El Juzgado de Familia de 2° Nominación de la ciudad de Córdoba, a cargo de Gabriel Tavip, declaró nulo un acuerdo de división de bienes que habían firmado dos personas que formaron una unión convivencial durante 14 años por considerar que la voluntad de la mujer estuvo viciada al momento de la firma por hechos de violencia de género patrimonial, psicológica y física.

En el caso “O., G. C.C/ P. R., P. A. - Ordinario - Otros”, la mujer pretendía que su expareja abandonara la vivienda que compartieron durante años y que había recibido por herencia. Para dejar el inmueble, el hombre reclamó el pago de los presuntos aportes que había hecho para las mejoras introducidas durante el tiempo que duró la unión convivencial.

Por ese motivo, firmaron un acuerdo extrajudicial de división de bienes por el cual la mujer se obligaba a pagarle a su expareja 70 cuotas iguales y consecutivas de 840 dólares estadounidenses.

La primera cuota fue abonada en enero de 2018 pero en abril del 2021, el hombre recibió una carta documento en la que su expareja le manifestaba que dejaría de pagar y solicitaría la nulidad del acuerdo.

Reclamo por incumplimiento

Como consecuencia del incumplimiento del pacto, el actor inició un reclamo judicial para solicitar la homologación del acuerdo privado y, consecuentemente, obtener el pago de las cuotas debidas.

La demandada se defendió argumentando que firmó el acuerdo en un contexto de violencia familiar. Agregó que durante toda la relación sufrió maltratos físicos, psicológicos, económicos y simbólicos, los que se intensificaron durante la última parte de la unión convivencial.

Añadió que al momento de la firma lo único que pretendía era que cesen las amenazas y los maltratos por parte de su expareja.

Las normas aplicables al caso

El juez indicó que la cuestión traída debía resolverse de acuerdo a las reglas establecidas en: a) el Titulo III “uniones convivenciales” del Libro Segundo; b) del Título II “contratos en General” capitulo 1 “disposiciones generales” del Libro Tercero; y c) El título IV “Hechos y actos jurídicos” del Libro Primero del CCCyN.

El magistrado destacó que el art. 528 establece que “ante el cese de la unión convivencial los bienes se dividirán conforme pacto que celebren o hayan celebrado las partes y sino, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, la interposición de personas y otros que puedan corresponder”.

“Dentro del siguiente grupo de normas (disposiciones generales de los contratos), es importante destacar: A) el principio de libertad de contratación establecido en el art. 958 que dispone que: “las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres”. B) La buena fe contractual del art. 961 que refiere que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe”, remarcó.

Asimismo, enfatizó que “estas normas el título preliminar del código CCyCN dice que los derechos deben ser ejercidos de buena fe (art. 9). Además, el art. 10 establece que el ejercicio regular de un derecho no puede constituir como ilícito ningún acto. Se define el ejercicio abusivo de los derechos “el que contraria los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”. Por su parte, el art. 12 dispone que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público.

Finalmente, sostuvo que “dentro del último grupo de normas mencionadas -título IV “Hechos y actos jurídicos” del Libro Primero-, vinculado con lo desarrollado anteriormente, encontramos los elementos del acto jurídico voluntario: discernimiento, intención y libertad (art. 260), los vicios que los pueden afectar y la sanción jurídica a los mismos (nulidad e inoponibilidad)”.

Analizar el caso con perspectiva de género

En ese contexto, el juez subrayó que “el análisis debía ser concretado desde la necesaria perspectiva de género tal como fue solicitado por la actora, ya que ella importa un imperativo para juezas y jueces, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional (art. 75 inc. 22, CEDAW, Convención Belem Do Para y Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad)”.

En cuanto a las pruebas aportadas a la causa, tuvo en cuenta el testimonio de dos abogados que intervinieron en la confección del convenio traído para homologar. Estos profesionales declararon que le aconsejaron en muchas oportunidades a la mujer que no lo firmase, pero que ella insistía en firmarlo porque era la única manera que aquel se fuera.

Por otro lado, el magistrado aseguró que el hombre “no tenía voluntad de negociar las cláusulas del convenio que finalmente se celebró” y que el ex conviviente aprovechó la situación de salud psíquica que atravesaba su expareja.

La Ley de Protección Integral a las Mujeres (Ley 26.485), define en su cuarto articulo a la violencia contra las mujeres como “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.

En este punto, afirmó que el acuerdo celebrado “es un acto jurídico nulo por ser llevado a cabo sin libertad; con el vicio de la violencia, es especial la violencia de género” que el hombre ejerció sobre la mujer.

Mala fe y devolución del dinero

Para el juez, se pudo corroborar que la demandada “se encontraba antes del acuerdo, durante su celebración y en su etapa de ejecución, bajo la violencia económica patrimonial, psicológica y física de G.C.O., que fue ejercida bajo la modalidad de violencia domestica (art 6. Inc. a) de la ley 26.485). Por tanto, el mismo es nulo totalmente”.

Así, quedaba demostrada la mala fe del actor ante la celebración del convenio y confirmada con el pedido de homologación en sede civil; con el objetivo de poder perseguir su ejecución judicial ante la imposibilidad y negativa de su expareja de pagar voluntariamente la cuota mensual en dólares pactada.

Por ello, el juez rechazó el pedido de homologación y ordenó al hombre restituir las sumas de dinero en dólares estadounidenses percibidas hasta el momento, equivalente a 36 cuotas, ya que la cifra establecida como compensación superaba holgadamente el valor de cualquier aporte que probó haber realizado durante la convivencia de la pareja.

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