En el primer caso, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto rechazó una demanda por los daños y perjuicios derivados de la caída desde una escalera en un local de comida rápida, ya que consideró que existió culpa de la víctima, que bajaba con una criatura en brazos y sin prestar atención.

En su demanda, el reclamante había indicado que la caída se debió a que el piso estaba mojado, lo que le provocó un resbalón y un posterior golpe con distintas lesiones. El juez de primera instancia hizo lugar al reclamo, por lo que la empresa apeló la decisión.

El punto del caso “Prevosto Rodolfo c/Arcos Dorados Arg. S.A. s/daños y perjuicios - defensa del consumidor” estuvo en determinar si el accidente ocurrió por la acción del propio damnificado, lo que -en caso de comprobarse- eliminaría el nexo de causalidad adecuado entre el hecho dañoso y la responsabilidad de la demandada.

De acuerdo a los magistrados de la segunda instancia, de las testimoniales surgía que el actor no probó que los hechos ocurrieron del modo en que los relató en su escrito de inicio, sino que se acreditó la versión de la demandada.

Es decir, la empresa pudo demostrar que la escalera no estaba mojada y que los hechos sucedieron por la acción imprudente de la propia víctima al bajar las escaleras con una criatura en brazos y sin prestar la debida atención a la acción que emprendía.

Así, quedó demostrado que no hay relación de causalidad adecuada (art. 1726, CCCN - arts. 901/906, Código Civil) entre el hecho y el daño sufrido que pueda ser atribuida a la inobservancia de los deberes y reglamentos a cargo de la demandada, tal como lo pretendía el actor.

Por el contrario, se llegó a la conclusión de que fue un hecho del propio damnificado (artículo 1729 CCCN - art. 1111, Código Civil-) lo que le provocó las lesiones.

En el artículo “El hecho de la víctima: su estándar de valoración agravado en el estatuto del consumidor”, Ezequiel Sobrino Reig explica que “la propia conducta del damnificado puede convertirse frecuentemente en causa exclusiva o concausa del daño”.

En tal supuesto, considera que “no parece razonable trasladar, sea total o parcialmente, las consecuencias a un tercero, habida cuenta de la ausencia de concatenación causal entre su conducta y el menoscabo. El damnificado es autor material del daño por él sufrido y lo debe soportar en esa medida”.

“La conducta de la víctima apta para quebrar total o parcialmente el nexo causal no solo deberá ser imprevista, inevitable y reunir ‘gravedad’, sino que no deberá obedecer a una omisión previa del prestador, como lo es la de no tomar los recaudos necesarios para que el ascenso y descenso de pasajeros se lleve a cabo de forma ordenada.

Daños al patrimonio

En otro expediente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar a una demanda contra un local comercial por el robo sufrido por un cliente dentro del establecimiento.

El actor había promovido la demanda contra la cadena Starbucks Coffee Argentina a fin de que se lo indemnice por los daños y perjuicios ocasionados por el robo de su computadora y otros elementos de estudio sufrido en un local de Starbucks.

La Sala D, por mayoría, consideró que corresponde a la demandada garantizar la seguridad de los bienes del cliente en su carácter de explotadora del comercio donde aconteció el hecho y no se probó el caso fortuito o de fuerza mayor.

La demanda fue rechazada en primera instancia, por entender que el hecho de violencia sucedido no estuvo en condiciones de ser evitado y constituyó una clara situación de irresistibilidad, en los términos del art. 514 del Código Civil.

Los jueces Víctor Liberman y Patricia Barbieri consideraron que, en el caso “Tapia Araya c. Starbucks Coffee”, eran aplicables las normas que regulan la responsabilidad del hotelero por pérdida o daño de los efectos introducidos por el viajero.

Ello, toda vez que la redacción del nuevo artículo 1375 del Código Civil y Comercial de la Nación extiende a los restaurantes y otros establecimientos similares que prestan sus servicios a título oneroso (antiguamente excluidos por el artículo 2233 del Código Civil).

Asimismo, el tribunal señaló que la derogada norma estaba pensada para otro tiempo, no el actual, en el que resulta común que la gente concurra a establecimientos como el de la demandada con equipos tecnológicos, sean ellos computadoras personales, teléfonos celulares o tablets.

La mayoría puntualizó que el Código establece en estos casos una responsabilidad de carácter objetivo, en donde el factor de atribución no es la garantía sino el riesgo previsible que la empresa asume derivado de la actividad que desarrolla.

Esto importa ratificar la directiva general contenida en el artículo 1733, inciso e, del Código Civil y Comercial de la Nación, en el sentido de que el caso fortuito no opera como eximente de responsabilidad cuando constituye una contingencia propia del riesgo de la cosa o la actividad desarrollada.

Finalmente, concluyó que por la reiteración con la que suelen cometerse hechos delictivos como el sufrido por el actor en el local comercial de la demandada, no puede entonces calificarse la sustracción de los bienes del reclamante como un hecho fortuito o de fuerza mayor ajenos a la actividad llevada a cabo por el empresario, quien debió aportar las medidas de seguridad y prevención necesarias en función de ella y controlar el correcto funcionamiento de los mecanismos de seguridad implementados, la capacitación del personal de vigilancia asignado y la aconsejable contratación de un seguro contra todo riesgo a los fines de evitar inconvenientes de índole económica.

En disidencia, Liliana E. Abreut de Begher señaló que el perjuicio que se categoriza no responde a un daño provocado por el uso de las instalaciones comerciales, o por un defectuoso sistema de comercialización, por vicios de los productos y/o servicios ofrecidos a la venta, o por cuestiones de garantía, sino a un hecho delictivo que resulta ajeno a la relación de consumo.

De esta manera, afirmó que el asalto llevado a cabo por una persona que entra a un local con un arma de fuego es un hecho de tercero notoriamente ajeno a la relación de consumo, que no puede enrostrársele automáticamente a la demandada.

Diego González Vila, colaborador de Erreius, explica que “los usuarios y consumidores asumen, por una creación empresaria de la confianza”, que en esos espacios estarán seguros.

Es decir, que en el costo del precio al consumidor está garantizada su seguridad. En cuanto a las cláusulas exonerativas de responsabilidad, estas son nulas por ser cláusulas abusivas en los términos del artículo 37 de la ley 24240, incisos a y b, por limitar la responsabilidad por daños e importar una renuncia del consumidor, ampliando inequitativamente los derechos del proveedor de bienes y servicios.

El deber de seguridad que protege a los usuarios