El Gobierno nacional formalizó la eliminación del sistema de control estatal sobre los aranceles de los colegios privados al publicar el Decreto N° 787/2025 en el Boletín Oficial, que deroga íntegramente el Decreto N° 2417/1993.

Esta derogación pone fin a un régimen que rigió por más de tres décadas, obligando a los institutos de enseñanza de gestión privada a informar con antelación el costo de sus cuotas y matrículas, y a requerir la autorización previa de la autoridad de aplicación para cualquier modificación de precios.

Los fundamentos de la derogación

El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) justificó la medida en la necesidad de adecuar el marco normativo al actual esquema federal de competencias y promover un entorno de libre contratación y competencia leal.

Entre los argumentos esgrimidos en los considerandos del Decreto 787/2025, se destacan:

-Desactualización normativa: se argumenta que la normativa derogada respondía a un contexto en el que la administración educativa dependía del Gobierno Nacional. Con la transferencia de los servicios educativos a las provincias (Ley N° 24.049), la regulación nacional quedó desfasada respecto a la jurisdicción que ahora corresponde a las administraciones locales.

-Rigidez y distorsiones: El PEN sostuvo que la obligatoriedad de solicitar autorización previa para los aumentos generaba limitaciones que dificultaban a las instituciones adaptarse a las realidades económicas del país (inflación y costos operativos).

-Efectos contraproducentes: El Gobierno indicó que el sistema anterior producía efectos no deseados, como la tendencia de los colegios a fijar aranceles más altos de lo necesario al inicio del ciclo lectivo, para prever futuros aumentos de costos que el control estatal podía demorar o limitar, perjudicando en última instancia a las familias.

El impacto práctico: desregulación y competencia

A partir de la entrada en vigencia del nuevo decreto, los establecimientos de educación privada ya no están obligados a informar ni solicitar autorización al Estado nacional para establecer o modificar el valor de sus cuotas y matrículas.

El objetivo oficial es que los institutos educativos tengan la libertad de definir sus políticas de precios y compensaciones en función de sus estructuras de costos y de las demandas del mercado, en un marco de competencia leal.

Aspecto jurisdiccional

Es importante destacar que, si bien la medida nacional implica una desregulación a nivel federal, las provincias que poseen y ejercen plena competencia regulatoria propia sobre los aranceles de las escuelas privadas (a través de sus organismos de enseñanza privada) podrían mantener la supervisión de precios bajo su legislación local, tal como lo manifestaron algunas jurisdicciones.

Además de derogar el Decreto N° 2417/1993, el Decreto 787/2025 también instruye al Ministerio de Capital Humano a revisar las pautas contenidas en el Decreto N° 2542/1991, que establece el sistema de financiamiento y aportes estatales a la educación de gestión privada.

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