La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires y declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, que establecía la opción excluyente en materia de riesgos del trabajo.

En el caso, el día 12 de septiembre de 2016, la actora sufrió un accidente de trabajo que le provocó una minusvalía -conforme al método de la capacidad restante- del 9,05% del índice de la total obrera.

El tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348) e hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago del resarcimiento tarifado previsto por el régimen especial de reparación de infortunios laborales.

En la sentencia, el juzgador indicó que hallándose el reclamo de autos dirigido a obtener la reparación integral -con sustento en normas del derecho común- de los daños y perjuicios padecidos por la trabajadora como consecuencia del infortunio laboral, así como también las prestaciones dinerarias con fundamento en la ley 24.557, y dado que a la fecha del siniestro objeto de la litis se encontraba vigente la ley 26.773 (que en su art. 4 prescribe la opción excluyente de acciones), correspondía -frente al planteo formulado por la parte actora en su demanda respecto de la limitación de la doble vía- pronunciarse al respecto.

Sostuvo que si bien existió una añosa tolerancia jurisprudencial a la opción excluyente contendida en la ley 9.688 en sus distintas versiones, tal posición no resultó pacífica. Por otra parte, continuó diciendo que esa incongruencia fue superada a partir del art. 39 de la ley 24.557, que, si bien provocó una serie de insostenibles injusticias, también actuó como un eficaz revulsivo de las mismas.

A partir de entonces, explicó, los superiores tribunales, tanto nacionales como provinciales, encadenaron una serie de sucesivos fallos que, enfatiza, impiden retrogradar legal, jurisprudencial y doctrinariamente hacia la reinstauración de la opción en cuestión.

Destacó el juzgador que no puede existir un subsistema de reparación de daños excluyente del común y que, de ser ello así, siempre deberá complementarse y articularse en cuanto resulte más beneficioso para la víctima, en conjugación de las distintas vertientes de atribución de responsabilidad, evitando la superposición o duplicación de reparaciones.

Expuso que la ausencia de razonabilidad de la opción excluyente viola los principios básicos de indemnidad, protección especial e irrenunciabilidad, al obligar al trabajador, en estado de necesidad, a tomar una decisión crítica que implica una renuncia a priori de una hipotética o eventual mejor reparación.

Con todo, declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 por considerar que colisiona con lo normado por los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 75, incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución Nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo, habilitando consecuentemente la reunión de pretensiones intentada por la actora.

Luego, el tribunal de origen sostuvo que no podía atribuirse a la demandada responsabilidad civil que se proyecte en obligación de resarcir a la trabajadora, dado que no se había logrado acreditar la intervención de cosa riesgosa o viciosa, ni acción u omisión del Fisco provincial que hubieran incidido causal ni concausalmente en la ocurrencia de la contingencia objeto de litis, correspondiendo en consecuencia rechazar la acción por el reclamo en concepto de reparación integral con sustento en derecho común.

Contra dicho pronunciamiento se alzó la legitimada pasiva mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Adujo que el tribunal de trabajo incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad.

Los jueces del máximo tribunal bonaerense, Hilda Kogan, Sergio Torres, Eduardo Pettigiani y Luis Genoud, explicaron que la temática, en el caso, se circunscribía al cuestionamiento constitucional del dispositivo de la ley 26.773, en su versión anterior a la ley 27.348, es decir, con antelación a la entrada en vigencia de la previsión normativa que establece el tránsito previo y obligatorio por las comisiones médicas.

Y recordaron que la Provincia de Buenos Aires aceptó la invitación que contiene el art. 4 de la ley 27.348 -complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo mediante la ley 14.997, adhiriendo plenamente a la normativa contemplada en aquel ordenamiento-.

Teniendo en cuenta el contexto jurídico-temporal en el que se debate la presente causa (anterior a la entrada en vigencia de la referida ley 27.348 y su adhesión por la mencionada legislación local), los jueces señalaron que no correspondía abrir juicio alguno aquí sobre la eventual compatibilidad o incompatibilidad entre el 'tránsito previo por las comisiones médicas' y la invalidez constitucional de la 'opción excluyente'.

Luego enfatizaron que “la vigencia del art. 4 de la ley 26.773 atenta de modo directo y fatal contra el principio de irrenunciabilidad de los derechos, regla ínsita e indisolublemente ligada al principio protectorio (arts. 14 bis, Const. Nac., y 39, inc. 3, Const. local)”.

Es que entendieron que “el nuevo sistema enfrenta al trabajador a la disyuntiva de cobrar -relativamente- rápido el importe hipotéticamente menor que le otorga el sistema asistencial especial, renunciando al resarcimiento pleno que le corresponde por imperativo constitucional (art. 19, Const. Nac.), o peticionar judicialmente la reparación integral del daño en el marco de un proceso que puede demorar varios años, con el riesgo de que el tribunal interviniente juzgue no configurados los presupuestos de responsabilidad civil y, de ese modo, no percibir resarcimiento alguno aunque la aseguradora reconociera adeudar las prestaciones del sistema”.

En ese contexto, remarcaron que “no es posible soslayar que con la vigencia de la opción excluyente el trabajador incapacitado -o sus derechohabientes- se encuentra obligado a abdicar su derecho a una reparación íntegra por parte de su empleador sin recibir ningún beneficio ni contraprestación como consecuencia de aquello; obteniendo solo la indemnización tarifada a cargo de la aseguradora -exonerando por completo al empleador-, a la que siempre tuvo derecho”.

“Bajo el influjo de la norma general contenida en el art. 12 de la Ley de Contrato de Trabajo -y no sin atender las pautas que brindan los arts. 31 y 32 del Convenio 102 de la OIT (ratificado por nuestro país por ley 26.678) en lo concerniente al contenido mínimo de la cobertura que se debe brindar frente a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales- resulta difícil sostener que el trabajador pueda renunciar -a título gratuito a los derechos que involucren prestaciones tan elementales y necesarias como aquellas que fueran esenciales para garantizarle una subsistencia digna, y que tienen su origen en un siniestro ocurrido por el hecho u ocasión del contrato laboral, erigiéndose como un mínimo irrenunciable. Esto último, desde que el resarcimiento tarifado opera automáticamente frente a la contingencia, no siendo -por ende susceptible de renuncia (art. 872, Cód. Civ. y Com. de la Nación)”, explicaron.

En el marco del contrato de trabajo, si el trabajador solo puede disponer de sus derechos no imperativos cumpliendo determinados requisitos que garantizan el equilibrio de las contraprestaciones, mal puede considerarse que puede disponer de ellos a cambio de nada.

“En tal sentido, por aplicación del principio de progresividad y su regla de la no regresión, la ley no puede convertir en renunciable lo que antes en el mismo régimen se reconoció expresamente como 'irrenunciable'. Y aun en una hipótesis distinta, frente a la concurrencia de normas destinadas a reglar una misma situación jurídica, emerge sin ambages la previsión contenida en el art. 9 de la propia ley sustantiva laboral”, destacaron.

Luego analizaron que del texto del art. 4 de la ley 26.773 se desprende que en la hipótesis que el trabajador resulte derrotado en la acción promovida por el derecho común, pierde todo derecho a ser resarcido por el daño sufrido. En cambio, si resulta victorioso, renace la obligación de la aseguradora de contribuir con la porción tarifada (art. 6, ley 26.773), aun cuando en el diseño de la norma esa prestación debiera considerarse renunciada.

“De este modo, el texto legal bajo estudio no sólo obliga a los trabajadores en situación de necesidad a elegir entre las dos vías posibles de modo excluyente -con quebranto de los principios y derechos que he enunciado en los párrafos precedentes-, sino que, además de procurar desalentar la promoción de la pretensión resarcitoria plena, conduce a una clara e injustificada situación de desigualdad entre los damnificados que optan por una u otra vía de cara a las eventuales consecuencias reparatorias y legitimados obligados al pago”, entendieron los jueces del máximo tribunal bonaerense.

En este sentido, explicaron que el ejercicio de la opción excluyente altera la posición inicial de plena igualdad del sujeto damnificado respecto de otro que (en iguales condiciones originales) adoptó un camino -de elección imperativa- diferente.

Así, rechazaron el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y confirmaron el fallo de grado que declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, en su versión anterior a la 27.348, y admitió el reclamo introducido en concepto de prestaciones dinerarias previstas en el sistema especial de riesgos del trabajo con la finalidad de atender la compensación pecuniaria de la minusvalía que porta el trabajador.

La opción excluyente

La opción excluyente determina que, si el damnificado percibe un resarcimiento por incapacidad permanente definitiva del régimen tarifado, se ve inhibido de accionar por los mayores daños de acuerdo al derecho común.

Fue un retroceso respecto de la jurisprudencia de la Corte Suprema que permitía el cobro de la reparación tarifada, sin perjuicio poder obtener adicionalmente una sentencia que incluyera los mayores daños y perjuicios sufridos.

“La ley 26773 en su artículo 4° implica un cambio regresivo en materia de reparación de infortunios laborales dejando de la lado la jurisprudencia de la Corte (“Aquino' y “Llosco') que consagraron el derecho a la reparación integral de la 'persona humana que trabaja', en igual forma que los demás habitantes de la Nación Argentina”, indica el especialista Horacio Schick.

Con anterioridad a la ley 26773, la percepción de las prestaciones tarifadas de la LRT, aun sin reservas, no impedía previa declaración de inconstitucionalidad del artículo 39 de la LRT, la percepción del resarcimiento integral del daño del empleador, para obtener la cobertura de aquellos perjuicios no cubiertos por la tarifa, una vez cumplidos los presupuestos de la responsabilidad civil.

“Es decir que el art. 4º inc. 2° de la ley 26773, a través de la opción excluyente, coloca al trabajador en una disyuntiva altamente inconveniente y perniciosa, obligándolo a elegir entre aceptar aquello que la ART o los órganos del sistema dispongan o dar un paso al abismo para asumir el posible riesgo de no recibir nada, en un extenso juicio civil ante un juez ajeno a la materia laboral, por lo menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”, agregó Schick.

La ley 26773 tampoco derogó el artículo 11, inciso 1, de ley 24557, que establece que “las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimentos. Son, además, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas. Por el contrario, el artículo 1º, ley 26.773, determina que sigue rigiendo la ley 24.557, sus modificatorias, el decreto 1694 y disposiciones complementarias y reglamentarias”.

“De modo que el artículo 4° pretende convertir en renunciable lo que antes el mismo régimen, y de modo expreso, reconoció como irrenunciable”, enfatizó el especialista.

Y concluyó señalando que “se determinaría que la opción excluyente con renuncia queda desmoronada, por la aplicación de la norma más favorable al trabajador y el de irrenunciabilidad de las indemnizaciones tarifadas de la ley especial”.

Declaran inconstitucional un artículo que establecía la opción excluyente en materia de riesgos del trabajo