I - Introducción

El contrato de asistencia al viajero no cuenta todavía con una ley específica que lo regule. Sin embargo, el hecho de que el viajante contrate un seguro contra los riesgos que puedan presentarse en un país extranjero, del que desconoce su sistema de salud, no es un dato menor a la hora de planificar un viaje. Nos apresuramos a preguntarnos cómo juegan aquí los postulados de la prevención del daño.

En la página web de la Cancillería argentina, bajo el título “Seguro del viajero”, el Estado nacional aconseja contratar -antes del inicio del viaje- un seguro de asistencia integral al viajero mediante una empresa aseguradora que brinde amplia cobertura médica y legal, entre otras prestaciones pertinentes. También recomienda “leer detenidamente la ‘letra chica’ de la póliza de los servicios contratados, ya que, con frecuencia, los seguros de viajero alegan ‘enfermedades pre-existentes’ para negarse a proporcionar la asistencia solicitada o limitar la cobertura”. Efectivamente, y un buen conocedor del estado de la jurisprudencia en la temática lo sabe, esto es lo que sucede frecuentemente en la práctica. De allí que sugiera consultar las diferentes empresas, pedir referencias y consultar todos los detalles de los alcances y exclusiones de la cobertura antes de contratar el servicio.

Creemos que la incertidumbre sobre la naturaleza jurídica del contrato afecta esencialmente la buena fe en las contrataciones y obstaculiza el ejercicio preventivo del daño.

En ese sentido, la discusión sobre si se está ante un contrato de seguros o de servicios no es teórica, pues se torna importante definir las obligaciones y los derechos de las partes.

De allí que un repaso por la jurisprudencia nos muestra cómo los tribunales -a lo largo de los años- se las han ingeniado para fundamentar sentencias favorables al viajero, reconociendo el reintegro de los gastos médicos erogados y admitiendo los daños y perjuicios ocasionados, el daño moral e incluso multas por daños punitivos. Más claro es el panorama entre la doctrina elaborada por los autores, quienes concienzudamente no han dudado a la hora de calificarlo como contrato de seguro.

II - La doctrina de los autores y los proyectos de ley

En efecto, la naturaleza jurídica del contrato no cuenta con consenso. Entre la doctrina de los autores, la reconocida doctora Lilian Beatriz García -especialista en el tema- lo definió como un contrato de consumo, de adhesión y aleatorio. No duda en afirmar que la asistencia integral al viajero es un contrato de seguros tutelado por las leyes 17418 y 20091, ya que “las obligaciones, cargas y derechos que surgen del contrato que emite la empresa prestadora del servicio son más que similares, iguales a cualquier póliza de seguros” -con la salvedad de que carece del necesario control del Estado-. Por eso, propone la necesidad de obtener el control del Estado por parte del organismo correspondiente a esta materia, como es la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Expresa que la estructura y los términos utilizados en el “voucher” son similares a cualquier póliza de seguros, contemplando dentro del contrato las condiciones generales y particulares. También refiere que la falta de control por parte del Estado a través de la autoridad de control (Superintendencia de Seguros de la Nación) no implica que el contrato no sea considerado un contrato de seguros, generando enorme preocupación que el mismo no esté bajo la tutela de la ley 20091. La misma establece que la autoridad de control incluirá en el régimen de esta ley a quienes realicen operaciones asimilables al seguro cuando su naturaleza o alcance lo justifiquen (art. 3, L. 20091). Opinaba la autora que ya era hora de analizar su inclusión, más considerando los reclamos que aparecen y llegan a la justicia.

Sin embargo, un fallo más remoto, dictado en autos “Suarez, Nélida c/Assist Card s/Ord.” (2000), contraría tal encuadre, pues allí la Cámara Nacional en lo Comercial (Sala E) concluyó que era “erróneo calificar como contrato de seguro a un plan de asistencia al viajero, toda vez que la entidad administradora no reviste la calidad de aseguradora ni las obligaciones asumidas por ella encajan en la perceptiva de la ley 17418”.

A nivel internacional, una interesante y extensa tesis doctoral demuestra fundadamente por qué las relaciones jurídicas derivadas del contrato de asistencia cumplen los requisitos técnicos para ser considerados operaciones de seguro (con elementos del seguro de personas y de daños).

Dice la doctora Pérez Albuquerque que, si bien la asistencia no nace como seguro, sino como contrato de servicios, el origen de la institución no puede condicionar su naturaleza jurídica. Señala que, en el contrato de asistencia al viajero, el asegurador también asume obligaciones de dar, pues la ayuda material a la que se compromete puede revestir la forma de prestación de servicios, o bien económica. Recuerda -además- que no todo seguro es reembolso de gastos, ya que existen otras figuras asegurativas en las que el asegurador se obliga a un servicio y respecto del cual no se pone en duda su asegurabilidad (pone el ejemplo del seguro de defensa jurídica, de asistencia sanitaria, seguro de enterramiento, etc.). En suma, la asistencia en viaje sería asegurable porque concurren todos los elementos esenciales del contrato de seguro: asegurador, asegurado, riesgo y prima.

Por otra parte, hemos hallado un proyecto de ley -ya caduco- de la Cámara de Senadores de la Nación titulado “Marco regulatorio del servicio de asistencia al viajero”. El mismo propone regular la figura ante la experiencia de situaciones abusivas, para que la actividad se realice como el resto de la actividad de cobertura de riesgos, respetando las ecuaciones entre asegurador y asegurado, y permitiendo el acceso a servicios de cobertura con la suficiente información para que los usuarios conozcan el alcance de lo que contratan.

La Cámara de Diputados de la Nación impulsó un proyecto de ley denominado “Marco regulatorio del seguro de asistencia al viajero”, pensado en un contexto pospandemia, con una preocupación especial por los inmigrantes que ingresan al país y su atención en nuestro sistema de salud público.

En su artículo 2 se define al contrato como “aquel servicio cuyo objeto sea brindar al usuario contratante cobertura ante eventos fortuitos en ocasión de viaje que impidieren la continuación del mismo de manera total o supusieren un cambio en las condiciones de aquel”. El artículo 3 establece como contenidos mínimos de prestaciones los gastos de asistencia médica generados por accidente o enfermedad durante su estadía en la República Argentina hasta 10.000 USD y por contagio por COVID-19 hasta 20.000 USD.

Conforme al proyecto de ley, el contrato es obligatorio y sería comercializado por las compañías de seguros, que deberán exponer en su sitio web las condiciones de cada plan de seguro de viaje, mecanismos para efectuar reportes de contingencias y cualquier otra información relevante. En cuanto a las autoridades de aplicación, se cuenta a la Superintendencia de Seguros de la Nación y a la Secretaría de Migraciones.

También, en el marco de la II Jornada Anual de Turismo y Salud (2019), el defensor del pueblo adjunto, a cargo de la Defensoría del Turista, abrió el encuentro centrado en la asistencia al viajero y el seguro de viaje.

La jornada se llevó a cabo en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal con el fin de informar al viajero sobre la diferencia entre el producto de asistencia al viajero y el seguro de viaje, sus coberturas, enfermedades preexistentes y concientizar sobre la necesidad de que cada viajero conozca previamente el producto que contrate. Así, los expositores se explayaron sobre la multiplicidad de casos que se han recibido solicitando ayuda, información o asesoramiento.

El director nacional de Defensa al Consumidor de la República Argentina se explayó específicamente sobre el fragmento de la ley de defensa al consumidor que regula la existencia de cláusulas abusivas en los contratos unilaterales. Se señaló la importancia de la sanción de una ley que establezca su marco regulatorio.

Se recomendó a todos aquellos que viajen siendo conscientes de la preexistencia de alguna enfermedad que lleven un certificado médico en el que se indique la enfermedad preexistente que les afecta, su grupo sanguíneo y qué medicación deben tomar en caso de cualquier eventualidad.

Además:

III - El ABC en materia de deber de información al viajero
IV - Estado de la jurisprudencia
V - Fundamentos sobre la condena solidaria
VI - Conclusión

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El deber de información en el contrato de asistencia al viajero