La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial consideró que correspondía sancionar por daño punitivo a la empresa demandada ya que había incumplido un acuerdo de mediación.

En el caso “Organización de Servicios Empresariales S.A. c/ Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados s/Ejecutivo”, la actora, tras celebrar un acuerdo de pago en mediación obligatoria con la demandada, debió promover su ejecución ante el incumplimiento de la empresa.

El juzgado de primera instancia hizo lugar a la ejecución y aplicó dos sanciones a la demandada: la multa prevista en el artículo 26 de la Ley 26.589 sobre Mediación y Conciliación y la sanción por daño punitivo conforme el artículo 52 bis de la LDC. Esta última, por $15.000.000.

Ambas partes apelaron la resolución: la demandada cuestionó tanto la procedencia como el monto de las sanciones, mientras que la actora consideró insuficiente la suma fijada en concepto de daño punitivo.

La Fiscalía General, en su dictamen, aconsejó confirmar la aplicación de la multa por daño punitivo y revisar su cuantía para asegurar su función disuasoria.

Las camaristas Matilde Ballerini y Alejandra Noemí Tevez remarcaron que la finalidad de la sanción prevista en el artículo 26 de la Ley 26.589 no es examinar la conducta procesal de la parte demandada, sino “sancionar el incumplimiento incurrido frente al compromiso asumido en la instancia de mediación”.

Destacaron que la demandada, “ninguna explicación razonable brindó acerca de las razones por las que incumplió el acuerdo de pago que asumió en mediación para resistir la multa que en los términos del art. 26 de la ley 26.589 fue demandada, todo lo cual exigía de su parte demostrar la sinrazón del reclamo de su contendiente (art.356 CPCC); por el contrario, reconoció su mora, practicó liquidación y dio en pago lo debido”.

Las magistradas también señalaron que el monto fijado en primera instancia no superaba el máximo legal y resultaba proporcional al proceder reprochado, aunque la demandada intentó “restar gravedad a su propia conducta”.

Daño punitivo: procedencia y naturaleza

Respecto al daño punitivo, la Sala C sostuvo que su aplicación es compatible con el trámite de ejecución de acuerdos de mediación, y que los artículos 8 bis y 52 bis de la LDC “no prevén su andamiaje dentro de un proceso o trámite específico sino que solo demandan la petición del interesado”.

Así, una interpretación restrictiva resultaría “antifuncional por derogatoria de una prerrogativa expresamente concedida al consumidor y que concreta en el plano infraconstitucional la amplia garantía consagrada en el art. 42 de la Carta Magna”.

El fallo cita textualmente el artículo 52 bis de la LDC, que habilita al juez a aplicar una multa civil al proveedor que incumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, graduada “en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan”.

La Cámara recordó que la concesión de daños punitivos requiere:

i) el incumplimiento por parte del proveedor de sus obligaciones legales o contractuales;

ii) la petición del damnificado;

iii) la atribución del magistrado para decidir su otorgamiento;

iv) la concesión en beneficio del consumidor; y

v) el límite cuantitativo determinado por el art. 47 de la ley 24.240.

Pero advirtieron que “el incumplimiento de una obligación legal o contractual es una condición necesaria pero no suficiente para imponer la condena punitiva, a la que, además, debe mediar culpa grave o dolo del sancionado, la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o evidenciarse un grave menosprecio por los derechos individuales del consumidor o de incidencia colectiva”.

El procedencia y graduación de las sanciones

Las magistradas también explicaron que, para graduar la sanción, correspondía aplicar analógicamente los criterios del artículo 49 de la LDC, considerando el perjuicio al consumidor, la posición en el mercado del infractor, el beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o perjuicios sociales, la reincidencia y demás circunstancias relevantes.

La sentencia fue especialmente crítica respecto de la actitud de Volkswagen S.A. de Ahorro, que “se ha mostrado indiferente al reclamo, intentando minimizar su significancia”. Si bien la empresa negó haber actuado con dolo o desaprensión, reconoció haber incurrido en mora de al menos cuatro meses, atribuyéndolo a “cierta complejidad en la gestión de pago que no es dable aceptar de una empresa de su magnitud ni en los tiempos que corren”.

La Cámara consideró que esta desatención del compromiso asumido en mediación configuró un “obrar antijurídico (arts. 1717 y 1724 CCYCN) contrario al principio de buena fe (art. 9 CCYCN) y la morosidad en la que incurrió solo puede atribuirse a un obrar culposo”. Además, se destacó que no se trató de un hecho aislado, sino que existían “otras causas iniciadas contra la misma demandada que exhibían que tal conducta no resultó aislada sino que -por lo menos- se había reiterado en varias oportunidades, todo lo que trasuntaba un notorio desinterés y desaprensión hacia el consumidor, que encuadra dentro de la casuística contemplada por el LDC 8 bis”.

La función disuasiva del daño punitivo

Al analizar la cuantía de la multa por daño punitivo, las camaristas ponderaron que su función es “desalentar la repetición de conductas como la que se impugna”, y no otorgar una compensación extra al consumidor. Si bien la suma original de $15.000.000 no superaba el máximo legal, se consideró “excesiva si se tiene en consideración que ante un caso análogo al presente... la Sala fijó, en los términos del art.165 CPCC, un valor sustancialmente menor frente a un incumplimiento similar, incluso ponderando en esa ocasión otros incumplimientos previos”.

En consecuencia, resolvieron “fijar la multa en la suma de $1.500.000, que se verá incrementada, en su caso, por los intereses fijados en la sentencia y que no han sido objetados”.

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