La sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil extendió la responsabilidad a todas las demandadas por los daños que sufrió el actor en un bar ubicado en un museo tras un asalto.

En el caso “Igarzabal Alberdi, Ignacio c/ Fundación MALBA y otro s/ Daños y perjuicios”, el actor relató que, mientras se encontraba junto a dos personas en las mesas del deck exterior del bar Ninina Bakery, ubicado dentro del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), fueron asaltados por cuatro personas armadas, quienes le robaron un reloj Rolex, $2.000 y lentes de sol.

Añadió que no había personal de seguridad en el lugar ni en las inmediaciones del museo. Señaló que, tras el robo, un encargado de seguridad del museo llegó al lugar justificando la falta de vigilancia por el colapso generado por una muestra que atrajo a miles de visitantes ese día.

El fallo de primera instancia

El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda contra el local y su aseguradora Zurich Argentina, pero la rechazó con respecto a la Fundación Malba en razón de un contrato entre las partes, sobre la responsabilidad de la seguridad y la liberación de cualquier responsabilidad a la Fundación Malba. El único rubro aceptado en primera instancia fue el daño moral.

La codemandada Ninina Bakery apeló la condena. Sostuvo que el hecho ocurrió por caso fortuito o fuerza mayor, de modo que no debe responder por fractura del nexo causal.

Agregó que abonaba el servicio de vigilancia a la Fundación MALBA, por lo que hizo cuanto tuvo a su alcance para prevenir el hecho. Indicó que su deber de seguridad se limita a lo vinculado con su actividad (higiene, alimentos en buen estado, etc.), pero no a otro tipo de riesgos.

En segundo lugar, consideró que toda la responsabilidad es imputable a la Fundación MALBA, entidad que estaba a cargo de la seguridad, y de las cámaras. En este punto, citó cláusulas del contrato de concesión. En subsidio, reclamó que la responsabilidad sea solidaria.

Los camaristas José Fajre y Claudio Kiper explicaron que “había personal de seguridad contratado, o que al menos se previó su contratación, lo que revela que la probabilidad de que ocurrieran robos no era un hecho imprevisible, ni ajeno a la actividad del proveedor. Desgraciadamente, la frecuencia de hurtos y robos impide tal consideración. Aclarado esto, el caso fortuito exige que se trate de un obstáculo invencible, que el agente no puede evitar o superar en modo alguno”.

Luego, sobre la responsabilidad de la fundación Malba, destacaron que “la cláusula que carga toda la responsabilidad en el concesionario es inoponible a la víctima. En segundo lugar, como surge del propio contrato, el concesionario debía contribuir con ‘el 50% del monto que abone el Concedente destinado al pago de los servicios de vigilancia afectado al sector del Bar’. Esto significa que el concedente tenía a su cargo la vigilancia y seguridad de lugar, lo que impide liberarlo frente al perjudicado”.

De esta manera, el hecho fortuito o fuerza mayor no puede oponerse.

Así, confirmaron la procedencia de la indemnización del daño moral, la que debía ser abonada por cualquiera de las codemandadas, ya que la hizo extensiva a la Fundación Malba.

Ponemos a disposición el texto del fallo

Voto en disidencia

La jueza Liliana Abreut de Begher voto en disidencia. Sostuvo que “… el perjuicio reclamado en este juicio no responde a un daño provocado por el uso de las instalaciones comerciales, o por un defectuoso sistema de comercialización, por vicios de los productos y/o servicios ofrecidos a la venta, o por cuestiones de garantía, sino a un hecho delictivo que, en principio, en este caso, resulta ajeno a la mentada relación de consumo”.

“Se ha acreditado la eximente de responsabilidad, como es el hecho de un tercero o terceros que fue imprevisible e inevitable. No tengo dudas que el asalto llevado a cabo por un grupo de personas que entraron a un local con un arma de fuego es un hecho de terceros notoriamente ajeno al deber de seguridad que deben prestar los demandados en el marco de la relación de consumo”, añadió.

Por último, se preguntó: “¿Qué más podemos pedirles a los comerciantes para que cuiden sus locales, su mercadería y a sus clientes? Creo que estamos haciendo foco en un aspecto que no le corresponde al comerciante sino al Estado”.

Al considerar que la conducta de los delincuentes fue imprevisible e inevitable, entendía que debía eximirse de responsabilidad a las codemandadas.

El fallo de primera instancia

Voto en disidencia

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