Por medio de la Disposición 619/2024, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía, eliminó el requisito de la Ley de Defensa al Consumidor que establece la obligatoriedad de la impresión en papel de un manual e instrucciones de uso.

El artículo 6 de la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor establece la necesidad de entregar un manual en idioma nacional sobre el uso, instalación y mantenimiento de cosas o servicios que se trate y brindar un adecuado asesoramiento.

Ahora se tendrá por cumplida esta obligación con la entrega de un soporte papel o el soporte electrónico u otro dispositivo de almacenamiento de datos del proveedor.

En este último caso, dicha información deberá estar a disposición del consumidor al tiempo del contrato, digitalizado de manera inalterable y con expresa indicación de su ubicación, para ser consultado en forma gratuita por éste en todo momento a través de medios informáticos, telefónicos u otro dispositivo similar y pueda ser impreso y/o archivado digitalmente por el consumidor.

La ubicación del manual y su modo de acceso debe estar impreso o adherido en la parte externa del producto o en su embalaje.

La misma previsión regirá en cuanto al suministro de información sobre las características esenciales de los bienes y servicios y las condiciones de su comercialización en soporte físico, exigido por el artículo 4 de la Ley 24.240.

Dicho artículo señala que “el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización.
La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte físico, con claridad necesaria que permita su comprensión. Solo se podrá suplantar la comunicación en soporte físico si el consumidor o usuario optase de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a disposición”.

La nueva norma entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Fundamentos

De acuerdo a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, era pertinente, como Autoridad Nacional de Aplicación, prever una reglamentación adecuada de los artículos 4 y 6 de la Ley 24.240, a efectos de su actualización a las más modernas prácticas comerciales, favoreciendo la preservación del ambiente y el consumo sustentable, sin rebajar ni menoscabar en modo alguno los derechos de los consumidores.

“Uno de los pilares de Autoridad de Aplicación es el alineamiento de las políticas que se desarrollen en todos los planos, a los mejores estándares internacionales o prácticas existentes, en particular en lo atinente a la protección de los consumidores o usuarios”, agregó.

En ese marco, consideró pertinente considerar las nuevas tendencias, actualizaciones en materia normativa y los principios y políticas de consumo que se vienen desarrollando en distintos foros internacionales tales como el Programa COMPAL y el Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de Protección al Consumidor de UNCTAD, así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), así como las Directrices de las Naciones Unidas sobre la materia, entre otros foros y ámbitos relacionados con la protección del consumidor.

Y agregó que, en la Ley 27.742, denominada “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, se hizo referencia concreta a que resulta necesario “la profundización de la libertad de mercados, impulsando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda como modo de ordenamiento y reactivación de la economía, facilitando el funcionamiento de los mercados y el comercio interno y externo, promoviendo la desregulación de los mercados y la simplificación regulatoria”, como parte de las nuevas políticas públicas delineadas a efectos de un reordenamiento integral de la economía en general y de la reformulación de muchos de los regímenes jurídicos existentes relacionados”.

Por ese motivo, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor consideró “indispensable alinear las políticas de regulación del mercado interno en el sentido antes expuesto, procediendo a una verdadera desburocratización y simplificación de los procesos productivos en relación con el consumidor, así como a la eliminación de todo obstáculo al comercio que sólo ha generado incrementos en los costos de transacción para los proveedores y el consecuente encarecimiento de los precios de los bienes y servicios para los consumidores”.

Para la reglamentación de los artículos mencionados anteriormente, la autoridad de aplicación indicó que tuvo en cuenta las previsiones del artículo 1106 del Código Civil y Comercial, que contempla la actualización y modernización de los contenidos contractuales y sus formas, estableciendo que el requisito de la constancia por escrito debe entenderse satisfecho si el contrato con el consumidor contiene un soporte electrónico u otra tecnología similar, con el fin de avanzar hacia la más eficiente armonización de fuentes y criterios en la protección al consumidor.

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