El Poder Ejecutivo Nacional introdujo una modificación en el régimen sancionatorio de la Ley de Defensa del Consumidor N.º 24.240, mediante el Decreto 377/2026, que incorpora la posibilidad de pago voluntario con reducción del 50% de la multa para los proveedores sancionados.

La medida apunta a agilizar los procedimientos administrativos, reducir la litigiosidad y disminuir los costos de transacción tanto para el Estado como para los sujetos alcanzados por la normativa.

¿Qué cambia con el Decreto 377/2026?

La norma incorpora un nuevo inciso c) al artículo 45 de la reglamentación de la Ley 24.240 (aprobada por el Decreto 1798/1994), introduciendo un mecanismo de incentivo al cumplimiento voluntario de las sanciones.
En concreto, se establece que:

Cuando se imponga una multa por infracción a la Ley de Defensa del Consumidor,
El proveedor podrá consentir la sanción y
Abonar el 50% del monto fijado,
Siempre que el pago se realice dentro de los 10 días hábiles desde la notificación de la resolución.

Condiciones y límites del beneficio

El decreto fija condiciones precisas para acceder a la reducción:

El beneficio queda sin efecto si el infractor interpone el recurso de apelación previsto en el artículo 45 de la ley.
La reducción no puede dar lugar a un monto inferior al mínimo legal previsto en el artículo 47, inciso b) de la Ley 24.240.

De este modo, se preserva el piso sancionatorio legal, evitando que el incentivo desnaturalice el régimen de protección al consumidor.

Fundamentos: menos litigios y mayor eficiencia

En los considerandos, el Poder Ejecutivo señala que el procedimiento sancionatorio vigente no contemplaba descuentos por pago anticipado, a diferencia de lo que ocurre en normativas locales y en otros regímenes de comercio interior, como el Decreto 274/2019.

La medida se enmarca en un contexto de reordenamiento macroeconómico, con el objetivo de:

Reducir la litigiosidad administrativa y judicial.
Evitar mayores costos para la Administración Pública y los proveedores.
Promover una gestión pública más ágil y eficaz en la resolución de infracciones.

Entrada en vigencia

El Decreto 377/2026 entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, el 22 de mayo de 2026.

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