La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia, Sala I, del Departamento Judicial Lomas de Zamora, revocó una sentencia y condenó a un banco a resarcir por daños y perjuicios a clientes que sufrieron un robo dentro de la entidad.

En el caso 'R. V. F. y otro c/ Banco Comafi SA s/ Daños y perj. del./cuas. (Exc. Uso aut. y Estado)', los actores iniciaron un proceso el resarcimiento por los daños y perjuicios que manifestaron haber sufrido a raíz del robo que protagonizaron en la sucursal Wilde del banco demandando el 22 de agosto de 2008.

Relataron que se encontraban en la sucursal mencionada y aproximadamente a las 11 hs. mientras el coactor C. estaba en la ventanilla de la caja percibiendo su jubilación, ingresaron a la entidad delincuentes que sujetaron por detrás a la co actora R. apuntándole con un arma de fuego; luego de ello, esta última se desvanece y los malvivientes se apropian de sus pertenencias. Tras el robo, la mujer fue trasladada en ambulancia a un hospital cercano debido a las lesiones sufridas.

El fallo de primera instancia y la apelación de la actora

La jueza de primera instancia rechazó la demanda interpuesta porque consideró que era un hecho que excedía las obligaciones que debía cumplir la demandada.

Apeló la parte actora. Sostuvo que sin perjuicio de haber encuadrado correctamente la cuestión dentro del marco legal del sistema legal del defensa al consumidor, la sentenciante de origen se apartó para resolver de todas las estipulaciones que fija dicha normativa.

Consideró que, habiéndose comprobado la existencia del hecho, la magistrada no hizo recaer sobre la demandada el deber de seguridad que le imponía el tipo de prestación que ofrece, ello atento al negocio jurídico que desarrolla, eximiéndola así de responsabilidad, aún cuando se encuentran probado el hecho y los perjuicios sufridos.

Indicó que, para hacer lugar a la causal de eximición de responsabilidad invocada, la jueza tuvo en cuenta una pericia que analizó las condiciones de seguridad ofrecidas por la entidad bancaria demandada en 2022, cuando el hecho ocurrió en 2008, por lo que mal puede tenerse en cuenta dicha probanza al efecto.

La sentencia de Cámara

Los camaristas Javier Rodiño y Carlos Igoldi explicaron que, tratándose de un factor de atribución objetivo, la responsabilidad de los legitimados pasivos debía evaluarse con apego a la causal de exoneración esgrimida por los mismos, que en el caso lo configura el hecho de un tercero por el cual no debe responder (art. 40 y cctes. de la Ley 24.240).

Por sus características, la contratación que sustenta la relación jurídica sustancial de la causa ingresaba, para los magistrados, en la preceptiva de los arts. 1, 2, 3 y cctes. de la Ley 24.240.

“Al margen de lo dispuesto por el art. 375 del CPCC y el art. 1734 del CCyCom, juega un rol preponderante el principio de colaboración que establece el art. 53 de la Ley 24.240, el cual impone al proveedor un rol activo respecto de la prueba, que si bien no implica sustituir a su contraparte en la acreditación de los presupuestos fácticos, pone sobre el mismo la obligación de aportar al proceso todas las probanzas que pudieran permitir la resolución de la controversia generando una presunción negativa respecto suyo en caso de asumir una deliberada actitud pasiva”, añadieron los camaristas.

La denominada teoría de las cargas probatorias dinámicas, es decir, quien está en mejores condiciones de probar debe hacerlo, principio muy cercano al artículo 53 LDC, que obliga a la cooperación en materia probatoria, agregaron.

Este último artículo señala: “Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio”.

En ese contexto, los magistrados consideraron que “el sustento que ha dado la legitimada pasiva a su defensa no resulta suficiente para eximirla de responsabilidad en los términos de la causal que invoca al efecto”.

Desde su punto de vista, la entidad bancaria se encontraba en mejores condiciones de probar sus dichos, pero se limitó a ofrecer solamente la prueba pericial de ingeniería en seguridad e higiene, la cual fue producida recién el 25 de agosto de 2022 luego de que el perito actuante hiciera una inspección ocular en forma contemporánea a esta última fecha en la entidad bancaria demandada.

Ello, entendieron, desvirtúa cualquier intento de determinar objetivamente si a la data del hecho la sucursal cumplía con las medidas ordenadas por el BCRA, las cuales bien pudieron ser acondicionadas con posterioridad, dado que desde el robo ocurrido hasta la fecha de la experticia pasaron más de catorce años.

Es decir, se observaba un déficit probatorio en torno a la comprobación de la causal de exoneración de responsabilidad invocada por la demandada. Luego añadieron que, en estas situaciones, por principio general, en caso de duda deberá estarse a favor del consumidor.

“Hay responsabilidad de los bancos por los hurtos, robos, y/o perdidas que sufran las cosas puestas en su establecimiento, que se produzcan por obra del personal del banco o de terceros, además de responder por la seguridad e idoneidad del edificio y del ámbito físico bajo su custodia”, entendieron los magistrados para remarcar que la entidad debía responder por los daños y perjuicios ocasionados contra los actores.

Así, revocaron la sentencia apelada y fijaron la indemnización total en $4.580.000 más intereses.

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