El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires N° 4, a cargo de Elena Liberatori, hizo lugar a una acción de amparo y declaró la nulidad del Código de Edificación porteño, sancionado en 2018, que entró en vigencia en 2019, y su norma complementaria aprobada en 2021.

En el caso “Joly, Eduardo Daniel y otros contra Legislatura de la CABA y otros sobre incidente de recurso de inconstitucionalidad - Amparo - otros”, el actor, presidente de una fundación de personas con discapacidad, denunció el carácter expulsivo del código por habilitar construcciones como los departamentos menores a 25 metros cuadrados, ambientes con dimensiones reducidas o baños sin bidet.

Además, reclamó porque entendía que los derechos de participación ciudadana habían sido violados durante el procedimiento de doble lectura requerido para modificar el Código de Edificación.

En ese sentido, señaló que la presidencia de la mesa de trabajo para la audiencia “se negó a dialogar sobre las propuestas no aceptadas sin fundamentar las decisiones inconstitucionales que se plasmaban en el proyecto”, lo que se tradujo en una reducción de la instancia a “una simple oportunidad de expresar ideas”.

La actora señaló que, luego de la audiencia, no hubo 'respuestas fundadas en derecho a la decisión de no incorporar las modificaciones y propuestas hechas en materia de accesibilidad que afectan al colectivo que defendemos'.

Al amparo se sumaron otras organizaciones y así se armó un reclamo colectivo que pidió la nulidad de la 6100 -el código aprobado en el 2018- y la ley 6438 -norma complementaria aprobada en 2021-.

Entre los reclamantes se sumaron, por ejemplo, asociaciones de vecinos de barrios de casas bajas que cuestionaron la construcción de edificaciones en altura y con mixturas de usos que cambiaron la fisonomía y las costumbres.

La afectación a las personas con discapacidad

Sobre el reclamo por “las nuevas barreras” para las personas con discapacidad visual, motora y auditiva en el nuevo Código de Edificación, argumentadas por la actora, la jueza sostuvo que las “experiencias emocionales humanas a la hora del diseño y que no solo lo económico, técnico y práctico sea lo tenido en cuenta a la hora de diseñar los espacios que se habitan” y que “si la interacción con el entorno se presenta como una barrera el desarrollo de esa persona no podrá ser pleno y derivará en la segregación de dicha persona o del colectivo afectado frente al resto de la sociedad”.

“Si se avala la existencia de barreras (en el caso que aquí se trata de barreras arquitectónicas) para las personas con discapacidad se estaría en presencia de un modelo que acepta que una parte de la población sea segregada, excluida y se legitimaría un modelo donde habría una normalidad única”, añadió la sentencia.

No se respetó la Ley de Audiencias Públicas

La jueza explicó que “a modo de contexto, no puede perderse de vista que la democracia participativa aparece en el art. 1 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, como uno de los elementos que definen su régimen político. Esta se encuentra prevista como un medio para impulsar políticas públicas y ejercer diversas modalidades de control. Se complementa con el acceso a la información pública, pero requiere -para su efectividad- del compromiso de los habitantes de las Ciudad y las diferentes organizaciones que los nuclean”.

Según la magistrada, 'no se dio cabal cumplimiento a la Ley de Audiencias Públicas, a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad'.

La jueza argumentó que, en la aprobación de las leyes, 'no se realizó en cumplimiento cabal de los requisitos previstos para el supuesto de doble lectura' tanto 'en lo formal como en lo sustancial'.

En este caso, la audiencia pública sí se realizó en el marco del procedimiento de doble lectura previsto por la Constitución porteña pero la magistrada consideró que “la audiencia pública devino en un mero trámite formal a causa de que los legisladores no dieron ninguna respuesta satisfactoria a los planteos sustanciales formulados por los actores”.

“Por lo tanto, son los propios legisladores quienes convirtieron a una instancia relevante de participación ciudadana en un decorado, un show, un artilugio para dar por cumplido lo que entendieron como un mero requisito y sacárselo de encima”, añadió.

Además, para la jueza, el hecho de soslayar todos los intentos de aportes por parte de las organizaciones de la sociedad civil implicó 'vaciar de contenido el instituto de la Audiencia Pública que para el trámite legislativo impugnado resulta requisito constitucional'.

'La normativa es clara en cuanto la participación en la audiencia pública no se limita a la exposición de objeciones o impugnaciones. Éstas deben ser consideradas por la autoridad convocante, quien, al momento de emitir el acto, debe explicitar qué aportes ha tomado y cuáles no, expresando las razones de su rechazo', añadió la magistrada, que consideró que eso no sólo no ocurrió, sino que 'ni se ha intentado al menos'.

'Los legisladores han coincidido en liquidar la cuestión dando por cumplido formalmente el requisito de la audiencia pública y soslayando todo lo que hace a su importancia y objetivos según la Constitución', concluyó.

Para hacer lugar al amparo colectivo y declarar la nulidad de la ley 6100 y su modificatoria 6438, la jueza concluyó que 'el proceso legislativo no se ha realizado en cumplimiento cabal de los requisitos previstos para el supuesto de doble lectura establecido en el artículo 89 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, tanto en lo formal como en lo sustancial, es decir, cumpliendo con el propósito por el cual el Constituyente estableció el requisito de la Audiencia Pública'.

Desde el Gobierno porteño aclararon a los medios periodísticos que, al ser un fallo de primera instancia, las regulaciones siguen vigentes y que apelará la decisión.

Accedé al fallo acá

También te puede interesar:

Transferencia de dominio y usufructo: reglamentación sobre el beneficiario final
Entrevista exclusiva con el Inspector General de Justicia: novedades y primicias de la nueva gestión

Declaran nulo el Código de Edificación de CABA tras el reclamo de personas con discapacidad