La Sala D de la Cámara Nacional Comercial, en los autos “Alfano, Virginia Alejandra c/Fideicomiso Inmobiliario Lebreton 5129 s/liquidación judicial” confirma la resolución de primera instancia que desestimó la petición de la actora en carácter de fiduciaria y por su propio derecho tendiente a que se decrete la liquidación judicial de un contrato de fideicomiso al considerar que los únicos elementos documentales traídos a juicio no resultan idóneos para acreditar la insuficiencia del patrimonio fideicomitido, luciendo prematura la apertura de un trámite de liquidación.

Legislación aplicable

El contrato de fideicomiso fue celebrado antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, por lo que el Tribunal determina en primer lugar la ley aplicable al caso.

En este caso, la Sala D considera que corresponde aplicar la normativa vigente toda vez que debe tener aplicación el efecto “inmediato” de la nueva ley previsto en el artículo 7 del CCyCo. y las normas que regulan cuestiones procesales son igualmente de aplicación inmediata.

Insuficiencia patrimonial

En este aspecto el Tribunal considera que el trámite judicial de liquidación resulta indefectible si se configura la “insuficiencia” patrimonial a la que se refiere el artículo 1687 del CCyCo.

El artículo 1687 dispone “Los bienes del fiduciario no responden por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que sólo son satisfechas con los bienes fideicomitidos. Tampoco responden por esas obligaciones el fiduciante, el beneficiario ni el fideicomisario, excepto compromiso expreso de éstos. Lo dispuesto en este artículo no impide la responsabilidad del fiduciario por aplicación de los principios generales, si así corresponde. La insuficiencia de los bienes fideicomitidos para atender a esas obligaciones, no da lugar a la declaración de su quiebra. En tal supuesto y a falta de otros recursos provistos por el fiduciante o el beneficiario según previsiones contractuales, procede su liquidación, la que está a cargo del juez competente, quien debe fijar el procedimiento sobre la base de las normas previstas para concursos y quiebras, en lo que sea pertinente.”

Esa pauta de liquidación judicial del patrimonio fideicomitido, es de orden público y, por tanto, ninguna asamblea puede convertirse en un poder supracontractual o supralegal que, sin sostén en una ley, le confiera el poder de desplazar la aplicación de una disposición imperativa.

Por lógica derivación, dado que la autonomía de la voluntad de las partes del contrato no puede ser invocada para concretar la liquidación extrajudicial de un patrimonio fideicomitido “insuficiente”, para la recta solución de la cuestión recursiva resultará dirimente establecer si tal presupuesto objetivo fue acreditado. Y en ese aspecto es que el Tribunal considera que los elementos aportados al juicio –boleto de compraventa y contrato de fideicomiso- no resultan idóneos para acreditar la insuficiencia del patrimonio fideicomitido, de modo tal que en esas condiciones la apertura del trámite de liquidación luce prematura.

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