En el caso “NN s/homologación de convenio”, una mujer denunció que, durante el período comprendido entre agosto de 2019 y mayo de 2021, su expareja y padre de su hijo pagaba una cuota alimentaria inferior a la que le correspondía, ya que se comprobó que los recibos de haberes que había presentado eran apócrifos y no se correspondían con sus reales ingresos.

El hecho fue advertido cuando la empresa empleadora remitió los recibos al juzgado, por lo que la madre del niño presentó una nueva planilla de liquidación para el pago de la obligación.

La mujer señaló que “jamás había pensado que el padre de su hijo podía llegar a defraudar la confianza de ella de esa manera y menos aún, que podría actuar en detrimento de los derechos alimentarios del menor; pero lo hizo” y remarcó que, si bien se aprobó la liquidación, lo hizo sobre la base de documentación espuria y viciando su voluntad.

El juez Jorge Benatti consideró que la conducta del hombre vulneró el derecho de la mujer a una vida sin violencia.

“La conducta del demandado vulneró el derecho de la actora a una vida sin violencia conforme el art. 3 de la Ley 26.485, toda vez que abonando una cuota alimentaria inferior a la que hubiera correspondido y en base a recibos de haberes apócrifos, ha ejercido violencia económica y patrimonial hacia la misma”, explicó.

“Es que si la violencia económica debe ser entendida como aquella serie de mecanismos de control y vigilancia sobre el comportamiento de las mujeres en su relación con el uso y la distribución del dinero, junto con la amenaza constante de no proveer recursos económicos, la no satisfacción del pago de la cuota alimentaria debida a los niños cuyo cuidado se encuentra a cargo de la progenitora supone la muestra más patente del poder que se establece entre las mujeres y los hombres porque ‘queda en manos de estos últimos un poder acompañado de la sumisión o subordinación de las mujeres’”, remarcó.

“Tal situación me convence de la necesidad de adoptar la medida pertinente enmarcando y analizando la conducta desplegada por el alimentante desde la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, Cedaw, y Convención de Belém do Pará y de lo dispuesto por la ley 26485 de violencia de género, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y la Ley Provincial 4241”, agregó.

Asimismo, entendió que “el incumplimiento alimentario en sus distintas variables constituye un modo particularmente insidioso de violencia de género en la familia, pues ocasiona un deterioro de la situación socio económica de la mujer que repercute negativamente al limitar los recursos destinados a satisfacer las necesidades que deben cubrirse y la priva de los medios imprescindibles para afrontar la vida con dignidad”.

'La prestación alimentaria no es una simple obligación dineraria, no es un impuesto ni un tributo cuyo pago debe satisfacerse a disgusto, sino el cumplimiento de uno de los principios básicos del derecho de familia, el principio de solidaridad', agregó el juez.

El juez tuvo en cuenta además que el demandado no desconoció que había mentido sobre sus reales ingresos, ni que abonó importes inferiores a los acordados y destacó que “el alimentante tenía la obligación de aportar los recibos fidedignos para el cálculo, pues, la carga de la prueba recae en la persona quien esté en mejores condiciones de probar (art. 710 CPCyCN; arts. 59 y 60 del CPF)”.

Es decir, en lugar de consentir la planilla, debió corregir su conducta fraudulenta e informar sus reales ingresos para efectuar el cálculo correcto.

Por lo expuesto, entendió que el alimentante no puede oponerse al progreso del reclamo alimentario, amparado en que la primera planilla se encuentra “consentida” por la contraparte basado en “la teoría de los actos propios” cuando resulta manifiesto que el error del cálculo de la primera planilla tuvo su causa origen en los recibos de haberes acercados por él y que luego se comprobaron que eran apócrifos.

“Todo esto se podría haber evitado si el alimentante -en cumplimiento de los deberes procesales que rigen el derecho de familia antes mencionado- hubiera prestado la debida y necesaria colaboración contribuyendo al correcto desarrollo del proceso, arrimando sus verdaderos recibos de haberes y/o manifestado cuáles fueron sus reales ingresos a fin de realizar la correcta valoración de las circunstancias del caso y el cálculo de la cuota alimentaria en los períodos reclamados, todo lo cual no sucedió, ni al momento de sustanciarse la primera planilla practicada, ni en oportunidad de sustanciarse la segunda”, concluyó el juez.

De esta manera, le ordenó la realización de un abordaje psicoterapéutico destinado a revertir su conducta violenta, con especial abordaje de los hechos y actos que constituyen violencia económica y/o patrimonial hacia la mujer y deberá acreditar su inicio en el término de cinco días, y oportunamente la terminación del mismo con su resultado favorable.

Para el caso que incumpla con ello, deberá pagar una multa equivalente a cinco salarios mínimos, vitales y móviles.

En el artículo “La negación de alimentos como un supuesto de violencia económica”, publicado en Temas de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética, Diego Ortiz señaló que “el tema del incumplimiento alimentario como una situación de violencia económica no solo debe analizarse desde el punto de vista del niño, niña y adolescente a los que se le han limitado los recursos materiales, sino también desde el punto de vista de la madre que asume exclusivamente el rol de alimentante, dada la ausencia del otro progenitor”.

“Cuando el incumplimiento de los deberes de asistencia (ya sea entre cónyuges o entre padres e hijos/as) se verifica en este tipo de contextos, en los que se vislumbra una relación desigual de poder entre las partes, el caso debe ser analizado como una manifestación de tipo de violencia económica”, remarcó.

“La reticencia de los varones a suministrar los medios materiales para el desarrollo de la vida de las mujeres y/o de sus hijos/as puede tener en estos supuestos el objetivo, muchas veces solapado, de hacer perdurar ese vínculo de subordinación en el que ellos ejercen el poder de manera violenta sobre los restantes miembros del grupo”, señaló el especialista.

Y agregó que “de la lectura de la ley y el decreto que la reglamenta surgen algunos elementos que permiten dilucidar que la violencia económica en este supuesto no es lo mismo que una demanda alimentaria, sino que se intenta proteger los derechos alimentarios no solo del niño, niña y adolescente sino también los de la madre a la que se le ha limitado o privado de recursos para satisfacer sus necesidades y la de su hijo, o mejor dicho la negación alimentaria del agresor la ha perjudicado de tal manera que la ha puesto como la única responsable de las obligaciones alimentarias con respecto a su hijo”.

“El incumplimiento continuo, deliberado e intencional de las obligaciones alimentarias muchas veces configura situaciones de violencia económica. La continuidad, se refiere a la persistencia en el tiempo, al abandono palmario de las obligaciones alimentarias. Lo deliberado alude a un acto voluntario y con libertad de incumplir con las obligaciones alimentarias. Por último, la intencionalidad, la cual trata del ánimo de incumplir, a pesar de saber que se debe cumplir”, concluyó.

Fuente: Erreius

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