La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó por arbitraria una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil porque dejó sin efecto la actualización semestral de la cuota alimentaria fijada, con sustento en que ello violaba la prohibición de indexar deudasprevista por la ley 23.928, y no fijó un mecanismo alternativo, lo que forzaba ala actora a iniciar periódicamente nuevos incidentes y a probar, en cada caso,que la prestación devino insuficiente.

En el caso “G., S. M. y otro c/ K., M. E. A. s/ alimentos”,el juez de primera instancia hizo lugar a la demanda y condenó al demandado a abonarla suma de $ 20.000 más todos los gastos relacionados con la escolaridad de su hija y dispuso que la cuota alimentaria se actualizara “conforme el costo de vida”, cada seis meses.

Para esa determinación, el magistrado tuvo en cuenta que los gastos mensuales para la manutención de la niña presentados por la madre de la menor (habitación, subsistencia, vestuario, asistencia médica, movilidad,etc.), ascendían junto con la cuota del colegio, en noviembre de 2017, a$42.000. La decisión fue apelada por el demandado.

El fallo de la Cámara y la apelación de la actora

La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civilmodificó la decisión y redujo el importe de la cuota mensual a $17.000. Además,dejó sin efecto su actualización semestral con sustento en que esa pauta violala prohibición de indexar deudas prevista por la ley 23.928, cuya aplicaciónestimó obligatoria para los jueces por tratarse de normativa de orden público

Además, afirmó que ello no obsta a que la alimentada reclameel aumento de la cuota por la vía correspondiente, si ésta devieneinsuficiente.

Contra esa decisión, la actora dedujo recurso extraordinariofederal, que fue denegado, lo que dio origen a la queja.

Señaló que la Cámara vulneró el principio de congruencia ylas garantías de defensa en juicio y debido proceso al dejar sin efecto laorden de actualización de la cuota alimentaria, pues ello no había sido motivode agravio.

Agregó que, en todo caso, la alzada debió disponer otro mecanismo para asegurar la movilidad de la prestación y garantizar así la supervivencia y desarrollo de la niña, por cuanto a raíz del contextoinflacionario vigente y durante el tiempo que lleve la tramitación del juiciorespectivo, la menor verá limitado el acceso inmediato a derechos básicos comoalimentación, salud y vestimenta.

Por otra parte, planteó la inconstitucionalidad de losartículos 7 y 10 de la ley 23.928, la ley 25.561 y sus prórrogas en tantoimposibilitan el pleno ejercicio de los derechos convencionales de niños, niñas y adolescentes (arts. 3; 12, inc. 2; y 40, inc. 2, de la Convención sobre losDerechos del Niño; art. 75 inc. 22, CN), al impedir que el instituto jurídicode los alimentos cumpla con el fin de satisfacer las necesidades de la menor,de tres años de edad.

La opinión del Procurador Fiscal

El Procurador Fiscal, Victor Abramovich, consideró que lasentencia recurrida, “al eludir el análisis relativo a la aplicación de unmecanismo destinado a preservar en el tiempo el valor adquisitivo de la cuotaalimentaria fijada, sin que ello importe una actualización monetaria,indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas en lostérminos de la citada ley 23.928, omitió brindar suficiente respuesta al planteo de la actora y adoptó una interpretación de las normas civiles en juego quedesatiende su finalidad y afecta los derechos fundamentales de la niña”.

Al respecto, en función del contexto inflacionario imperante en nuestro país, remarcó que durante los últimos años se ha procurado enconvenios y sentencias la conservación del valor real de la cuota de alimentos.

“El proceso incidental regulado por la norma civil adjetivapara el trámite de una petición de aumento, disminución, cesación ocoparticipación en los alimentos, que se tramita en la misma causa porexpedientes separados, admite producción de prueba y se resuelve mediante unasentencia interlocutoria recurrible en apelación (arts. 175, 181, 182, 183,184, 242 y 650, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), sólo tienesentido ante un cambio de la situación económica o de ingresos del deudor o delbeneficiario, pero no es la vía idónea para preservar la integridad de la cuotaalimentaria frente a los efectos degradantes de la inflación”, explicó.

En ese contexto, sostuvo que “como consecuencia de la pérdida del valor adquisitivo del peso, es razonable prever que las sumasnominales pactadas o fijadas judicialmente, por plazo indeterminado, resultaránprontamente insuficientes para atender las necesidades del alimentado debido a las sucesivas alzas de precios en los bienes y servicios”.

En este caso, destacó que “el tribunal de alzada no ponderóque al dejar sin efecto la actualización semestral conforme el costo de vida,sin fijar un mecanismo alternativo, disminuía al ritmo del procesoinflacionario el valor económico de la prestación alimentaria”.

Así, desde su punto de vista, resultaba arbitraria ladecisión pues la prohibición de indexación de la ley 23.928 sin explorarremedios alternativos adecuados a la situación de especial vulnerabilidad de laniña, dirigidos a preservar en el tiempo la significación económica de lacondena alimentaria.

“Exigir a la alimentada la tramitación periódica de nuevos procesos judiciales para obtener el aumento de la cuota cada vez que sedeprecie su valor vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y losprincipios de celeridad y economía procesal que deben gobernar los procesos queconciernen a la protección de los derechos de personas menores de edad”, concluyóal hacer lugar al planteo de la actora.

El fallo de la Corte Suprema

Luego el voto mayoritario de la Corte Suprema, compuesta porHoracio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti consideró que los agravios del apelante fueron adecuadamente tratados en el dictamen del Procurador Fiscal y remitieron a él por razón de brevedad.

De esta manera, declararon procedente la queja, admisible elrecurso extraordinario y dejaron sin efecto el pronunciamiento recurrido yordenaron que el tribunal de origen dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo alo resuelto.

En tanto, el juez Carlos Rosenkrantz adhirió a losfundamentos principales y sobre la actualización de la cuota remitió a lo indicadoen el precedente Milantic Trans S.A.

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