Los Dres. Rubén Malvitano y Jorge Gebhardt sientan su opinión amparada en la normativa legal vigente, considerando a la limitación reglamentaria como teñida con un sesgo ideológico y, pretender negar su deducción, a su juicio, implicaría desconocer que toda actividad económica se desarrolla sin contratiempos ni errores.

La cuestión planteada registra una interesante evolución a lo largo de los últimos años que, producto de diversas razones, la ha convertido en motivo de preocupación de contribuyentes y analistas.

Fundamentalmente, la problemática se vincula con sanciones que tienen origen en contratos comerciales, de concesión y en actividades reguladas y sometidas a la actuación de ciertas dependencias estatales o paraestatales de control, generalmente por fallas en la calidad con la que se presta un servicio, como los vinculados con la distribución de energía o el mantenimiento de corredores viales, y también en el obrar de otros organismos, como la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismos de defensa del consumidor, Superintendencia de Seguros, Banco Central de la República Argentina (BCRA), organismos profesionales, etc., que, en su labor cotidiana, detectan infracciones cometidas por los sujetos privados.

Entre los factores que han provocado dicha evolución, se distingue una tendencia del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) -a veces en forma directa por vía de decreto, otras a través de disposiciones de infracategoría emitidas por la AFIP- a restringir el cómputo de penalidades, a efectos de determinar el resultado impositivo del contribuyente. Ello, además, en algunos casos, con la validación de tales criterios restrictivos por parte de la justicia.

Para ello, primero se utilizó la herramienta reglamentaria de incluir en forma expresa esta imposibilidad; más tarde, se extendió el alcance de la misma norma -ya de por sí carente del imprescindible sustento legal- más allá de su propio texto, al incluir en la restricción penalidades sin origen fiscal. Aunque, aun antes de dicha extensión normativa, este había sido el criterio seguido por el Fisco en diversas actuaciones.

Esta evolución tuvo una caja de resonancia de mayor magnitud a partir de la multiplicación de casos de imposición de multas por parte de los organismos de contralor, así como de un notorio incremento en el monto de las sanciones económicas. Probablemente uno de los casos más notorios en la materia haya sido el de las entidades bancarias.

Con el ánimo de simplificar nuestro análisis y ubicar al lector en la temática abordada, identificamos a continuación algunos de los aspectos y antecedentes trascendentes que hacen a aquella:

La norma que limita el cómputo se encuentra contemplada exclusivamente en el DRIG. No se identifica una disposición dentro de la norma legal que brinde sustento a la restricción. Solo por vía de una alambicada interpretación que ponga en tela de juicio la vinculación de la penalidad sufrida con el ejercicio de la actividad generadora de ingresos gravados podría suponerse la improcedencia del cómputo. De aquí que la validez legal de la norma reglamentaria haya sido objeto de cuestionamientos.
A pesar de su antigüedad dentro del texto del decreto, hasta no hace tanto no se habían producido muchas situaciones conflictivas. Probablemente ello haya sido consecuencia de que -en general- existía un consenso en cuanto a que la limitación -más allá de su dudosa legalidad- solo abarcaba a conceptos vinculados con la fiscalidad. De allí que se intentara considerarla comprendida en el principio que daba pie a la limitación -esta sí, legal- referida a la no deducibilidad del propio impuesto a las ganancias [art. 92, inc. d) de la LIG]; persiguiendo de este modo evitar que las consecuencias del gravamen sobre la economía del contribuyente se vieran mermadas por la habilitación del cómputo (y, eventualmente, de penalidades de origen tributario), y resulte pleno respecto de la alícuota definida por el legislador. No obstante, reiteramos la falta de consideración expresa de la ley respecto de estas últimas, lo que obviamente no resulta un tema menor.
El panorama antes descripto sufrió un vuelco de proporciones cuando la conducción de la Administración Fiscal de la época emitió las circulares 1 y 2/2015, referidas a las multas aplicadas por el BCRA y a las consecuencias de que la entidad financiera se hiciera cargo de las impuestas a sus directores; supuestos que fueron considerados comprendidos en la limitación reglamentaria entonces vigente. A través de estos pronunciamientos, la ilegalidad se hizo entonces más extendida al abarcar situaciones ni siquiera comprendidas en el decreto reglamentario. Recordemos que el entonces vigente artículo 145 del decreto consideraba no deducibles “las sumas pagadas por cuenta propia en concepto de multas, costas causídicas, intereses punitorios y otros accesorios … derivados de obligaciones fiscales…”.

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Deducción de multas en el impuesto a las ganancias