Un reciente fallo dictado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Quilmes, en los autos caratulados 'Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales c/ Municipalidad de Berazategui s/ Pretensión Restablecimiento o Reconoc. de Derechos', abordó el estándar de razonabilidad aplicable a las ordenanzas municipales que restringen actividades industriales lícitas bajo la órbita del poder de policía.

El objeto del litigio: autonomía municipal vs. materia federal

La Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA) impugnó el artículo 1 de la Ordenanza 4208 de Berazategui, la cual establecía un veto absoluto de tenencia, comercialización, depósito y venta de todo tipo de pirotecnia en el distrito. Sostuvo que la actividad es lícita, amparada por los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional, la Ley Federal de Armas y Explosivos (Ley 20.429) y el Decreto 302/83. Además, alegó que el municipio legisló sobre materia delegada al Congreso Nacional.

Por su parte, la Municipalidad invocó su autonomía (art. 123 CN) y las facultades de policía en materia de seguridad, salubridad y protección del medio ambiente, justificando la medida en la protección de personas con hipersensibilidad (TEA), ancianos y mascotas.

Fundamentos de la decisión judicial

El Magistrado, siguiendo los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, recordó que si bien el municipio tiene amplias atribuciones para prevenir molestias sonoras y velar por la seguridad, estas no son absolutas.

El fallo determinó que la ordenanza en cuestión falló en el test de razonabilidad (art. 28 CN), debido a que la prohibición total no admite matices y aniquila el derecho constitucional a comerciar y ejercer industria lícita, en lugar de regularlo de forma armoniosa con el interés público.

Además, subrayó que la Municipalidad de Berazategui no demostró que la prohibición absoluta fuera la única alternativa para garantizar la seguridad; y que existían medios menos gravosos (como la delimitación geográfica de uso o condiciones rigurosas de seguridad) que habrían permitido el desenvolvimiento de la actividad sin afectar su núcleo esencial.

Efectos de la sentencia

El Juez Hugo Jorge Guarnieri resolvió declarar la inconstitucionalidad del art. 1 de la Ordenanza 4208, y otorgó a la Municipalidad un plazo de 6 meses para dictar una nueva norma regulatoria, manteniendo hasta tanto la vigencia de la norma actual para evitar un vacío normativo que ponga en riesgo la seguridad pública.

El fallo refuerza la tesis de que la autonomía municipal debe ejercerse en consonancia con la normativa nacional, y que cualquier restricción a derechos fundamentales debe superar un análisis de proporcionalidad entre los medios elegidos y el fin perseguido.

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