En el caso “Cassisa Susana Patricia c/ Editorial Sarmiento S.A. s/ diferencias de salarios”, la empleadora dio por terminada una relación laboral de más de 37 años a través de un despido directo incausado.

Ante el SECLO, las partes convinieron el pago de una determinada cantidad de dinero.

La trabajadora se presentó ante los tribunales donde afirmó que le fue exigida -como condición del cobro de su liquidación final- la concurrencia ante el SECLO con un patrocinio letrado impuesto por la accionada y que debió suscribir un documento confeccionado por la empresa, donde se consignó una remuneración menor, y se omitió abonar las gratificaciones que correspondían. Señaló que existían diferencias a su favor e insistió en que se fue obligada y presionada a firmar tal acuerdo.

Afirmó que se conculcaron derechos irrenunciables a los que era acreedora mediante un convenio homologado; requirió que se constate si tal acto de homologación ha sido materialmente válido y que, de corresponder, se compruebe si se produjo la alegada violación del orden público laboral, y que se declare la nulidad de aquel acto.

Para el juez de primera instancia existía cosa juzgada por lo que consideró que la parte actora no se encontraba habilitada a formular el reclamo ni tampoco podía perseguir la nulidad del acuerdo arribado ante el SECLO.

La accionante apeló el pronunciamiento. Controvirtió los fundamentos del juez de primera instancia porque consideró que aquel se apartó del principio de congruencia al efectuar una valoración equivocada de los reclamos interpuestos por su parte.

Al analizar la causa, las camaristas remarcaron que la parte demandada se encontraba incursa en rebeldía.

“La competencia atribuida por el art. 15 de la L.C.T.(t.o.) a la autoridad administrativa del trabajo para homologar acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios debe ser compatibilizada con el derecho de quien se considere afectado por la decisión adoptada por esa autoridad para plantear judicialmente la nulidad del acto homologatorio por la vía procesal pertinente, con amplitud de debate y prueba, en homenaje a las garantías constitucionales de acceso a la jurisdicción y del debido proceso adjetivo”, explicaron las juezas María Cecilia Hockl y Gabriela A. Vázquez.

“Que la trabajadora haya concurrido, supuestamente de manera voluntaria a suscribir el acuerdo rescisorio y que lo hiciera con un asesoramiento legal que en realidad no era tal, todo lo cual es revelado por la prueba, no puede per se tener eficacia jurídica pues fue poco idóneo al efecto de salvaguardar sus derechos, porque los letrados que comparecieron en representación de los trabajadores fueron contratados por la propia demandada y esto denota la existencia de un acto viciado”, explicaron las magistradas.

En efecto, el acuerdo derivó de un vicio en la voluntad de la actora, ya que actuó sin el debido asesoramiento y es de suponer que -por no ser experta en materia jurídica- no comprendió los alcances jurídicos de la eventual homologación del acuerdo en cuestión, a lo que cabe agregar que es verosímil que no lo habría suscripto de haber comprendido sus efectos que conllevan renuncia a derechos alimentarios, enfatizaron.

En definitiva, si bien, como principio general, un acuerdo celebrado y homologado en sede administrativa produce los efectos de la cosa juzgada ante un posterior reclamo en sede judicial, lo cierto es que la persona trabajadora se encuentra facultada a impugnar lo actuado si demuestra, en el caso concreto, que mediaron vicios de la voluntad al tiempo de celebrar y suscribir tal acuerdo.

Desde esa perspectiva, concluyeron que el acuerdo debía ser tachado de nulidad.

En el artículo “La revisión de la cosa juzgada administrativa laboral”, publicado en Temas de Derecho Laboral de la editorial Erreius, María S. Cerquatti explica que “puede ser revisada en sede judicial, en tanto se acredite la existencia de vicios de la voluntad o se verifique la renuncia a derechos irrenunciables del trabajador”.

“Esto es así, por cuanto existe un respaldo constitucional para el justiciable que le garantiza la defensa en juicio y la de peticionar ante las autoridades, conforme artículos 14 y 18 de la CN”, explicó la especialista.

Y agregó que si bien es innegable la desigualdad negocial de las partes que surgen de la propia condición de trabajador y empresario, no debe restarse trascendencia y significación jurídica al acuerdo que se concrete en sede administrativa, por cuanto implica un acuerdo de voluntades, del que se establecen y determinan derechos y obligaciones que se originan en un contrato de trabajo.

“Tanto en sede administrativa como en las variantes provenientes de la LCT, no resulta aceptable algún reproche -al menos inicialmente- respecto de la decisión rescisoria, en especial por parte del trabajador, como para cuestionar a posteriori los derechos y obligaciones que se asuman, desde un punto de vista económico, emergentes de la relación laboral habida”, enfatizó.

Sin embargo, para la especialista surgen ciertos interrogantes: ¿brinda la autoridad administrativa el marco adecuado, conforme a derecho, para alcanzar una justa composición de los derechos e intereses de las partes? ¿La homologación del acuerdo pasada en autoridad de cosa juzgada administrativa es en todos los casos revisable en sede judicial? ¿Se alcanza la seguridad jurídica para las partes con una resolución homologada emanada de la autoridad de aplicación?

“Las respuestas a estos interrogantes varían según la particularidad de cada caso en concreto. Lo cierto es que no le siguen respuestas precisas, contundentes y de absoluta certeza. Es así que esta incertidumbre jurídica posibilita cuestionamientos, acciones recursivas, doctrina y jurisprudencia variable, nulidades y otras vías procesales que, en algunos casos, desnaturalizan y desalientan la opción administrativa”, remarcó.

“En este entorno, en el que conviven aciertos, errores, dudas, dilaciones, inseguridad, no puede soslayarse y desconocer la especial situación que sobrelleva un trabajador, cuyo contrato de trabajo se ha extinguido, sea por despido indirecto, con causa o por mutuo acuerdo y que, por tanto, se coloca en condición de desempleado, con urgencias impostergables y primarias, tanto propias como de su familia, no pudiendo esperar un proceso de años para ser atendidas”, concluyó.

Fuente: Erreius

Declaran nulo un acuerdo ante el SECLO porque la trabajadora no contó con un adecuado asesoramiento letrado