la alzada luego de la apelación realizada por el cliente de una empresa aerocomercial, quien había solicitado que su reclamo tramitara por la vía sumarísima prevista en el artículo 53 de la ley de defensa del consumidor, pero el juez de primera instancia ordenó que siguiera la vía ordinaria.

El actor, en su queja, advirtió que la providencia cuestionada no cumplía con los requisitos previstos por la propia normativa para dejar sin efecto el imperativo de imprimir el trámite del proceso de conocimiento más abreviado, como ser la solicitud de parte y la resolución fundada.

Los magistrados del caso “Sequeira Wolf, Germán Ariel c/United Airlines Inc s/Sumarísimo” indicaron que “la regulación especial de la ley de defensa del consumidor que fija el tipo de trámite aplicable a las acciones judiciales regidas por ese ordenamiento prevalece por sobre las normas procesales generales”.

Sobre este punto, los jueces recordaron que los pasajeros que contratan los servicios de una aerolínea no son otra cosa que “consumidores” en los términos de la Ley 24.240, es decir, son parte en una relación de consumo al adquirir los servicios de una empresa -en el caso, dedicada al transporte aéreo internacional-, en forma onerosa y como destinatarios finales, sea en beneficio propio o de su grupo familiar.

Por ende, “no puede sostenerse que queden excluidos, en forma total y generalizada, de las restantes disposiciones de la Ley 24.240”, señalaron.

“Es el propio artículo 63 de la Ley de Defensa del Consumidor el que morigera la excepción que consagra permitiendo aplicar la ley de manera supletoria, claro que en todas aquellas cuestiones procesales que no impliquen apartarse de las normas especiales”, remarcaron los jueces Alfredo Gusman, Ricardo Guarinoni y Eduardo Gottardi.

Entre esas cuestiones, destacaron que “está lo atinente al trámite previsto en el último párrafo del art. 53, el que dispone que para este tipo de contiendas debe sujetarse el procedimiento a las reglas del proceso de conocimiento más abreviado”.

“En efecto, la controversia debe sujetarse a las reglas del juicio sumarísimo, de acuerdo con la regla dispuesta en el art. 53 de la Ley 24.240. No juega en la especie el supuesto del art. 321, inciso 1), del Código de rito, y nada permite afirmar que las hipótesis contempladas en esa norma sean acumulativas”, sostuvieron.

Además, enfatizaron que el conflicto suscitado encuadraría en la regla del inciso 3) del citado artículo 321, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial, que prevé la aplicación del procedimiento del juicio sumarísimo en los supuestos como el presente, por lo que ordenaron que el reclamo siguiera la vía más expedita.

Diego S. González Vila, colaborador de Erreius online, consideró que “el transporte aéreo de personas, equipajes y mercancías es una relación de consumo y, como tal, el pasajero, que es un consumidor o usuario, merece la protección que le brinda su estatuto, la ley de defensa del consumidor, por sobre cualquier otra legislación especial, como la del Código Aeronáutico”.

En este punto, el especialista consideró que se trata de una “relación de consumo” y no de un “contrato de consumo”, para referirse, con una visión más amplia, “a todas las circunstancias que rodean o se refieren o constituyen un antecedente o son una consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y servicios para destino final de consumidores y usuarios, definición que surge de la concordancia entre los artículos 1, 2 y 3 de la ley 24240, modificada por la ley 26.361, y el artículo 1092 del Código Civil y Comercial, y es a su vez la terminología que utiliza la ley 24.240 en plena armonía con el artículo 42 de la Constitución Nacional”.

Por eso, el experto propugna la aplicación de la ley de defensa del consumidor por sobre la del Código Aeronáutico, previa declaración de inconstitucionalidad de oficio o a petición de parte (en caso de ser necesario, por ej., del art. 63 de la L. 24.240 t.o.) por parte de la magistratura, en los casos en que se presenten dudas sobre la vigencia de la ley de defensa del consumidor por sobre otro cuerpo legal.

Esta doctrina también tiene incidencia en lo relativo a la prescripción de las acciones para reclamar los daños, porque el artículo 50 de la ley 24.240 manifiesta lo siguiente: “Prescripción. Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de tres (3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales”.

Desde ese punto de vista, a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial en agosto de 2015, el consumidor tiene un plazo de cinco años para demandar por cualquier perjuicio derivado del transporte aéreo interno.

El pasajero de transporte aéreo está protegido por la Ley de Defensa del Consumidor