La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativa de Bariloche (Río Negro) ratificó una sentencia de primera instancia que condenó a una automotriz y a una concesionaria a indemnizar a un comprador debido a las reiteradas fallas de su vehículo Fiat Toro 0 km.

En el caso “Garro, Quen Flavio c/ Fierro Automotores S.A. y otro s/ daños y perjuicios(ordinario) (ley 24240)”, un vecino de Bariloche adquirió una Fiat Toro Freedom MT6 4×2 con la expectativa razonable de obtener un vehículo confiable para su uso diario en un entorno urbano. Sin embargo, en menos de un año, el vehículo debió ingresar 11 veces al taller por problemas vinculados al sistema de recirculación de gases (DPF).

Este sistema, diseñado para trayectos prolongados a altas velocidades, resultó incompatible con las condiciones de tránsito propias de Bariloche, donde las velocidades necesarias para su funcionamiento óptimo son difíciles de alcanzar.

De acuerdo con el informe pericial presentado en la causa, el sistema DPF requería que el vehículo circulara a más de 60 km/h y mantuviera 2000 rpm durante al menos 20 minutos para regenerar el filtro de manera efectiva. En caso de no cumplirse estas condiciones, el diésel no quemado se acumulaba en el motor, provocando un aumento del nivel de aceite en el cárter, aceleraciones intempestivas y el deterioro progresivo del filtro DPF. Estas fallas recurrentes hicieron que el vehículo no pudiera cumplir con su uso previsto, generando frustración y perjuicios económicos para el propietario.

Frente a esta situación, el comprador decidió llevar adelante una demanda por daños y perjuicios. Alegó que el vehículo, lejos de cumplir con las expectativas razonables de un 0 km, se convirtió en una fuente constante de inconvenientes.

Además, cuestionó el incumplimiento del deber de información y en la inadecuación del producto para el uso urbano.

La sentencia de primera instancia

El juez de primera instancia concluyó que el vehículo no era apto para el uso pensado por el adquirente y destacó que las demandadas incumplieron con el deber de información establecido en el artículo 4 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Según el fallo, las empresas no advirtieron al comprador sobre las condiciones específicas de uso que requería el sistema DPF para su correcto funcionamiento.

En consecuencia, el magistrado ordenó la rescisión del contrato de compraventa y dispuso que las demandadas entregaran al actor un vehículo de características equivalentes o superiores, incluso si el precio fuera mayor. Además, se condenó a las empresas al pago de daños y perjuicios, incluyendo una multa por daño punitivo.

La apelación de las demandadas

Las demandadas interpusieron recurso de apelación alegando, en primer lugar, que el actor no reunía la condición de consumidor, ya que supuestamente utilizaba el vehículo para actividades comerciales.

De esta manera, se encontraba, desde su punto de vista, excluido del régimen de defensa del consumidor. También cuestionaron la fundamentación de la sentencia, argumentando que esta asumía de manera arbitraria la condición de consumidor del actor sin ofrecer un razonamiento jurídico adecuado.

La decisión de la Cámara

Los jueces desestimaron los argumentos de las demandadas y confirmó la sentencia de primera instancia.

En su resolución, los camaristas señalaron que, conforme a la doctrina del Superior Tribunal de Justicia, un comerciante que adquiere un bien como destinatario final, sin integrarlo a un proceso productivo ni revenderlo, debe ser considerado consumidor. Las demandadas no lograron acreditar que el vehículo hubiera sido utilizado en actividades comerciales, por lo que el actor fue correctamente calificado como consumidor.

Además, la Cámara avaló la rescisión contractual decretada en primera instancia, considerando que esta genera efectos 'ex nunc' (hacia el futuro), lo que implica que el contrato original queda sustituido por una nueva obligación impuesta por la sentencia. Asimismo, se demostró que, a pesar de las reparaciones realizadas por el servicio técnico oficial, el vehículo no logró alcanzar las condiciones necesarias para su uso previsto.

También confirmaron la multa por daños punitivos impuesta en primera instancia. Este tipo de sanciones tiene una función ejemplificadora y disuasiva, buscando evitar que las empresas adopten conductas negligentes o abusivas en el futuro.

En ese sentido, destacaron que el caso no es un hecho aislado, ya que existen numerosos expedientes en todo el país vinculados a vehículos del mismo modelo. En lugar de ofrecer soluciones rápidas y efectivas, las empresas demandadas obligaron a los consumidores a recurrir a la justicia para hacer valer sus derechos.

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